La pretendida Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es un instrumento de populismo de la peor calaña porque intenta que los inmuebles de un programa social para beneficiar al pueblo se conviertan en productos de libre compra y venta comercial, lo cual significa subir los precios a nivel de esas casas y apartamentos millonarios e incomprables que aparecen en páginas de internet.
Si se permite esa ley, desaparecerán los mecanismos de protección social a favor de los "viviendo venezolanos", es decir, las baratas viviendas populares serán acaparadas por empresas privadas en el negocio capitalista inmobiliario cuya especialidad es comprar barato y vender caro. Serían estos "bachaqueros de vivendas" los que se beneficiarían del Estado y el pueblo quedaría marginado como antes de Hugo Chávez.
Urge subrayar que cuando la GMVV impone una regulación que limita la libre compra y venta, en ningún caso esto significa una medida contra los derechos de esos venezolanos, sino una acción temporal de resguardo contra comerciantes usureros y especuladores.
En Venezuela hay dos regímenes jurídicos, uno de protección social como la GMVV, que restringe la libre compra-venta y el otro, el mercado capitalista de las viviendas con un libre flujo de compras y ventas; el que quiera comprar una vivienda costosa se va al mercado capitalista, pero el que quiera vivienda económica gracias al subsidio del Estado acepta el régimen jurídico especial para que las viviendas permanezcan con las familias que las necesita y no sean revendidas por oportunistas con fines de lucro.
El Estado social no puede financiar un mercado paralelo capitalista que desnaturaliza la GMVV y que convierte los derechos sociales en mercancía. Esta es la verdad respecto a la maniobra de los diputados derechistas.
