La oposición pretende convertir a la ANen un poder despótico



"Si el poder ejecutivo no tiene el derecho de contener los intentos del legislativo, éste será un poder despótico, porque pudiendo atribuirse toda facultad que se le antoje, anulará todos los demás poderes".
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.

Durante años la oposición ha pretendido vender la idea que en Venezuela hay una dictadura, que no existe independencia de poderes, que el gobierno acumula y controla todas las ramas del poder público. Por años acusaron al Presidente Chávez, y después a Maduro, de dirigir la Asamblea Nacional, la Fiscalía y Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo propagaron como una verdad inobjetable en todo el mundo a través de sus aliados políticos, mediáticos y corporativistas. A pesar de su pobre desempeño democrático, mejor ilustrado en sus intentos de golpe de Estado y acciones de desestabilización, la oposición se irguió como paladín de la democracia, enarbolando las banderas de la libertad y los derechos humanos, pero una vez ganada las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, ha pretendido convertir a la Asamblea Nacional en un órgano supranacional y despótico.

Como ha solido ocurrir en los últimos 17 años de Revolución Bolivariana, la oposición ignora y desprecia la Constitución. Está convencida que el control que ejerce sobre el poder legislativo le otorga el derecho y obligación de estar por encima del orden democrático e imponer sus decisiones de manera arbitraria al resto de los poderes públicos. Así lo demuestran sus diputados al desacatar decisiones del Poder Judicial. Para ellos, los poderes ejecutivo y legislativo están por encima del judicial y como el ejecutivo "está sin brújula", la oposición puede erguirse como el único poder Estatal (Stalin González en Globovisión, 08-01-2016), y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no tienen competencia para controlar a la Asamblea Nacional (Julio Borges en Noticia al Día, 01-03-2016).

En efecto, la oposición considera que la Asamblea Nacional no es para legislar y ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, como reza la Constitución, sino para pretender ejercer la jefatura del Estado y de Gobierno, impartir su propia justicia y dictar leyes ignorando los procedimientos constitucionales, descociendo incluso que en su artículo 214 la Constitución le otorga al Presidente de la República la facultad de considerar una ley o parte de ésta como inconstitucional, y al Tribunal Supremo de Justicia la potestad de pronunciarse al respecto.

Y es que la Constitución es clara y muy precisa para delimitar las funciones de los poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, y de crear un sistema de separación de poderes, o "check and balance" como lo llaman los norteamericanos, para preservar el orden democrático y garantizar que no se produzcan desviaciones despóticas.

Barón de Montesquieu en el Espíritu de las Leyes (1748) – que debería ser venerado por la oposición al ser la base teórica fundamental de la democracia burguesa estadounidense – sostiene que "no puede haber libertad donde los poderes legislativos y ejecutivos están unidos en una misma persona o cuerpo de magistrados (…) o si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativos y ejecutivos". Bajo el sistema previsto por Montesquieu, aun cuando el poder legislativo tiene la función de legislar, sus textos no se convierten en leyes sino hasta que son firmados por el ejecutivo, que también lo puede vetar, al tiempo que el poder judicial tiene la competencia de revisarlas y declarar si las mismas se exceden de lo que autoriza la Constitución. En este sentido, Montesquieu dice que el poder ejecutivo "toma parte en la labor legislativa por su facultad de restricción o veto, sin la cual se vería pronto despojado de sus prerrogativas, pero si el poder legislativo interviniera en las funciones del ejecutivo, este último perdería su autoridad y su eficacia".

Para Montesquieu, "si el poder ejecutivo no tiene el derecho de contener los intentos del legislativo, éste será un poder despótico, porque pudiendo atribuirse toda facultad que se le antoje, anulará todos los demás poderes". Más contundente aun es cuando firma que "sea cual fuere su fiscalización, el cuerpo legislativo no debe tener el derecho de juzgar a nadie y mucho menos al que ejecuta; la conducta y la persona de éste deben ser indiscutibles, sagradas, porque su persona tan necesaria al Estado, para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico, desde el momento que fuera acusada y juzgada la libertad desaparecería".

Razón tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (01-03-2016) cuando sentencia "que así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y los demás Poderes Públicos también lo están, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de racionalidad; de allí que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales, constituya una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones ilícitas".

Aquel que desconozca una afirmación a los valores democráticos universales tan contundente no puede pretender erguirse como "paladín de la democracia", pero revela una vez más el verdadero carácter golpista y antidemocrático de la oposición.


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