El 9 de agosto de 2016, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, respondió lo que la mitad de Venezuela (oposición) quería saber desesperadamente: la fecha para la recolección de firmas del 20% de los electores que quieren convocar a un referendo revocatorio contra el Presidente, siguiendo lo establecido en el artículo 72 constitucional.
La respuesta de Tibisay ha sido: octubre de 2016, tentativamente.
Entonces, a primera vista el RR se podría completar en 2016. Pero, siempre hay un pero...
Según las resoluciones administrativas del CNE año 2007 se debe revisar cada firma, cada huella a través de una verificación profunda; es decir, a este ritmo, es improbable realizar un referendo tan rápido como aquel de 2004 contra Chávez.
Hablando en criollo, los venezolanos nos comeremos las hallacas de diciembre y todavía el CNE estará contando con lupa 4 millones de firmas y huellas. La cuestión se puede estirar hasta 2017, y al hacerse la elección final del RR (en caso de derrota chavista) el puesto de Maduro será ocupado por el Vicepresidente hasta enero 2019.
Lo dije antes y hoy lo repito hoy: Ver video (Globovisión): Jesús Silva: si no impugnan resolución de CNE, referendo es en 2017 https://youtu.be/isddOUYeexE?
La única vía para apurar el RR es que los opositores demanden ante el TSJ la nulidad de esas resoluciones. Mi ética como revolucionario de toda la vida y abogado constitucionalista me obligan a decirle a los enemigos de la revolución, que tienen posibilidades de defender sus intereses dentro de la Constitución y que no necesitan ejercer violencia en las calles como en 2014 (guarimbas asesinas). Me gusta jugar limpio. Esconder los caminos democráticos es una estupidez que incita a hechos de sangre.
Tristemente los el grupo de abogados de la MUD no pudo, no supo, o no quiso impugnar ante el TSJ. No importaba si el TSJ rechazaba la impugnación, igual habrían agotado la vía jurídica interna y habrían podido vociferar esa situación ante sus principales aliados (la OEA, la UE, la ONU y el gobierno de EEUU).
El pueblo chavista tiene derecho a que se revise cada firma, cada huella y cada nombre de esas 4 millones de ejemplares en defensa de la transparencia electoral. Y esa revisión (verificación) tardará lo que deba tardar.
