Venezuela: un pacto a favor de la criminalidad

El proceso socio-histórico venezolano se puede entender desde diferentes ángulos. Uno de ellos nos sirve para señalar que el país se traduce también en la construcción de las condiciones para garantizar la impunidad de los sectores políticos y económicos, con la transformación de Venezuela en una sociedad criminógena, propensa al delito abundante, con bajas probabilidades de castigo. Al referirnos a la impunidad, se quiere expresar que entre nosotros, las élites (pero también los estratos medios y aún, parte de la dirigencia de los sectores populares), pueden contar (con mayores o menores posibilidades de éxito según los casos), con un salvoconducto para delinquir (incurrir en peculado o nepotismo, la adjudicación fraudulenta de divisas, financiar al partido con fondos públicos, el trajín con bonos del Estado, el incumplimiento de una obra o el sicariato sindical). Este marco general de impunidad ha estado presente antes del petróleo, y con el petróleo, en gobiernos civiles o militares, en medios políticos conservadores, populistas o de izquierda, desde la Administración del Estado como de los partidos y organizaciones sociales. Puede decirse que la impunidad corresponde a uno de los factores que ha colonizado el país, que le ha dado cohesión, desde sus inicios como república hasta la actualidad, a la vez que lo disgrega y lo pervierte.

Una de las mejores formas de definirnos es la de que Venezuela es, desde finales de la guerra de independencia hasta la democracia, una sociedad de cómplices. Ni la autoridad pública, ni el mercado, ni la lucha social, han conseguido constituirse en principio regulador del orden económico, político y cultural, para hacer posible la reproducción ampliada y solvente del sistema social. Esa posibilidad se ha delegado en la formalidad del Derecho, que como una ficción oportunista sostiene-en cierto sentido- la quimera de que somos una sociedad atolondrada, extraviada pero respetable. Los perfiles contemporáneos de esa regulación formal e ilusoria, fundada en la instrumentalización de la Constitución y las leyes con fines impropios, adquieren, con el advenimiento del petróleo, toda su fuerza, al convertirse esa riqueza nacional en el factor estabilizador por excelencia de la ficción.

La clase política venezolana aliada a los hombres de negocios (parte importante de los cuales tienen su origen en la renta petrolera misma), y a otros sectores, como los dueños de medios y la dirigencia sindical y social oficialista de las últimas décadas (esta última constituida como clientela organizada), constituyó con la democracia una hegemonía real, para lo cual se utilizó a la riqueza del petróleo en la modernización del país, lo que se tradujo a su vez en legitimidad y consenso social. El premio de esa coalición de factores sociopolíticos, fue el acceso a los beneficios del Estado como botín de guerra. Lo que ocurría, simultáneamente, con la conformación de un cuerpo de leyes minucioso, avanzado, que se avenía con una institucionalidad cínica, de facto, porosa, contraparte formal y "decente", del aprovechamiento lícito e ilícito de esa riqueza, que buena parte la sociedad hacía. De esa manera, la clase política construyó el vínculo de la complicidad junto a todos sus aliados, en los estratos altos, medios y bajos. Creó así los medios para salvarse a sí misma del castigo de las leyes que ella había construido, al costo de sacrificar al resto de la población (carente de padrinos), condenada a vivir en medio de la zozobra creciente de los efectos perniciosos del delito.

Quedaba claro que la impunidad, en el marco de la democracia, adoptaría la forma de un acceso "participativo" e "igualitario" a la posibilidad de incurrir en el delito con niveles mínimos de riesgo. La expresión común, "roban pero deja robar", resumía la manera en que la democracia se solidificó entre nosotros en el curso de décadas, en la medida que el salvoconducto para delinquir podía ser accesible a personas de diferentes estratos sociales; con la excepción de aquellos que se encontraran, sin "contactos", hundidos en la pobreza, o de quienes por convicciones personales preferían llevar a todo trance una vida honesta. Con esa licencia se podía comprar la "justicia", tal como si fuera un servicio privado, o acceder a ella en función del acuerdo de incondicionalidad a la casta gobernante. La "libertad" pasó a ser un bien que para los sectores del pacto nunca se ponía en peligro, o bien, si se perdía, podía recuperarse, si se contaba con recursos, "relaciones", y se actuaba con sigilo, al seguir los procedimientos paralelos establecidos como un secreto a voces para evitar la cárcel. La impunidad se gestaba arriba pero se filtraba hacia abajo, constituyendo una gobernabilidad criminal en el centro mismo del sistema político. De esa manera la democracia degeneró en su esencia al transformarse en la posibilidad cierta de evitar la sanción, para todo aquel que aceptase la invitación franca, abierta, sin complejos, que el sistema formula-garantías incluidas de antemano- a vivir de fechorías.

Por otra parte, el destino de la renta petrolera, que fluía en diversas direcciones, a lo largo y ancho del espectro de clases, garantizó que el tránsito a la modernización urbana (nuestra auténtica siembra del petróleo) fuese, en comparación con otros países de América Latina, suave y pacífico, en la medida que la renta actuó como lubricante para inhibir la lucha social. Se liquidó así durante décadas- aún hasta hoy- la posibilidad de estructuración de movimientos sociales fuertes y autónomos, los únicos que-al lado de una izquierda intraficable- hubieran podido contrarrestar el sistema impunitario. La sociedad quedó desguarnecida ante el abuso. Razón de más para hacer factible que los eslabones de la impunidad (el liderazgo político, algunos intelectuales, sectores poderosos de la economía, dirigentes sindicales, jueces, policías y militares), lograran reinar en el sistema, casi sin oposición.

Con el modelo económico fundado en el petróleo se impuso en el país (entre las élites, parte de los sectores medios y populares), la cultura de la mentalidad rentista, caracterizada por una "ambición de riqueza" no asociada al trabajo pero si a la picardía, como llave que abre todas las puertas. Basada en la creencia (en parte verdad y en parte exagerada), de que en el sistema hay siempre recovecos por donde colarse para hacer fortuna fácil (o al menos conseguir un empleo o una prebenda).

Hoy en día, encontrándonos en una crisis profunda, en la que la renta petrolera se ha desplomado (no sirve más para la reproducción sostenida de la economía y del Estado), la ficción del Derecho como coartada de la impunidad se hace evidente. El pacto de la casta, en medio de un sistema político profundamente autoritario, tiene como una de sus expresiones una ausencia total de la capacidad de actuar sobre la violencia y el delito, al que mucho tiempo se dejó correr libremente. La impunidad aún se impone, es más, sigue siendo la llave para usufructuar lo que queda de renta disponible, pero ya no es capaz de garantizar el consenso y la paz social. Ruedan las máscaras y los venezolanos estamos expuestos, con pocas probabilidades de defensa y protección, ante una ola criminal como nunca antes vista: una tasa de homicidios de la más altas del mundo, el surgimiento de megabandas delictuales con amplia implantación territorial, la posesión de armamento militar por los grupos criminales, la megaestafa a la nación de 250 mil millones dólares a través del sistema oficial de adjudicación de divisas por el contubernio de funcionarios del Estado y empresarios (y con la participación incluso, en algunos momentos, de ciudadanos de sectores sociales más modestos como coautores de micro estafas con los dólares baratos). Y es que, en las actuales circunstancias, el pacto en democracia a favor de la criminalidad no alcanza para encausar la anomia generalizada del sistema.

Diciembre 2016



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Equipo de Violencia y Seguridad - Marea Socialista

Organización política venezolana de izquierda, de orientación marxista-leninista-trotskysta, con ancestros partidarios desde los años 70 del Siglo XX. Procede de una corriente crítica, fundamentalmente obrera, que participó en el PSUV en los tiempos de Hugo Chávez y se desprendió en 2014 en ruptura franca con el gobierno de Nicolás Maduro. También se enfrenta a la derecha opositora y al autoproclamado "presidente" Guaidó. Se articula internacionalmente con la Liga Internacional Socialista (LIS-ISL IV Internacional). Una de sus principales consignas distintivas es: "¡Ni burocracia, ni capital!" Su Web es: www.mareasocialista.org

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