Una interpretación de oficio generada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es necesaria y pertinente con la finalidad de aclarar el concepto, naturaleza y alcance del Parlamento Comunal Nacional y de ese modo establecer claramente que es posible jurídicamente que consejos comunales y comunas constituyan un organismo o parlamento de rango nacional donde desarrollen deliberaciones, contraloría social, iniciativas legislativas, resoluciones y cuanta actividad sea inherente al amplio ámbito de su competencia nacional comunal porque ello es expresión de la libre y soberana forma de organización que el pueblo decide darse a si mismo (lo veremos más adelante a la luz de los artículos 5 y 70 constitucionales)

Asimismo, como soporte a esta afirmación, luce conveniente agregar el artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica que "la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos".

En este sentido, entre los abundantes mecanismos que hasta ahora se han creado como Leyes del Poder Popular, se encuentran a saber: La Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular, La Ley Orgánica de las Comunas, La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, La Ley Orgánica de la Contraloría Social, La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, La Ley Orgánica de la Planificación Publica y Popular, La Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria.

En este contexto, consideramos que existe una sólida base constitucional para el nuevo Parlamento Comunal promovido por el dirigente del PSUV Diosdado Cabello (todavía líder de la Asamblea Nacional) quien ha declarado la instalación de este nuevo Cuerpo Parlamentario Comunal Nacional en fecha 15-12-2015.

En efecto, este nuevo órgano no contradice ni disuelve ni obstaculiza el funcionamiento de la Asamblea Constitucional desde el punto de vista jurídico.

Obviamente desde el punto de vista político esta apareciendo un nuevo foro de participación ciudadana o forma de organización popular que asume protagonismo en paralelo al Poder Legislativo, sin embargo esto lo establece el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se refiere a las formas de organización popular para ejercer la soberanía popular directa.

Asimismo este Parlamento Comunal Nacional puede generar decisiones vinculantes, es decir actos jurídicos válidos para la esfera del Derecho Público; por ejemplo aprobar presupuestos para comunas y consejos comunales. Al mismo tiempo esta facultad se deriva del artículo 70 de la Carta Magna, que expresa:

"Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad"

Por su parte, la Asamblea Nacional opositora seguirá ejerciendo su atribución constitucional de aprobar los presupuestos que tradicionalmente le han correspondido a la Asamblea Nacional como el de la nación, el de los estados y municipios. Con certeza esta materia estará subordinada a las maniobras políticas de la MUD y no al interés nacional. Muchos presupuestos serán negados.

En conclusión, la nueva situación política hace probable que se destinen más presupuestos al desarrollo del Estado Comunal, más planes y trabajo social enfocado en ese propósito revolucionario de consolidar el buen vivir a través de los consejos comunales y comunas. Esto pudiera ser un punto de partida para el necesario reimpulso del proceso bolivariano.

Ahora bien en ningún caso, ni siquiera habiendo obtenido 167 diputados en la Asamblea Nacional podrá la oposición legislar fuera de la Constitución porque las restantes ramas del poder público que coexisten con el poder legislativo así como el poder popular o pueblo organizado celosamente como ciudadanos ejerceremos control constitucional sobre las actuaciones de dicha Asamblea y su respeto al principio de progresividad en materia de derechos humanos, de allí la improcedente pretensión opositora de eliminar las leyes del poder popular que significan un derecho conquistado por el pueblo para una mayor participación política. En caso de leyes regresivas, cualquier ciudadano podrá ejercer acción ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según lo establecido en los artículos 334, 335 y siguientes de la Carta Magna.