1. El Nacional. Editorial. Caracas, 15 de agosto, 2002

Una decisión histórica

El Tribunal Supremo de Justicia tomó ayer una decisión histórica al declarar la no procedencia del antejuicio de mérito intentado por el fiscal general de la República contra cuatro oficiales superiores de la Fuerza Armada. Fue una decisión histórica por varias razones; primero, porque decidió con propiedad sobre la esencia del problema al sobreseer la causa, y, porque demostró la autonomía del poder judicial, cuestión básica del Estado de Derecho. Según el veredicto del TSJ no hubo rebelión militar el 11 de abril. Una revisión ponderada de todos los hechos, y del comportamiento de los generales y almirantes procesados por el fiscal, es perfectamente compatible con el criterio de los once magistrados que votaron por la ponencia del doctor Franklin Arrieche. Culmina de esta manera un aspecto de los hechos ocurridos en abril. No pudieron torcer la voluntad y la entereza de los magistrados las explosiones groseras e insultantes del Presidente de la República, sus palabras desafiantes pronunciadas el domingo desde Los Roques.

Contrariando lo que debe ser el comportamiento de un jefe de Estado, Chávez desafió al magistrado ponente, y lo señaló ante el país, responsabilizándolo de las consecuencias de sus decisiones. Fue una intromisión presidencial que causó enorme inquietud en el exterior y, por supuesto, en la sociedad venezolana, en todos sus sectores responsables, incluidas la Fuerza Armada, particularmente sensibilizadas por el proceso.

Si el criterio del Presidente se hubiera impuesto, la autonomía de los poderes habría sufrido un serio daño. Esas declaraciones de Los Roques probablemente agravaron la “causa” gubernamental y el empeño obsesivo del Presidente de que los altos oficiales fueran condenados. El fracaso puede significarle una lección: los poderes del Estado deben respetarse. Cuando tomó la palabra el Presidente del TSJ para informar sobre la decisión, prefirió hablar más como disidente que como presidente del máximo tribunal, y se alargó en cuestionar la ponencia. No habló en nombre del TSJ como era su obligación, sino en nombre de los ocho magistrados que discreparon de la ponencia aprobada. En los alrededores de la sede del Tribunal Supremo de Justicia las hordas del MVR pretendieron protestar con hechos de violencia la decisión. Sus dirigentes no disimularon el deseo de llevar los hechos a sus extremos.

El magistrado Iván Rincón no pareció conmoverse ante esa peligrosa situación de asedio a la sede de la institución que preside, y de la necesidad imperiosa de protección y respeto a sus colegas de la Sala Plena, que estaban amenazados. Sólo se expresó como un funcionario perruno del gobierno. Tampoco el fiscal general, ni mucho menos el defensor del pueblo (que pega el grito en el cielo cada vez que actúa la PM) dieron la cara en algún momento como era su deber: ese desprecio lo pagarán caro ante la historia. Pero los tres sí acudieron obedientes a la sala del Teresa Carreño para oír y aplaudir el discurso de su jefe máximo Hugo Chávez.

Habría que preguntarse qué posición adoptarán estos “tres mosqueteros del chavismo” a la hora de juzgar la actuación de la Guardia Nacional que ayer, como todos pudimos observar por las imágenes de la TV, fue impecable y cónsona con los métodos de disuasión pacífica en cualquier país civilizado, pero que fue atacada a tiros por las bandas de malandros, ex guerrilleros y subversivos extranjeros que recluta el Gobierno. La GN no tiene la culpa que el mofletudo de Juan Barreto ni que Iris Varela hayan salido corriendo como conejos por la avenida Baralt.

Empeñado el oficialismo en condenar un golpe de Estado que no ocurrió, lleva su discrepancia a proponer ahora medidas punitivas contra los magistrados, o la idea de una nueva Constituyente para limpiar al país de los enemigos del proceso. Todo esto demuestra que no están decididos a respetar ni a vivir dentro de un Estado de Derecho. Si las instituciones estorban sus intereses o sus puntos de vista “revolucionarios”, tienen a la mano el recurso de anular las existentes.

Ayer mismo el Presidente de la República habló de diálogo. La OEA aprobó una resolución respaldando la idea en Venezuela, y su urgencia. Chávez tiene la ocasión ahora de decirle al país, y a las naciones del hemisferio, cuál es el diálogo que auspicia, y cuál es el Estado de Derecho al cual desea someterse. El doble discurso, palabras que van y vienen, afirmaciones amenazantes, golpes de pecho, hechos de violencia en las calles, no pueden continuar bajo ninguna circunstancia

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2. El Espejo. Contraeditorial

Una decisión antihistórica

El Tribunal Supremo de Justicia tomó ayer una decisión antihistórica al declarar la no procedencia del antejuicio de mérito intentado por el fiscal general de la República contra cuatro oficiales superiores de la Fuerza Armada que participaron en el golpe de abril. Fue una decisión antihistórica por varias razones; primero, porque decidió contra la verdad sobre la esencia del problema al sobreseer la causa, y porque demostró la dependencia del poder judicial de los sectores golpistas, cuestión que atenta directamente contra el Estado de Derecho. Según el veredicto del TSJ no hubo rebelión militar el 11 de abril. Una revisión ponderada de todos los hechos, y del comportamiento de los generales y almirantes procesados por el fiscal, es absolutamente incompatible con el criterio de los once magistrados que votaron por la ponencia del doctor Franklin Arrieche. Culmina de esta manera tan bochornosa un aspecto de los hechos ocurridos en abril. Pudieron torcer la voluntad y la entereza de los magistrados los dólares del sector económico antidemocrático, las manipulaciones groseras e insultantes de los voceros de la oposición, la campaña desafiante adelantada desde inmediatamente después de los hechos por parte de televisoras y medios de ultraderecha.

Contrariando lo que debe ser el comportamiento de unos medios democráticos, las televisoras y diarios ultraconservadores vienen desafiando al Tribunal Supremo, tratando de imponer una decisión ante el país, responsabilizándolo de las consecuencias de sus decisiones. Ha sido una intromisión del quinto poder que causó enorme decepción en el exterior y, por supuesto, en los sectores democráticos de la sociedad venezolana, en todos sus sectores responsables, incluidas la Fuerza Armada, particularmente sensibilizadas por el proceso.

Se impuso el criterio de los golpistas, lo que ha dañado severamente la autonomía de los poderes. La campaña sistemática de tergiversación y manipulación de los hechos y de presión antidemocrática por parte de la oposición probablemente aterraron a los jueces, así como el empeño obsesivo de sectores ultrareaccionarios y adinerados para que los altos oficiales no fueran condenados. El fracaso puede significar una lección: los poderes del Estado deben respetarse. Cuando tomó la palabra el Presidente del TSJ para informar sobre la decisión, prefirió hablar más como disidente y jurista digno que como presidente del máximo tribunal más deshonroso de la historia mundial, y se alargó en cuestionar la ponencia. No habló en nombre del TSJ como era su obligación, pues su dignidad como jurista democrático le llevó a hablar en nombre de los ocho magistrados que discreparon de la ponencia progolpista aprobada. En los alrededores de la sede del Tribunal Supremo de Justicia los infiltrados pagados por Enrique Ochoa Antich y otros militantes de la oposición totalitaria pretendieron hacer ver que los manifestantes democráticos protestaban con hechos de violencia la decisión. Los medios no disimularon su deseo e interés en que los hechos llegaran a sus extremos, pero hasta cobarde es el sicario pagado por el mismo fondo que soporta las finanzas quebradas de El Nacional y otros diarios de extrema derecha.

El editor Enrique Otero aplaudió con sus orejas de perro la decisión antidemocrática de los juristas que prostituyeron la justicia de la República, amenazada como no lo estuvo ni cuando sus siniestros jefes en la sombra dirigían este país a su antojo. Se expresó en su editorial de hoy como la mala puta de gobiernos anteriores que siempre fue. De la misma manera que lo hizo su editor jefe, y su editor político (que pega el grito en el cielo cada vez que ve un negro en la calle) como era su deber de palangres profascistas: ese desprecio lo pagarán caro ante la historia. Los tres acudieron insaciables a sus respectivas cuentas corrientes, para comprobar que los dólares enviados por sus jefes máximos estaban en su lugar, y así seguir perreando la comunicación social nacional.

Habría que preguntarse qué posición adoptarán estos “tres mosqueteros de la (anti)democracia” a la hora de juzgar la actuación de la Guardia Nacional que ayer, como todos pudimos observar por las imágenes de la TV, fue impecable y cónsona con los métodos de disuasión pacífica en cualquier país civilizado, pero que fue atacada a tiros por los infiltrados malandros, ex guerrilleros y subversivos extranjeros que recluta la oposición con los mismos fondos que cobran ellos. La GN no tiene la culpa que el bobolongo de Otero ni que Marta Colomina salgan ahora a ensalzarles, después de haberles difamado por no sumarse a la conspiración y el asesinato previo al golpe de Estado que siguen añorando.

Empeñada la oposición antidemocrática de afirmar que no hubo golpe de Estado, continúan con su histérica exigencia de ahora medidas punitivas contra el presidente constitucional, por razones que los inculpan a ellos y sus adorados milico golpistas, para limpiar al país de democracia. Todo esto demuestra que no están decididos a respetar ni a vivir dentro de un Estado de Derecho. Si las instituciones estorban sus intereses o sus puntos de vista “democráticos”, tienen a la mano el recurso de atentar como ya lo hicieron con las existentes.

Ayer mismo el Presidente de la República habló de diálogo. La OEA aprobó una resolución respaldando al gobierno democrático, y su urgencia. La oposición tiene la ocasión ahora de decirle al país, y a las naciones del hemisferio, cuál es el diálogo que quieren, y cuál es el Estado de Derecho al cual están dispuestos a someterse. El doble discurso, palabras que van y vienen, afirmaciones amenazantes, golpes de estado, hechos de violencia en las calles, no pueden continuar bajo ninguna circunstancia.