Suspendida la democracia hasta nuevo aviso

Como es sabido, hace unos días cinco tribunales regionales penales, de manera casi simultánea, determinaron la ilegalidad del 1 por ciento de las firmas recabadas a fin de iniciar el proceso de solicitud del referéndum revocatorio presidencial. Las sentencias correspondientes indican que el proceso mencionado se encuentra bajo sospecha, debe ser investigado y, por tanto, sus consecuencias, "por ahora", quedan suspendidas.

Es importante destacar que los impulsores de esas decisiones fueron los gobernadores de los cinco estados: Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas. Además, fueron esos mismos gobernadores quienes primero anunciaron las decisiones adoptadas.

Se trata de sentencias tomadas desde una instancia que no es competente en el ámbito electoral y que, más grave aún, contradicen la decisión del CNE, organismo que validó en su oportunidad las firmas requeridas para que los ciudadanos cumplieran con el requisito fijado en esa etapa del proceso. Cabe recordar que ese requisito se cumplió ampliamente (se requerían 200.000 y se validaron cerca de 400.000). En ningún caso, las supuestas firmas fraudulentas invalidan el cumplimento del requisito exigido.

Por otra parte, tal y como ha sido claramente señalado, se trata de una decisión que penaliza a la MUD y a todos los ciudadanos interesados en que la consulta sea llevada a cabo, aun cuando los delitos que pudieran haber existido son sólo imputables a las personas que los hubiesen cometido.

Sin embargo, a raíz de esta decisión tomada, cabe repetirlo, por tribunales que no son competentes en el área electoral, el CNE decidió, ahora si con celeridad, paralizar el proceso del RR hasta nuevo aviso, dejando sembrada, incluso, la duda de realizarlo en algún tiempo futuro.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que, de nuevo en este caso, se pone en evidencia que los poderes del Estado, en particular el poder judicial y el poder electoral, muestran un sesgo político y apoyan la posición oficial, que es evidente y abiertamente contraria a la realización del RR, según ha sido expresada por varios dirigentes del PSUV, altos funcionarios gubernamentales y, de manera particular, por el propio Presidente Maduro.

El OEV reitera que esta nueva decisión, desconoce las normas constitucionales que garantizan derechos ciudadanos a la participación y al voto como mecanismo para dirimir diferencias, y contribuye entrabar la salida pacífica a la crisis. Por otra parte, plantea una incógnita política en cuanto a la manera de resolverla, poniendo en paréntesis a la democracia.

La vía electoral, y en particular el Referendo Revocatorio, es una opción ampliamente respaldada por los venezolanos, que con esta decisión queda suspendida.



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