Ver primera parte en: http://www.aporrea.org/dameletra.php?docid=223

Los Magistrados de mayor confianza de Arrieche son Pedro Rondón Haaz (tal vez buscado por Arrieche para la defensa de Miquilena, porque Arrieche y Rondón Haaz trabajan juntos como abogados en Valencia), Hadel Mustafá Paolini, Antonio García García y, por ser el abogado más ignorante que haya llegado al TSJ en toda su historia, Rafael Hernández.

Pedro Rondón Haaz sigue dirigiendo su bufete en Valencia. Metió a su sobrina como abogada en su Despacho. La Asociación de Vecinos de donde vive (Urbanización Prebo III) no se ha atrevido a introducir una denuncia penal en su contra por temor a sus influencias con los jueces y al cargo que ocupa: ocurre que lo encargaron de administrar un terreno de propiedad de la Urbanización que queda al frente de su casa y lo que hizo fue apoderarse de él. En efecto, encerró el terreno cuyo acceso es restringido y bajo su control y, como es obvio, pretende, con el transcurso del tiempo y los actos de posesión que lleva a cabo en él, obtener su propiedad por prescripción adquisitiva (Puede verificarse esta información con el Presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Prebo III). Por otra parte, se sabe que Rondón Haaz hace reuniones políticas los fines de semana en su casa en Valencia (allí cocinó el nombramiento del Coordinador de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, perteneciente a su bufete). También se sabe que Rondón Haaz controla todo lo que se hace en su bufete: de aquí su molestia cuando la Sala Constitucional decidió un caso de su interés y estableció que un abogado del bufete de Rondón Haaz, seguramente por instrucciones de éste, había incurrido en el delito de fraude y ordenó pasarlo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Rondón Haaz es mercantilista: por eso, cuando llegó a la Sala Constitucional lo primero que le dijo a su personal fue: "yo de esto no sé nada".

Hadel Mustafá Paolini fue encargado irregularmente de un expediente contra Miquilena (según el reparto, la ponencia correspondía a Levis Ignacio Zerpa). Mustafá Paolini logró que su ponencia a favor de Miquilena fuera aprobada y, prácticamente a la semana siguiente, Miquilena nombró al recién graduado hijo del Magistrado como Registrador Mercantil en el Estado Carabobo (cargo cuya designación corresponde al Ministro del Interior y Justicia y que ofrece una muy elevada remuneración). Esta es una información muy fácil de constatar pues el nombramiento salió en Gaceta Oficial y la sentencia a favor de Miquilena consta en la página web del tribunal (http://www.tsj.gov.ve), Sala Político Administrativa.

Antonio García García era un abogado del montón en Barquisimeto, donde jamás destacó y tuvo escaso éxito profesional. Hizo el postgrado más pirata en Derecho de la desacreditada Universidad Santa María, se casó con una funcionaria del SENIAT (cuyo trabajo le permitió adquirir una mansión), se afilió al MAS y, por esta vía, llegó a la ANC, donde de inmediato se vinculó a la Comisión encargada de los asuntos judiciales. De esta manera llegó a ser Magistrado provisorio, nombrado por la ANC. A pesar de su condición de Magistrado, se reunía periódicamente con el Comando Político del MAS para rendirle cuentas y éste comenzó a utilizarlo como su operador político en el TSJ. Sabiendo de su muy escaso currículo, se unió a Arrieche y participó en la elaboración de la Ley Especial que hizo posible su ratificación. Anticipando el MAS su ruptura con el MVR, negoció el cargo y logró moverlo a la Sala Constitucional donde acata instrucciones de su partido y de Miquilena, a quien también le debe el cargo.

Rafael Hernández, hijo de una fundadora de COPEI, se graduó de abogado en Mérida (cuando la Fac. de Derecho estaba dominada por COPEI) pero se dedicó a la política. Por razones políticas entró sin concurso como profesor a la Universidad de Los Andes. Con su partido consiguió que lo nombrarán Registrador Subalterno, Diputado Nacional y Defensor de los Derechos del Militante. Al asumir Chávez, pese a las protestas del MVR, Miquilena Hernández lo designó nuevamente Registrador Subalterno. Engañó a la Asamblea Nacional haciéndole creer que había obtenido un postgrado en Derecho, cuando en realidad su postgrado es en Ciencias Políticas. Su tesis de postgrado no la escribió él sino su tutor. No se sabe nada que jamás haya escrito ni un folleto en materia jurídica ni haya litigado judicialmente. En Mérida se le conoce por su absoluta ignorancia del Derecho, al punto de haberle prohibido a sus alumnos hacerle preguntas. En conocimiento de su débil personalidad, Miquilena lo contrató para que, manteniendo la imagen de copeyano (y de hombre de confianza de Eduardo Fernández), le sirviera de espía en Mérida. Cuando Miquilena iba a Mérida, se reunían en secreto, en el Hotel Valle Grande, y Hernández le pasaba la información que había acumulado. En agradecimiento por este servicio y seguro de su ineptitud y de su servidumbre, Miquilena lo impuso como Magistrado de la Sala Electoral, donde destaca por su absoluta ignorancia. En la Sala Plena todavía no le conocen la voz porque jamás ha tenido una idea qué aportar.

En Mérida recibía instrucciones de Andrey Gromiko Urdaneta, el Decano más corrupto en toda la historia de la Universidad de Los Andes, del corrupto rector Felipe Pachano y de Luis Velásquez Alvaray, un parásito, trepador y traficante de influencias que, luego de pasar por casi todos los partidos políticos y, a pesar de haber dicho que "Chávez es un loquito que yo conozco de Barinas", ha llegado a ser diputado donde "por ahora" es del MVR. En ese cargo le hizo el favor a Miquilena de hacer observaciones en la Comisión de Contraloría para que este pudiera dejar sin efecto la licitación ya otorgada por Dávila. El Estado ha sido demandado por 18.000.000 dolares.