No parece existir la mejor disposición en las altas esferas del gobierno colombiano para encontrar la mejor salida al actual impase en las relaciones con Venezuela.
Con el paso de los días las cosas se complican y en otro giro inevitable, el Presidente Nicolás Maduro ha recurrido nuevamente a la figura constitucional del Estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, del Estado Zulia, con el correspondiente cierre del paso fronterizo de Paraguachon.
Asimismo, se dado la orden de movilizar tres mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para el reforzamiento de labores de protección en el sector fronterizo, único paso legal hasta Colombia.
La actitud de Santos muestra que no existe la más mínima voluntad de erradicar los delicados problemas que han generado la presente crisis en las relaciones binacionales.
Tanto Santos como su Canciller se han salido por la tangente y pretenden hacer creer, mediante la manipulación mediática y retórica, que Caracas promueve la más despiadada vulneración de los derechos humanos de los colombianos ubicados en la línea que demarca los límites de los dos Estados.
Así es que procede la elite política colombiana. Nunca asume sus obligaciones, escabulle las responsabilidades.
Son los mayores violadores de los derechos fundamentales de miles de personas, afectadas por el desplazamiento forzado (más de 6 millones de campesinos), por las políticas neoliberales, por la acción sangrienta de grupos paramilitares, por campañas de exterminio y aniquilamiento de grupos indígenas, afros, campesinos, por la pobreza y la exclusión, y ahora nos quieren vender la imagen de ser los adalides de la democracia y la protección de los derechos esenciales de la mayoría de la población.
Han hecho por años la más descomunal guerra civil con las trágicas consecuencias ya conocidas por el mundo, y miran para otro lado como si no fuese con ellos.
El Presidente Maduro ha dicho claramente y de todas las formas, que para superar la actual situación se requiere sentar las bases de una "nueva frontera". En los mismos términos se ha expresado la Canciller Delsy Rodriguez, quien es objeto de burlas y estigmas desde la gran prensa bogotana, plagada de idiotas y engominados seudo analistas, pagados para derramarse en elogios sobre las virtudes de la alta diplomacia liberal de San Carlos, que a decir verdad, ha quedado por el suelo en todos los frentes de la política exterior: litigio con Nicaragua, Tribunal de La Haya, presencia en la OEA, desconocimiento de Unasur, de la Celac, del Alba, instalación de bases militares gringas y subordinación a los mandatos del imperio (en el marco de la Alianza para el pacífico) y sus prepotentes flotas navales.
Construir una "nueva frontera", un nuevo sistema de relaciones institucionales, implica asumir sin ambages los principios de la democracia social, los derechos humanos fundamentales, los códigos de la paz, la soberanía, la solidaridad y el respeto por la vida de todos los ciudadanos.
Eso es justamente lo que no quiere hacer el señor Santos.
Caracas tiene por sabido que la causa de todos los problemas, el foco genético de las complicaciones que afectan a la sociedad venezolana, a las conquistas sociales de su población, a la estabilidad del Estado democrático y social de derecho bolivariano, se han identificado en el descomunal contrabando de combustibles y alimentos hacia territorio colombiano; en la proliferante expansión de los grupos paramilitares sangrientos de la ultraderecha de los departamentos fronterizos (Norte de Santander, Arauca, Cesar y Guajira), que siembran el terror y el miedo; en la manipulación monetaria de los cambistas de divisas autorizados por el Banco de la Republica y la DIAN, que encaja en la guerra económica para desquiciar la economía venezolana; y en la operación de rutas fronterizas del narcotráfico que coordinan altos integrantes de los aparatos militares y policiales. Hoy en Colombia, dos carteles de la coca, los del Sinú y el Naya, están bajo el control de generales activos y en retiro de todas las ramas de las FFAA.
Este es el verdadero diagnóstico de los problemas que no quieren admitir en Colombia.
Conformar una "nueva frontera" supone, por lo demás, que Santos asuma la necesidad de una profunda reorganización institucional y política de las regiones fronterizas. En ellas lo que funciona son verdaderos narco estados controlados por potentes mafias asociadas con la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
Esas mafias controlan todas las esferas institucionales y políticas. En la Guajira y en la Costa Caribe, predominan sindicatos delincuenciales asociados con el Vicepresidente de la Republica, German Vargas Lleras y con su partido Cambio Radical, como el de la familia Char, dueños de tiendas Olímpicas, de la Alcaldía de Barranquilla y de otras jurisdicciones como Rio Hacha, Maicao, Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo. En la Guajira imperan bandas muy violentas como la de Kiko Gómez y Oneida Pinto, quienes manejan con mano de hierro todas las rutas del contrabando de combustibles y drogas. Son socios igualmente de Vargas Lleras.
Igual sucede en Cúcuta, cuyo alcalde Donamaris Ramírez, es una vulgar ficha de los Rastrojos y Uribeños. Produce vergüenza que Santos lo haya nombrado recientemente como su vocero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos/OEA, dizque para denunciar atropellos de las autoridades venezolanas.
En Arauca, controlado por militares y paracos, la cosa no es diferente.
Si Santos pretende avanzar en una solución de la actual crisis no debe aferrarse más a la vieja y podrida frontera de paracos, contrabandistas, especuladores y narcotraficantes. Tiene que contribuir a erradicar esas pestes.
Nota 1. La ultraderecha uribista aprovecha la actual situación para presionar el retiro de Colombia de Unasur. Piden la renuncia del Presidente Samper como retaliación por sus posiciones ecuánimes y progresistas (http://bit.ly/1L05hAi)
Nota 2. Oportuno e indispensable el Seminario internacional sobre éxodo humanitario de colombianos en Venezuela, convocado por el Vicepresidente Jorge Arreaza para debatir en Caracas los problemas migratorios y el desplazamiento forzado por la violencia paramilitar.
