Aumento del pasaje: artero ataque al pueblo..!

Hablar de todos los problemas que encierra la materia del tránsito en nuestro noble país, es meterse con intereses tanto públicos como privados. La temática vehicular, peatonal y todo lo que al tránsito concierne, es un problema social y cultural que debería ser tomado en cuenta como un tópico primordial dentro de nuestra sociedad y en el que se debe involucrar un grupo multisectorial (pueblo, empresas y Estado) que trabajen mancomunadamente en la búsqueda de soluciones viables y efectivas en pro del bienestar de la ciudadanía.

Ahora bien, el propósito central de la sociedad, debe ser propender a la consecución de los mayores niveles de justicia y equidad, solo posibles con la eliminación de la explotación y perversión socio-ética a que nos ha conducido el capitalismo, lo cual implica, en la estrategia del árbol de las 3 raíces, la aplicación del pensamiento zamorano: "la tierra para quien la trabaja", en este caso, "el transporte para quien lo conduce" lo cual nos permitiría acabar con el alto costo de quienes perciben altísimas sumas de dinero (plusvalia) permaneciendo sentados en sus casas y explotando a unos avances, ingreso-capital que tiene que pagar el "pueblo".

Las políticas actuales deberían estar encaminadas hacia la humanización de la sociedad y a la construcción de un nuevo sistema de organización económica, política, social y cultural como lo es el nuevo socialismo del siglo XXI; sin embargo, esto pareciera no ser de agrado para algunas instituciones del Estado y mucho menos a estructuras de las empresas privadas, entre ellos las del sector transporte de pasajeros, las cuales han estado acostumbradas a lo largo de la historia de nuestro país a tomar decisiones inconsultas y arbitrarias en cuanto a los aumentos en el precio del pasaje, aumentos que sólo han servido para abultar sus arcas personales y empresariales, ya que nunca han ofrecido en esos aumentos, mejoras en las unidades de transporte público y mucho menos garantizado la calidad del servicio que prestan a la comunidad, peor aún, los consejos de trabajadores y trabajadoras del transporte quienes sin estar claros en su falsa conciencia de la lucha de clases existente, sólo se hacen eco del aumento para el beneficio de sus conductores y colectores, no teniendo en cuenta que ese aumento del pasaje aunado al paupérrimo servicio que prestan al pueblo, afecta a su misma clase social, sobre todo, en estos momentos históricos donde nuestro país está siendo flanco de ataques de guerras política, económica, social, cultural y mediática por parte del imperio estadounidense y sus aliados europeos y sionistas en contubernio con una oligarquía apátrida y parasitaria y sus operadores políticos, que han buscado por todos los medios crear las condiciones subjetivas y objetivas para la desestabilización e invasión de fuerzas extranjeras.

Ahora bien, las empresas del transporte de pasajeros sean éstas autobuses, autobusetes, camionetas y/o cualquier vehículo que presta servicio público a la sociedad, no pueden seguir viendo a sus unidades como un depósito de personas que pagan para ser trasladados de un lugar a otro, sino como un vehículo de transporte y de trayecto fijo sea éste urbano, interurbano o extraurbano que se emplea para prestar un servicio de tránsito de calidad, donde los usuarios y usuarias vean conjugados las garantías de un buen servicio público y el de sus vidas en un ambiente sano, armónico y seguro.

Sin embargo, este hecho que debería verse como natural en la prestación de un servicio, hasta la presente ha sido objeto de violación por parte de sus prestadores y se ha hecho público y notorio el consuetudinario irrespeto, desconsideración y mal trato a las que son sometidas personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional y los estudiantes (con unas pírricas excepciones), al no cumplirse las normativas ni acuerdos a los que han llegado en anteriores asambleas de ciudadanos y ciudadanas, como por ejemplo las realizadas en los años 2013 y 2014 con el sector transporte en la Sala de Batalla de la parroquia Madre María de San José del municipio Girardot, estado Aragua, parroquia por cierto, que les sirve de encrucijada de tránsito, ya que por sus calles y avenidas circulan la mayoría de los colectivos, uniones y cooperativas de transporte urbano e interurbano con vía hacia el terminal de pasajeros y en donde cuyas decisiones y propuestas han sido reiteradamente violadas, como ocurrió con el decálogo del transporte público básico para el buen desarrollo de esta actividad, que emergió de una de las asambleas realizadas en el año 2013 para el aumento del pasaje a la cantidad de Bs. 8,00 y al cual nunca se le dió cumplimiento, como lo es: 1) Circular con las puertas cerradas; 2) Brindar un buen trato a los usuarios; 3) NO tener ruidos molestos dentro de la unidad; 4) NO llevar pasajeros en el estribo; 5) NO admitir ebrios, fumadores o que se comporten de manera indebida. 6)NO se admiten charleros ni mendigos; 7) Ponerse en movimientos cuando las personas bajen o suban de la unidad; 8) Prohibida la competencia entre las unidades; 9) Prohibido el uso de colectores y 10) NO permitir subir a personas con bombonas, bolsos y cajas que impidan la libre circulación del pasillo de la unidad. Decálogo este que colocaron en las unidades de transporte y que se ha convertido en una demostración pública y notoria de burla e irrespeto, no sólo hacia los usuarios y usuarias de dichas unidades, sino también a la vista de las autoridades competentes que deben regir la materia en transporte como lo son: La Policía Nacional Bolivariana con competencia en tránsito, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Compañía Anónima de Terminales de Girardot (CATEG), organismos que hasta la presente fecha y ante tal descaro, han hecho caso omiso sin abocarse con prontitud a tomar medidas disciplinarias y los correctivos pertinentes para su debida implementación, lo cual supongo ocurre en toda Venezuela.

Por todo lo antes expuesto, el poder popular organizado en Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), Consejos Comunales, Círculos de Lucha Popular (CLP), Movimientos Sociales, Organizaciones Populares y otras formas de asociación popular, haciendo valer sus derechos sustentados en el Capítulo III De los Derechos Civiles de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 70 que reza: "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político... el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana... y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo", así como el Capítulo V De los Derechos Sociales y de las Familias que expresa "La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas y los de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana que el ámbito de los derechos sociales, desarrolla la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado..." Por lo que se debe exigir las asambleas de ciudadanos y allí elevar nuestra voz para proponer lo siguiente: 1) Las líneas de transporte privado que prestan el servicio público que se denominan cooperativas o asociaciones civiles, que son empresas de propiedad colectiva y sin fines de lucro, deben ser obligadas a cumplir con las disposiciones legales al respecto, así como, la "Ley Orgánica de Precios Justos" y cumplir con las condiciones generales que en ella se expresa, tal como lo formula en su título I, Control de costos, ganancias y determinación de precios justos; Capítulo I. Disposiciones Generales en su Artículo 1º Objeto. "La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo" ; 2) El precio de la nueva tarifa del transporte (Bs.40,00) que se traduce en el 20% del salario mínimo de cualquier trabajador, no obedece al reciente aumento de la gasolina por cuanto muchas de las unidades usan gasoil, recordando que para el año 2015 incrementaron el precio del pasaje en tres (3) oportunidades, siendo la última en Diciembre cuando aumentaron el pasaje de Bs. 15,00 a Bs 20,00 inconsultamente, usando como siempre el subterfugio del aguinaldo, es decir, que a menos de tres (3) meses pretenden obligar nuevamente a la ciudadanía pagar otro aumento injustificado, alegando inflación, alto costo en los repuestos, así como de la cesta básica, a sabiendas que éste afecta a todos por igual y que el reciente aumento salarial decretado por el estado para los trabajadores y trabajadoras fue sólo del 20%; por lo cual nos oponemos a dicho aumento y proponemos se haga un estudio serio sobre ingresos y costos que nos permitan en honor a la Ley de Precios Justos, definir el porcentaje de ganancias adecuado y por tanto el precio justo del pasaje, que podría estar por debajo o por encima del actual (Bs. 20,00); 3) El trato a los usuarios y usuarias, debe ser de manera cortés y respetuosa sin discriminación de edad, sexo, etnia, clase social y/o condición física o mental; 4) Queda terminantemente prohibido la exigencia de carnet de usuario a las personas de la tercera edad, ya que suficiente carnet tienen con la representación de sus cabellos canosos y el paso de los años en sus caras y la única credencial valida en toda la República Bolivariana de Venezuela es la cedula de identidad; 5) Están obligados por ley respetar y aceptar las credenciales de las personas con discapacidad o diversidad funcional y de estudiantes; 6) Deben respetar el libre derecho al estudio y no propiciar discusiones con personas adultas o de la tercera edad cuando estas presentan el carnet estudiantil; 7) Deben velar porque se respete el uso a los asientos preferenciales dispuestos para las personas de la tercera edad, con diversidad funcional y embarazadas en las unidades; 8) Tienen prohibido viajar con personas en los estribos, que se exponen a caídas fuera de las unidades y por ende sus vidas; 9) Se prohibe la exposición de música a altos volúmenes y ruidos que causan malestar y alteración en los usuarios y usuarias, sobre todo en las horas pico; 10) Se prohíbe terminantemente la entrada a las unidades de pedigüeños, vendedores y charleros; 11) Evitar el arrojo de basura por las ventanas, prohibiendo la ingesta de alimentos dentro de las unidades; 12) Prohibido circular con unidades que emanan gases por los tubos de escape (monóxido de carbono); 13) Prohibido el toque de cornetas o bocinas que coadyuvan con la contaminación sónica; 14) Deben adecuar la altura del estribo en las unidades a fin de facilitar el acceso por parte de las personas de la tercera edad, discapacitados e infantes; 15) Tienen prohibida la competencia entre las unidades de transporte; 16) No deben exceder el número de asientos en las unidades; 17) No deben exceder la cantidad estipulada de pasajeros; 18) Respetar las paradas demarcadas en las vías para uso exclusivo de las unidades de transporte; 19) Queda terminantemente prohibido por parte de los choferes y colectores las disertaciones y debates públicos en materia de política y religión las cuales propician discusiones y peleas dentro de las unidades; 20) Prestar el servicio de transporte nocturno en acuerdo con los organismos de seguridad. con la finalidad de recibir la protección y el resguardo tanto de las vidas de los usuarios y conductores como de las unidades de transporte; 21) Es imperante crear la "Escuela de formación de conductores y conductoras", con el objeto de formar técnica, psicológica y ciudadanamente a través de la educación vial, a los posibles conductores de las unidades de transporte; 22) Seleccionar preferiblemente a conductores que residan y/o hagan vida cotidiana en la comunidad para la cual las unidades de transporte prestan el servicio; 23) Deben adquirir los repuestos, partes y servicios a través de la Proveeduría del Transporte de Aragua S.A. con el fin de reducir los costos; 24) Fundar un taller de mecánica y servicio comunal para abaratar los costos de mano de obra en la realización de los trabajos que se realicen; 25) Se debe estudiar y planificar conjuntamente con las instancias gubernamentales (CATEG e INTTT) y el poder popular, el reordenamiento de las rutas urbanas, con el objeto de poder reducir los trayectos y prestar un mejor servicio; 26) Se propone la inmediata apertura de la ruta de Transaragua que cubra desde la zona norte hasta la zona sur de la ciudad de Maracay; 27) Otras que emanen de la discusión y debate en la asamblea.

Finalmente, el estado debe asumir con seriedad la consideración del servicio de transporte como un bien primordial de orden público, que implica desprivatizarlo totalmente y transferirlo al poder popular organizado, es decir al pueblo, bajo normas éticas de convivencia, eficiencia y solidaridad humana.


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