"La pena de muerte en Venezuela está prohibida en nuestra Constitución Bolivariana".

Recientemente la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, se refirió en un programa de Radio, sobre la actuación irregular de algunos funcionarios que han participado en la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

"Algo tiene el agua que la bendicen", reza el refrán popular, por consiguiente algo extraño debe estar pasando con los métodos aplicados durante la ejecución de dicha operación, que han despertado la preocupación de la ciudadana Fiscal General.

Bastantes elementos tendrá en sus manos para quejarse del comportamiento de algunos funcionarios que intervienen en dichos procedimientos policiales.

A mis oídos y de otros ciudadanos en función de gobierno, han llegado comentarios de ciertos eventos donde hay la presunción de violación de los derechos humanos, que difieren de las informaciones ofrecidas por voceros oficiales del gobierno.

Pero sumado a esto, también llama la atención el comentario del Dr. José Vicente Rangel en su programa de Televisión JOSE VICENTE HOY, reforzando la preocupación expresada por la máxima representante de la Fiscalía General.

Expresión que viene nada menos que de un recocido luchador por los derechos humanos, quien presumo debe haber recibido, quejas de familiares de personas que han sido víctimas de algún atropello injustificado o de la violación de sus derechos humanos.

Pero lo que más destaca de todo esto, es que tanto La Fiscal General Como José Vicente Rangel, saben que la OPERACIÓN DE LIBERACION DEL PUEBLO (OLP) goza de un amplio apoyo en la opinión nacional.

Allí está el meollo del asunto, no vaya a ser que quienes están al frente de tan importante instrumento creado por el gobierno para atacar los niveles preocupantes de inseguridad que vive el país, crean que ese apoyo le confiere una patente de corso para permitir que se cometan acciones que atentan contra las personas y sus bienes, en los momentos que se están realizando los procedimientos para sacar de sus madrigueras a los peligrosos delincuentes que tienen sus centros de operaciones en nuestras comunidades.

Creo por allí van los tiros y es a lo que me quiero referir. En este país como están las cosas, NADA ES CASUAL, no tengo duda de las buenas intenciones del Presidente Nicolás Maduro y del General Gonzales López Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en cuanto a la necesidad de emplearse a fondo contra la delincuencia, porque de verdad anda por ahí CON EL MOÑO SUELTO.

Ahora quien me dice que el éxito de esa Operación, no tenga molesto a más de uno de los tantos voceros que tiene la derecha opositora que a todo trance andan descalificando los logros del proceso Bolivariano, y satanizando toda acción del gobierno con la cual pretende acabar con determinado problema que está afectando la tranquilidad de la sociedad venezolana. CASO EL ATAQUE A LOS BACHAQUEROS. Banalizado hasta más no poder en las redes sociales.

De allí la cautela y malicia que debe haber en quienes llevan la mayor responsabilidad en la realización de estas operaciones en cuidar que no hayan células infiltradas en su componente, para evitar que al margen de la suprema autoridad se cometan desafueros con los detenidos, sus familiares, sus pertenencias y lo mas aberrante que se actué al margen de la Ley y la Constitución aplicando la pena de muerte.

Si detrás de estas quejas expresadas estos dos importantes y respetados voceros de opinión pública, se llegare a confirmar que eso está pasando, hay que actuar con severidad para que no desnaturalicen las tan necesarias actuaciones de esa Operación.

Cosa que por nada queremos, porque para nadie es un secreto, que uno de los problemas más grave que tenemos es el desbordamiento de la delincuencia. Razón por la cual la ciudadanía apoya la OLP.

En consecuencia es recomendable actuar con cautela y malicia, a la hora emitir juicio de valor respecto a si la OLP es una respuesta acertada del gobierno para combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones, tal como lo percibe la mayoría de los venezolanos.

De ser así tendríamos que ir con más cuidado, porque no tiene nada de extraño que detrás de las presuntas actuaciones irregulares de algunos funcionarios, este la mano pelua de la derecha, que ha establecido como método de lucha, atacar todas las misiones, acciones, iniciativas , propuestas y ejecutorias del gobierno, que tengan como finalidad proporcionar bienestar al pueblo.

En este elemento pudiéramos encontrar las causas que estimulan los presuntos hechos de violación de los derechos humanos, para desacreditar la OLP y la moral de aquellos funcionarios que actúan apegados a los manuales de procedimientos policiales establecidos en nuestras Leyes y la Constitución.

En esta lucha contra la delincuencia, no hay dudas que nos estamos enfrentando a un monstruo de mil cabezas, nada fácil de derrotar de un día para otro, mas cuando hay factores contrarios que disparan por mampuesto contra esta lucha, por el solo interés de sacar provecho político.

Reiteradamente voceros del gobierno han manifestado la coexistencia de sectores políticos con grupos del hampa común, paramilitares, bachaqueros y demás yerbas de la delincuencia para cometer delitos destinados a crear zozobra y conmoción en la población.

Cuyos agentes del mal tienen luz verde para cometer toda clase de eventos delincuencial aplicando practicas hasta hace poco desconocidas en Venezuela.

A tal punto que esta delincuencia salpicada por el tinte político, actúa sanguinariamente, ajustada a sus propios códigos entre los cuales contempla la aplicación de la pena de muerte.

En ese sentido tenemos que a juzgar por presuntos hechos cometidos por funcionarios de cuerpos policiales, se ha puesto en práctica la pena de muerte o ajusticiamiento, lo que en nada lo diferencia de las monstruosas ejecuciones por encargo cometidas por el hamponato contra destacados líderes de la revolución y de ciudadanos comunes.

Por lo tanto las preocupaciones expresadas por los dos connotados representantes de la vida pública venezolana, es una alerta a esta sociedad, que no se deben desestimar, ni banalizar porque está en juego uno de los grandes logros de nuestra Constitución que expresamente prohíbe la PENA DE MUERTE.