Tal cual la economía del país las finanzas públicas se encuentran en un estado de patética languidez y de esmirriada presencia. La cantidad de recursos disponibles tan solo alcanza para los salarios, el mínimo funcionamiento de la institucionalidad y para honrar los más urgentes compromisos como es el caso del pago de las pensiones. La naturaleza de la crisis, sus alcances y las cotas extremas a la que ha llegado no permiten mayores gastos que no sean los estratégicamente necesarios. Ante tal situación tanto la gran corrupción, la organizada, la inexpugnable, como la fundada en el menudeo también se encuentra arropada por sus terribles embates y parece vivir momentos de tormentosas penurias. Si algo pareciera haber logrado disminuir con cierta eficacia la incidencia ominosa del negocio de la corrupción lo constituye, paradójicamente, el avance trepidante de la crisis económica.
Pero no nos engañemos, la gran corrupción (y por eso es gran), ya, especialistas mediante, se encontraba al tanto de la inminencia de la crisis y del alcance de la misma, para lo cual, como cabría esperar de todo gran negocio, pudieron a tiempo preparase, tanto poniendo a buen resguardo los recursos que a raudales poseían como transmutando su accionar hacia otras actividades que impidieran que los niveles de inflación destruyeran aceleradamente el monto real de su riqueza. Lo primero que hicieron a troche y moche y que de alguna manera explica el raudo y escandaloso incremento del dólar no oficial, fue dedicarse por intermedio de distintas vías a la compra apresurada e ilegal de dicha moneda , incrementado con ello la eficacia conspirativa del “dólar paralelo” o “dólar today” que alcanzó en poco tiempo niveles inauditos de precios en relación con la moneda nacional. Sobre este punto nunca sabremos con exactitud cuanto coadyuvó esta fuga clandestina de recursos originados en la actividad de usufructo ilícito de recursos públicos en la devaluación planificada del bolívar, lo que si podemos intuir es que corresponde a un monto superlativo que expresa con terrible nitidez el considerable monto de las fortunas que los señores de la corrupción poseen amén de la enorme influencia que ostentan en los altos estratos gubernamentales.
Pero a pesar de esta ilícita transacción monetaria que les resguardaría de peores situaciones, la gran corrupción no pudo darse el lujo de declarase en estado de latencia por un tiempo mas o menos o prolongado a la espera de mejores momentos porque hacerlo hubiese implicado perder tanto su posición de dominio como interesantes oportunidades que el azar les tuviera resguardado. Razón por la cual debió obligarse a transitar la crisis por derroteros ignorados fundados estos en su posición prevalida y en la influencia que sobre amplios segmentos del Estado poseía. A este respecto el negocio relacionado con los valores de uso y no de cambio se constituyeron en la mejor alternativa para evitar con un elevado grado de seguridad la acelerada perdida de valor que padecía la moneda nacional, garantizando en el tiempo una retribución muy por encima de cualquier otra operación que pueda presentarse. Por ello, mas que ninguna otra, la actividad relacionada con bienes raíces se constituyó en el horizonte privilegiado en la cual la gran corrupción ha podido encontrar confortable cobijo e inmejorables condiciones para su desempeño y reproducción.
Es así que la gran corrupción en este momento de trastabillante situación económica ha podido localizar en la compra fraudulenta de inmuebles a amplia escala la formula para darle continuidad a su actividad y la garantía futura de revalorización de la riqueza ilícitamente obtenida (Lavado según la jerga del mundillo). La gran corrupción tiene lo básico: el dinero, las influencias en las instituciones y la justicia domeñada. Solo les basta conjugarla con sindéresis para que entonces las personas naturales o jurídicas asientan “la venta” de su propiedad compelidas por las disimiles vías extorsivas que el entramado siniestro de la corrupción les impone. A veces los operadores de la corrupción utilizan el viejo truco de la invasión planificada de alguna propiedad con el objeto de desvalorizarla en el mercado inmobiliario y obligar al propietario a una venta muy por debajo del llamado costo real, otra veces deslizan a un inquilino previamente conspirado a los fines de declarase renuente a abandonar el lugar y dispuesto a generar infinitas dilaciones e incertidumbres. Todo ello en complicidad tanto de instancias de control inquilinario como con registros y notarias donde los pecuniarios conjurados resguardan particular poder a los fines de doblegar la voluntad del propietario.
Pero también, y esto es corrupción de ultima generación, han puesto en la mira apartamentos de propiedad horizontal donde sus operaciones han logrado éxitos con una incidencia alarmante, casi siempre en complicidad con propietarios y directivos de condominio que se prestan a ello bajo la promesa de una sustanciosa tajada. A este propósito su modus operandi radica en la creación de situaciones que hacen imposible a algún propietario previamente localizado la cancelación del precio del condominio, ya sea por la sobrevenida contratación de reparaciones de alto costo, ya de aumentos compulsos tanto de conserjería como de vigilancia, todo ello en concordancia con la generación de estados de alarma devenidos de sucesos relacionadas con la seguridad, o incluso con la sustematica aplicación del llamado bullying, etc.
Pero la gran corrupción no solo se establece y funciona en el ámbito gubernamental o del Estado. Desde la misma oposición, sin mayores miramientos y sin resguardar las formas del caso, se ha presentado y luego aprobado en la Asamblea Nacional una ley orientada a que las viviendas de interés social que construyó la Gran Misión Vivienda, sean trasladadas al ámbito del mercado inmobiliario a través de una dolosa privatización. Con el desparpajo y el cinismo que ha caracterizado siempre la soberbia de la derecha a la hora de defender los interés de los sectores poderosos de la economía, esta impulsó un falaz llamado a convertir en propietarios a los beneficiarios de los planes de vivienda cuando en realidad estaban apostando por la apropiación de su espacio vivencial para convertirlo en capital financiero. ¿Acaso no sigue siendo esto corrupción y de la grande a pesar de estar subrogado como ley? ¿Acaso no es la forma de retribuir, quid pro quo, por adelantado al sector hipotecario por su previo financiamiento?
Para comprender mejor este giro malabar de la gran corrupción y su misma naturaleza habrá que recordar a Cottard, aquel oscuro personaje de La Peste de Camus, quien en medio de la terrible pandemia que gobernaba la enclaustrada ciudad de Oran logró encontrar la necesaria estabilidad material que le permitió realizarse y ser lo suficientemente feliz como para desear nunca salir de aquella maldición de la muerte colectiva y absurda que era la peste.
PD: Un periclitado oficiante de la política del llamado puntofijismo, en un acto excesivo de desmemoria histórica, ha publicado a dúo un texto sobre las virulencias bolivarianas en el añejo arte del esquilmado burocrático. Confesamos no haberlo leído, pero de antemano suponemos el calibre epistemológico de sus disquisiciones. Solo esperamos que su arrojo editorial constituya también una especie de propósito de enmienda y dada su reconocida militancia cristiana esto sea a su vez una suerte de esfuerzo agustiniano de reconocerse en Cristo, amén.
munditown@yahoo.com
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