Los hechos ocurridos en la población de Tumeremo del Municipio Sifontes del Estado Bolívar, deben llamarnos a una profunda reflexión, sobre los extremos posibles a que puede llegar la ambición de la dirigencia de la MUD para propiciar acciones desestabilizadoras, con tal de roer la imagen del Gobierno del camarada Nicolás Maduro. Acciones que, por lo demás, dejan a trasluz sus delictivos vínculos con el paramilitarismo colombiano y las mafias mineras o "sindicatos". Los hechos, dan cuenta que, una vez que el Presidente Maduro expusiera al país, su intención de desarrollar al máximo las fuerzas productivas de la Nación, explicando cada uno de los motores del desarrollo nacional, en especial: el motor minero, pareciera que, con ello, despertó los demonios del oposicionismo antipatria.

Tumeremo, devela cuán ineficiente ha sido nuestra Revolución para desbaratar las mafias de la minería ilegal que, como una plaga destruyen todo a su paso: tierras, flora, aguas y hasta quienes llevan en sus manos picos y armas de destrucción de la naturaleza, solo con el objetivo de buscar la anhelada riqueza que proclama el capitalismo como paradigma de vida. Fue en agosto de 2011, que nuestro Comandante Hugo Chávez, anunciaría al país "el fin de la minería ilegal con la nacionalización de esta actividad en el país", lo hacía desde Miraflores, donde llevaba a cabo un Consejo de Ministros. Durante su intervención, nuestro Comandante Hugo Chávez hizo alusión a reportes internacionales que daban cuenta de que unas 23 toneladas de oro salían de nuestros país a destinos externos, y de ese monto tan solo se reportaban a organismos del Estado venezolano, cerca de 6 toneladas, manifestando con preocupación, nuestro Comandante: "Esto es mafia, contrabando, y eso tenemos que acabarlo con mucho rigor. Lo mismo pasa con el diamante y las piedras preciosas". En su afán, de poner orden en ese desbarajuste improductivo para el país, nuestro Comandante Chávez llegaría hasta la propia China en febrero 2012, en la búsqueda de alianzas para impulsar un desarrollo sustentable y sostenible de las inmensas riquezas que tiene nuestro pueblo en esa zona de nuestro país. De hecho, los anuncios realizados recientemente por el Presidente Maduro, a disgusto del ex ministro Jorge Giordani, no son una novedad, si a ver vamos, en vida del Comandante Hugo Chávez, éste suscribió la exploración y certificación de las reservas minerales del país, para lo cual contrató con la empresa china Citic Corporation dichas labores, las cuales derivó del "Plan de Acciones Estratégicas de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco", aprobado mediante Punto de Cuenta en 2011, como registraron los medios de comunicación a comienzos de 2013 (http://www.el-nacional.com/investigacion/china/Exploracion-minerales-firmas-foraneas-aprobo_0_164383741.html). Eran tiempos en que nuestro Comandante Chávez, anunciaba con suprema emoción que había empezado "el fin de la minería ilegal" en nuestro país; no obstante, los hechos posteriores han desmentido con sangre, cuán equivocado estaba nuestro Comandante Infinito.

El propio Giordani, entonces ministro de planificación y finanzas, nos hablaba de las bondades de dicha política, y ante la pregunta del reportero: ¿Y el desarrollo minero? Respondía: "Tiene que ser sustentable, Ahora se llevan el oro, el diamante, el coltán, y no le queda nada al pueblo venezolano…" (Correo del Orinoco, 24-06-2012). Por ello, resulta incomprensible que pasados tres años de aquellas palabras y acciones, pues el mismo acompañó a nuestro Comandante Chávez a la República hermana de China a suscribir acuerdos en esa materia, hoy se exprese con total desparpajo y en tono inquisidor: "…Los genios se volvieron a desatar para entregar los recursos naturales a manos de las poderosas empresas transnacionales que si saben de eso, o las nacionales que a nombre de una concesión minera podían solicitar préstamos para sus negocios teniendo como garantía lo que nunca era de ellos y que tampoco nunca pusieron a producir" (Ahora Sí…, Jorge Giordani, Aporrea, 01-03-2016). ¿Qué pudo haber cambiado para que en 2012, alguien que reivindicaba la explotación de nuestros recursos mineros, pasados cuatro años después, ahora despotrica de quienes intentan hacer lo que años atrás reivindicaba? ¿Qué frustración lleva internamente Giordani a expresar tamaña incoherencia, y a su vez, coincidencia con la derecha fascista?

Muy distinto el debate que plantean, por ejemplo la camarada Ana Elisa Osorio, quien desde la perspectiva del Ecosocialismo, llama nuestra atención sobre la empresa canadiense Gold Reserve y la metodología de explotación: "Si esto se hace a cielo abierto el daño es prácticamente irreversible". En la misma línea de preocupación está Fernando Jaugueri, periodista, investigador y ambientalista, quien asegura que esta luz verde para la certificación minera afecta directamente la calidad de las reservas de agua que tiene el país, el aire y la biodiversidad: "La explotación minera en la zona sur del Orinoco pone en riesgo las reservas de agua limpia más grande del país y pone en riesgo la biodiversidad del macizo guayanés, ya bastante golpeada por la actividad minera ilegal que ya se desarrolla en la zona a pesar de los planes anteriores de reconversión minera que inició el gobierno de Hugo Chávez desde el 2005" (Declaraciones recogidas por Radio Fe y Alegría, 25-02-2016). Válidos argumentos para tomar en cuenta y manifestarse por la exigencia al Gobierno Nacional de la necesaria vigilancia sobre las labores exploratorias ahora, y después de explotación minera, que sobre esa zona tan sensible de nuestro territorio nacional, deben cumplir estrictamente las empresas mineras que allí se asienten en procura del desarrollo de nuestras fuerzas productivas.

La respuesta de la derecha fascista era la pronosticable, en vez de colocarse en función de procurar el desarrollo e industrialización de nuestro país, se colocan de espaldas una vez más, a sus votantes quienes por intermedio de su apoyo le exigieron se colocaran a la vanguardia para ofrecer soluciones a la crisis económica que afecta a nuestro pueblo. Apenas culminaban el Presidente Maduro y sus Ministros de anunciar el desarrollo del llamado Arco Minero, se abalanzaron malévolamente sobre esa propuesta enmarcada en el Decreto de Emergencia Económica que se negaron a discutir y aportar ideas para su mejoramiento, una vez les llegó al Parlamento para su consideración. De la mano del diputado Américo De Grazia, surgirían las primeras piedras denunciando la desaparición de 28 mineros (hasta sabía el número exacto de mineros que se encontraban operando en esa mina ilegalmente, curioso eso), incluso, De Gracia señaló hasta el sitio donde estarían los cadáveres de las supuestas víctimas: "El parlamentario indicó que las víctimas fueron presuntamente enterradas en una mina llamada Hoja de Lata, en la vía que conduce al basurero de Tumeremo, frontera con el Esequibo", atreviéndose el diputado de la MUD a señalar los responsables: "De gracia responsabilizó a presuntas mafias que operan en la zona e intentan imponer el control sobre la mina", solicitándole al Ministerio de la Defensa que se pronuncie, dejando con ello, una sombra de sospecha sobre nuestra FANB, al señalar que: "Nada de esto se puede hacer sin la complicidad de las autoridades" (http://www.eltubazodigital.com/noticias-de-venezuela/nacionales/americo-de-grazia-denuncia-masacre-de-28-mineros-en-bolivar/). Tal como lo planteaba De Grazia, mafias y FANB constituyen un solo cuerpo y como tales, sus acusaciones apuntaban contra ambos en la misma proporción. La intención es clara, desprestigiar los soldados y oficiales de la Patria.

Una vez lanzó el diputado de la MUD la primera piedra, la oposición a través de sus medios de comunicación articuló toda una campaña que buscaba señalar como responsables de la supuesta "Masacre de Tumeremo" al Gobierno y la FANB; tal como lo señaló, entre los primeros denunciantes, la funcionaria de la CIA y de la ONG: "Control Ciudadano", Rocío San Miguel, quien a través de su cuenta tuiter acusaba sin ruborizarse: "No quiero pensar q Masacre de Tumeremo sea la antesala de las operaciones de explotación minera de CAMIMPEG a cargo de la FANB en Arco Minero", mientras que en otro tuiter del 6 de marzo, lanzado a las 11:37, era más ponzoñosa contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana: "Generales: Gob @rangelgomez y @ABenavidesT CmdteREDIGUAYANA deben explicar al país Masacre de Tumeremo. Venezuela tiene derecho a la verdad". Por su parte, la cúpula eclesiástica, que no espera lo llamen a participar en toda tentativa golpista, también se pronunció en la misma tónica, en vocería del Obispo de Ciudad Guayana, Mons. Mariano Parra Sandoval y la Comisión de Justicia y Paz de la CEV, quien denunció: "La falta de respuesta inmediata" a su vez que deploraba: "La conducta mostrada por funcionarios del Estado de desviar la denuncia al señalar a las personas desaparecidas como presuntamente involucradas en actividades delictivas", (y entonces en qué andaban Monseñor), y en tercer punto, denunciaban: "La actuación tendiente de los organismos del Estado a reprimir y censurar las denuncias y protestas suscitadas por la desaparición de este grupo de personas" (El Nacional, 12-03-2016). Como se aprecia en el comunicado, suscrito por Monseñor Roberto Lückert León a nombre de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV, se enjuicia el caso de Tumeremo, haciendo recaer todas las culpas sobre el Estado, casi que se atreven a decir: ¡Maduro tú fuiste! Si bien no se atreven a tanto los Monseñores, ganas no le faltaron. ¡Perdónalos Señor, que bien saben lo que hacen!

El Estado Bolivariano, como un solo cuerpo, se avocó a investigar el caso. En Tumeremo, se instaló el propio Defensor del Pueblo, camarada Tareck William Saab, de amplia experiencia en casos de violaciones de Derechos Humanos, la camarada Luisa Ortega Díaz designó un fiscal especial, nuestra FANB desplegó de manera casi que inmediata a más de un millar de sus hombres y mujeres, mientras que, la instrucción presidencial era radicalmente clara y tajante: "investigar el hecho hasta su última instancia y castigar con mano de hierro a quien esté involucrado", rematando el Jefe de Estado que: "En Venezuela hay y habrá justicia".

Lejos estamos de situaciones similares ocurridas en la cuarta república, en que el propio Estado en connivencia con los medios privados de comunicación y sus partidos políticos en el parlamento, se encargaron de silenciar y enlodar en un manto de impunidad, masacres como la del El Amparo (29 de octubre de 1988); primer caso en que la metodología de los Falsos Positivos se implementa en nuestro continente; incluso, antes que en la Colombia de Álvaro Uribe Vélez. En esos hechos, 14 pescadores del Apure venezolano fueron asesinados en una emboscada planificada y ejecutada por el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), conformado por funcionarios militares y policiales, en el gobierno de Jaime Lusinchi. Asesinados, y después hechos pasar como miembros de la guerrilla colombiana. Los hechos, fueron desmentidos posteriormente porque dos de los campesinos que iban en la lancha, se lanzaron al caño La Colorada y salvaron sus vidas. Los autores materiales e intelectuales, fueron enjuiciados y liberados, entre los cuales destaca uno en particular, el comisario Henry López Sisco, para entonces Jefe de Operaciones de la siniestra DISIP. De tales hechos, parte la primera condena en su historia, por parte de la CIDH al Estado venezolano por violación de Derechos Humanos.

La actuación llevada a cabo por el Gobierno del camarada Nicolás Maduro, como era de esperar, está inspirada en el espíritu que caracterizó a nuestro Comandante Infinito Hugo Chávez, pues cómo olvidar hechos similares como los ocurridos en Enero 2012, en la mina de La Paragua, en el Municipio Angostura, en que la banda de "Los Negritos" se enfrentó a mineros allí ubicados, quienes se negaban a seguir las reglas impuestas por el entonces líder de dicho "Sindicato", el Negro Juancho, quien ordenó acabar con los "indisciplinados", la banda de "Los 24" como los llamó. Seis muertos y cinco heridos, fue el saldo registrado por los medios de comunicación. Años antes, en 2006, esa misma locación fue testigo de la llamada "masacre de La Paragua", en que se vieron involucrados miembros de nuestra FANB, quienes fueron llevados a juicio y sancionados penalmente por tales crímenes.

La verdad ha salido a flote, escurriendo todas las miserias, medias verdades y mentiras que, a través de la mediática burguesa, se ha dejado fluir para manchar el buen nombre de nuestra FANB, el Gobierno Revolucionario y las Instituciones del Estado Bolivariano. Quienes pretendieron enlodar el buen nombre de la República, hoy debemos señalarlos como aventureros y mentirosos, peor aún, las verdades que han salido a la luz pública, dejan ver las costuras de las mafias que se encuentran detrás de las bandas que hacen vida en ese submundo de la criminalidad que es subyacente a la minería ilegal. Como han denunciado los Diputados y Diputadas de la Patria, en específico, el camarada Héctor Rodríguez: "actores políticos de ahí, están implicados con estas mafias, es parte de la información que estamos recogiendo. Hay denuncias de los familiares de relación entre las bandas y varios actores políticos". Más en concreto, el diputado revolucionario Aldrin Torres, Vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, señala: "Américo De Grazia Veltri, está vinculado junto con sus familiares en negocios relacionados con la minería ilegal en el sur de esa entidad, incluyendo la extracción y contrabando de oro". Explicando, que: "El diputado opositor ha utilizado su inmunidad parlamentaria para movilizar el metal precioso, así como el dinero efectivo para pagarle a los mineros. Precisó que el oro debe ser cancelado en dinero contante y sonante lo que requiere del transporte de cantidades enormes de billetes, lo cual sólo se podría hacer si se utilizan las facilidades derivadas de la operación de un banco. Se trata de Bancamiga, una entidad bancaria microfinanciera cuyo presidente es Carmelo De Grazia Suárez, sobrino del diputado postulado por el partido La Causa R" (http://misionverdad.com).

Otra verdad, que comienza a insurgir frente a la mentira opositora, tiene que ver con el cabecilla de la banda que actuó contra los supuestos mineros ilegales. Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias "El Topo", de nacionalidad ecuatoriana, quien ingresó al país en 2002 por San Antonio del Táchira y posteriormente, como informo el ministro González López, con un certificado de regularización falso obtuvo su Cédula de Identidad venezolana. Presumen las autoridades venezolanas, que "El Topo" recibió entrenamiento paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia; lo cual se constituye, en una muestra más de los estrechos vínculos entre la dirigencia de la MUD y la parapolítica, más aún, su jefe político: Don Álvaro Uribe Vélez, alias "Dr. Varito" como le decía cariñosamente el capo narcotraficante Don Pablo Escobar Gaviria. Son verdades que matan ipso facto, ese falso positivo que intentaron posicionar a través de sus medios de incomunicación privados, desestimando que no estamos en Colombia sino en la República Bolivariana de Venezuela, excelso lugar del planeta en que la verdad fluye, como el agua transparente de nuestros ríos al sur de nuestro país, y esperemos que así sea por siempre. Transparentes y libres de impurezas contaminantes, provenientes de una actividad minera reñida con el ambiente, con la naturaleza. Vigilantes debemos estar, todas y todos, pues debemos convertirnos en garantía de que el desarrollo del Arco Minero se haga en respeto estricto a las normas ambientales nacionales e internacionales. Eso debe ser un compromiso nacional de quienes amamos esta Patria…

 

Caracas, 12-03-2016