Una cosa son los acuerdos políticos a los que lleguen lo que queda de la MUD y el gobierno revolucionario en las Mesas de Diálogo y la Verdad. Pero, otra cosa son las instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR), las que deben ser garantes del estado social de justicia y de derecho, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos difusos o de carácter general, que están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), lo que significa que si éstos son violentados y cualquier acto va contra la CRBV, se estaría en presencia de un Golpe de Estado, de manera progresiva o de facto, indiferentemente de que sea fallido o sea logrado.
Resulta que en el caso de la mayoría que fue electa y juramentada como diputados a la Asamblea Nacional (AN), la misma entró en violación flagrante y abierta de la CRBV, además de avisar sus acciones inconstitucionales contra el Presidente de la República Nicolás Maduro, desacato a la CRBV y al TSJ, hasta la contumacia que se ha mantenido en el tiempo, desde el mismo día en que se instaló el pasado cinco de enero del año dos mil dieciséis (05/01/2016), lo que, de suyo constituye la autodisolución de la AN, al estar al margen de la CRBV y de las leyes, de manera flagrante y abierta, lo que obliga a que el TSJ, como Poder constituido y dadas sus facultades, declare la autodisolución de la AN, por cuanto la mayoría calificada opositora incurrió o materializó dichos delitos que no son abstractos e instruya al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que en un lapso perentorio, se convoque a nuevas elecciones para el caso de los diputados principales y sus respectivos suplentes incursos en tales delitos, para que se continúe el período de esta Asamblea Nacional, mientras que los diputados que no incurrieron en tales hechos están -por derecho y en respeto a los electores- en sus plenas facultades como parlamentarios, mientras que la Fiscal General de la República, de manera directa o delegada está obligada a constituirse como acusadora y representante de los ciudadanos en cuanto al derecho que nos asiste de preservar las instituciones del Estado y a tener una AN ceñida a la CRBV y al resto de las leyes. Es decir, ni el TSJ, ni la FGR pueden pasar agachados con tales delitos en progreso, que además, son públicos y notorios.
Ahora, resulta que el inefable Henry Ramos Allup y su camarilla de delincuentes, a cuenta de los acuerdos de las Mesas del diálogo están jugando a hacer una retirada pa`lante, mientras lavan sus delitos, haciéndose los locos y pretendiendo amnesia, con aquello de caída y mesa limpia, distorsionando lo acordado y comprometido con los acompañantes, entre los que destacan el Secretario General de la UNASUR y el peligroso y muy ladino enviado papal, el nuncio apostólico, Claudio Celli.
Por decirlo en palabras sencillas, la MUD se comprometió en retirar a sus tres militantes ciudadanos que estaban en la AN, ocupando ilegal e irregularmente, unos cargos que no les competen y usurpando funciones. En este sentido, aún cuando se hayan retirado de la AN y desistido a seguir usurpando las funciones que no les son propias, no significa que están exentos de pena, sanción o castigo por tales delitos cometidos deliberadamente, con contumacia, es decir, manteniéndose, de manera empecinada, en tal actitud.
Pero, resulta que esa mayoría parlamentaria en desacato y contumacia, haciendo un show para los medios y el público de galería que CNN y otros ingenuos de medios no palangristas difundieron en los términos que la MUD calculó, en una inválida e ilegal sesión, leyó una carta de estos tres (3) delincuentes, en la que solicitaban desincorporarse del parlamento nacional y dejar sin efecto su juramentación como diputados.
También resulta, que la AN no tenía facultad para juramentarlos como diputados por cuanto había una orden expresa del TSJ, la que el exdiputado Henry Ramos Allup desacató abiertamente, junto con su camarilla golpista de exparlamentarios que secundaron esta locura. Y si ese acto de juramentación, contra la CRBV y las instituciones no tuvo efecto legal, hay que destacar que mal pueden "desincorporarse" unos tipos que usurparon funciones, en donde, legalmente, no son miembros dela AN, al igual que, con la acción de esta camarilla de delincuentes exparlamentarios, no se puede pretender que sus delitos queden automáticamente exculpados, bajo ninguna excusa o maniobra política.
Si se aplicara un olvido y una exención de pena por los delitos cometidos por los exdiputados de la AN y los otros tres delincuentes, ut supra mencionados, bajo el liderazgo y jefatura directa de Henry Ramos Allup, estaríamos frente a una inusitada, loca, injusta y aberrante forma de hacer justicia, lo que haría que tanto el TSJ, como la FGR, se convirtieran en sus cómplices delictuales, por cuanto, no existe en nuestra legislación ningún artículo o considerando que estipule que cuando se cesa en la contumacia del delito, esté también cesa.
Y como lo que es bueno para el pavo, también es bueno para la pava, eso significaría que todas aquellas personas de mala voluntad que hoy estén robando, asesinando o cometiendo cualquier delito, desde el momento en que declaren que dejan de hacerlo, pues también tendrían derecho a ser exentos de toda pena o sanción, sino perdonados y olvidados sus delitos, como pretenden hacer, valiéndose de los acuerdos de las Mesas de Diálogo.
En fin, tenemos que estar alertas e insistir en que el TSJ y la FGR están obligados a actuar en consecuencia y cada día que pasa sin hacer justicia, se le está causando un daño irreversible al Pueblo y si se les ocurriera, tardíamente, hacer justicia, habrán de recordar que toda justicia tardía es una gran injusticia, lo que significaría ponerse del lado del golpe de Estado en progreso que vienen adelantando desde la AN, Ramos Allup y la camarilla de inefables, hasta que, de tanto dar y dar, lo logren, gracias a la inercia y la abulia. Mientras tanto, que sigan las discusiones y se esclarezca la verdad en las Mesas del Diálogo y dejemos que los perros ladren.
