Amnistía: legalización del ecosistema de la impunidad

En oportunidad anterior (a través de documento publicado en éste mismo portal)1 hemos señalado, que tanto la amnistía como el indulto, son instituciones que forman parte de lo que se conoce como "derecho de gracia", y que históricamente se han incorporado en nuestros textos constitucionales, hasta nuestros días. Quiere ello decir, que solo son beneficiarios del perdón que se deriva de una y otro, única y exclusivamente aquellas personas que han cometido o se les acusa de la comisión de un delito, por lo cual son perseguidas, enjuiciadas o condenadas (en el caso de la amnistía), o que cumplen una condena luego de hallársele culpables, por sentencia judicial, de la comisión de un delito (en el caso del indulto). En otras palabras, nuestro vigente texto constitucional, así como las leyes penales, admiten determinados niveles o limites a la impunidad que nace o se origina en aquel "derecho de gracia", que no podrían contradecir la esencia del Estado democrático y social de derecho y de justicia, en que nos hemos constituidos, como tampoco podría contradecir, los principios y valores constitucionales, que inspiraron y animaron la necesidad de refundar la Republica. En otras palabras, si bien la amnistía y el indulto, resultan instituciones constitucionalmente validas, su eficacia viene dada porque se ajusten, en un todo, al contenido integral e integrador, del texto constitucional.

El conjunto de personas que desde la Asamblea Nacional promueven la ley de amnistía y el conjunto de delincuentes que con ésta se pretende perdonar, más que relacionados, conforman una comunidad de intereses que se desarrollan en función de factores u objetivos comunes: obedecer el mandato imperial de desestabilizar el país, como paso previo a la interrupción del proceso de transición al socialismo, por el que hemos optado la mayoría de los venezolanos. Esa agrupación, con tales intereses y objetivos, en un entorno geopolítico concreto y en cumplimiento de una promesa electoral de otorgarse el perdón entre sus congéneres, es lo que denominamos, un ecosistema de impunidad. La creación y promoción legislativa de tal ecosistema, es lo que hoy se ha hecho público con el nombre de ley de amnistía, que aunque no puede ser abrogada por el Pueblo en referéndum, si puede ser declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por sobrepasar los límites máximos admisibles de impunidad que el texto constitucional permite, a través de la amnistía o el indulto.

Así, la Constitución prohíbe expresamente la impunidad que pudiere originarse en la violación de derechos humanos, tanto más imperdonable si es cometida por funcionarios (gobernadores, alcaldes, o de cualquier otro rango), por la violación de derechos de los niños, por los delitos de tráfico de drogas, corrupción (en cualquiera de sus formas), terrorismo, los delitos contra la integridad territorial, autodeterminación y los intereses de la nación, delitos contra la seguridad alimentaria, entre otros, que definitiva y difícilmente, pasaran inadvertidos por la Sala Constitucional.

Por otra parte, dado que la amnistía "borra o hace olvidar" la responsabilidad penal y siendo ésta la que determina que una sanción o pena sean impuestas al delincuente, entonces la ausencia de responsabilidad penal que ocasiona la amnistía, hace que los hechos inicialmente considerados delictivos, dejen de serlo, con lo cual no procede la aplicación del castigo. Pero necesario es señalar, que desde el punto de vista constitucional, ante la comisión de un delito de cualquier naturaleza, lo importante o relevante, no es la imposición de un castigo o una pena, sino la rehabilitación del delincuente (artículo 272 constitucional), que le permita su reinserción social y reeducación. Siendo ello así, la oprobiosa ley de amnistía no contempla ningún mecanismo para la rehabilitación de los delincuentes que pretende sean perdonados, es decir, nada dice de su posterior reeducación y reinserción social. Entonces se pregunta uno, ¿Cómo devolver a las calles, libres de polvo y paja, a sujetos de tan elevada peligrosidad, como por ejemplo, Lorent Saleh, José Pérez Venta, Carlos Trejo o Leopoldo López, sin tener una garantía mínima de su reeducación y reinserción social?. Los imperativos que se derivan del derecho humano a la paz y a la integridad personal de los venezolanos, niegan toda posibilidad que estos "terrentes"2 pudieren obtener el perdón y la libertad, vía ley de amnistía.

No sorprenderá entonces el recrudecimiento de la campaña mediática, nacional e internacional, para desprestigiar no solo a la Sala Constitucional (en el momento en que declare la nulidad de dicha ley, e incluso antes), sino a nuestro país todo, habida cuenta que tal ecosistema de impunidad, nació en el exterior, y en nuestro país lo que tiene son ramificaciones. Afortunadamente, a partir de 1999, encontramos los caminos de la independencia, la solidaridad, la responsabilidad y el que conduce a la paz, que si bien minados de obstáculos, son los caminos que conducen al socialismo. Por ello, TODOS A COMBATIR EL ECOSISTEMA DE LA IMPUNIDAD, pues no es solo un tema jurídico, sino que también es un tema de dignidad de un Pueblo.

1 https://ensartaos.com.ve/2016/03/11/articulo/47016

http://www.aporrea.org/actualidad/a224407.html

 

2 Terrente: Dícese de aquel que es tres cuartas partes terrorista y una cuarta parte

 

delincuente (Diccionario del autor).



 


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