¿Ley de amnistía o ley de impunidad?

En los momentos de confrontación política que vivimos actualmente, pudiéramos pensar que una nueva ley de amnistía podría ayudar a destrabar el juego, quizá un acto de benevolencia similar a los realizados por el Comandante Chávez, pudiera permitir que trascendiéramos por una senda de paz y reconciliación, que permitiera al país finalmente, desarrollar sus fuerzas productivas y construir la Venezuela que queremos. El Presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación, llamó a la oposición a crear una comisión de la verdad, que investigara los distintos hechos de violencia y poder determinar las responsabilidades penales correspondiente, así como las reparaciones que debían recibir las víctimas.

 

Pensamos que la dirigencia opositora le tomaría la palabra e iría a la conformación de dicha comisión. Pero no, le dieron la espalda a la paz, imperó en ellos la conducta sostenida durante los últimos 17 años y de manera unilateral presentaron un bodrio que llamaron "Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional", aprobado en la Asamblea Nacional en primera discusión. Me atrevo a afirmar que es el instrumento jurídico con mayores vicios de inconstitucionalidad que ha sido propuesto al país, solo superado por el decreto a través del cual se coronó como monarca a Pedro Carmona Estanga "el breve", por cierto, beneficiario de esta ley.

No me detendré a analizar el tema de la reconciliación nacional, la mayor farsa de esta propuesta, sobre esto ya realice unos aportes la semana pasada. La mayor preocupación como venezolanos racionales que somos, se refiere a los efectos de dicha ley, hecha a la medida de los mal llamados "presos políticos". Prácticamente, todo individuo que haya delinquido desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2015 y que hubiese ejercido oposición a la Revolución quedaría librado de culpabilidad y sus delitos impunes.

Es indignante lo que propone esta ley, son 49 delitos taxativamente establecidos, que pretenden dejar impune entre los cuales encontramos; el terrorismo y su financiamiento; porte ilícito de armas de fuego; los daños al sistema eléctrico nacional; asociación para delinquir; traición a la patria; trafico de drogas; homicidios; peculado y; otros delitos relacionados a la corrupción, siendo estos solo una parte de ellos.

Nos sorprende esa nueva categoría de delitos políticos relacionada al tráfico de drogas. A través de este instrumento se perdona a aquellos ciudadanos que se les haya incautado hasta "medio kilito" de marihuana o 50 gramos de cocaína, en los llamados "campamentos de la libertad". ¡Que falta de seriedad Julio Borges!, ¿Qué carajos tiene que ver el tráfico y consumo de drogas con las luchas políticas?, ¿son estos distribuidores de droga los que van a echar el país adelante?, no insultes la inteligencia de nuestro pueblo (artículo 30 del proyecto de ley).

Otro nueva categoría, son los delitos relacionados a las estafas inmobiliarias, algún vocero de la oposición debería explicarnos la conexión entre delitos de corte político y la estafa, usura y fraude en la venta de inmuebles destinados para vivienda de la clase media. La única conexión que está a la vista es la de compromisos económicos de los diputados opositores con los estafadores, esto le permitiría exculpar a estos señores y que vuelvan al país los que están prófugos, viviendo de lo que le robaron a nuestros compatriotas (articulo 31 ley de amnistía).

Son muchos los aspectos que hacen de esta ley un adefesio jurídico, pero antes de culminar es necesario nombrar el más grave vicio de inconstitucionalidad que establece la referida norma y se basa en la intención de amnistiar a los comisarios y policías involucrados en los hechos del 11 de abril de 2002. A través de un artilugio jurídico, pretenden meter como gazapo el beneficio a estas personas, condenadas por homicidios dolosos. Revisando detalladamente el artículos 5 de la referida propuesta nos damos cuenta que excluyen de los efectos de la ley a los funcionarios de cuerpos de seguridad que hayan cometido delitos en el control de manifestaciones, pero al final agregan "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley", el mismo que se refiere a perdonar los delitos cometidos entre el 11 y 14 de abril de 2002 que no fueron abarcados por la amnistía decretada por el Presidente Chávez en el 2007.

Señor juez de show televisado, sigue usted insultando nuestra inteligencia. El artículo 29 de nuestra Constitución, prevé expresamente que los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos no pueden ser objeto indulto o amnistía. Unos cuantos "próceres" que usted y sus 108 amigos pretenden echar a la calle están incursos en estos supuestos, explíquenos ¿Que hacemos con nuestra Constitución?, ¿en qué parte de esta ley se garantizan los derechos de las víctimas de estos 49 delitos?, no tuvieron ni siquiera la decencia de hacer referencia a ellas, ¿cómo quedan los familiares "del tal muerto de la guaya" o el "del francotiro"? como dijo nuestro elocuente presidente de la Asamblea Nacional al referirse a dos compatriotas fallecidos durante esa aventura llamada "La salida".

Como reflexión final me pregunto, ¿será esta la última ley de amnistía? ó ¿será que dentro de 15 años estaremos redactando otra para perdonarle los nuevos pecados a estos "mártires de la libertad"?, ¿Cómo pretenden que nos reconciliemos bajo la amenaza de tumbarnos en seis meses?, por lo menos tengan la decencia de quitarle eso de "reconciliación nacional". El odio que acumulan no les permite reconciliarse con la Patria. Ignoran a las víctimas, y la otra mitad del país que no los apoya

Esa Ley merece ser denominada como la "Ley de Amnistía e Impunidad Generalizada".

Reconciliación a la fuerza no es posible, amnistía a lo arrecho es impunidad.

 

Joven Militante del PSUV

Correo: juliogarciazerpa@gmail.com

Twitter: Juliogarciaz


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