Ahora resulta que los malos somos nosotros. La "cándida hermana república" es una víctima del gobierno venezolano que hace un tiempito viola sus Derechos Humanos. Tamaña mentira no la creen siquiera Santos o Uribe y su modosita canciller -que son la misma miasma- la usan para desviar la verdadera razón de la decisión soberana cómo es defender nuestra economía e integridad territorial afectada a través del contrabando de gasolina, de productos de nuestra dieta básica, de aseo personal, sostener el valor de nuestra moneda, preservar la estabilidad política y combatir la entrada de paramilitares. Da risa el "desconocimiento" del "inocente" gobierno colombiano de lo que sucede en la frontera con relación a la economía paralela de las casas de cambio que hunden nuestra moneda a "precios de mercado". Este tipo de casas de cambio ilegales, han tenido una suerte de legalización de facto gracias al gobiernito de Pastrana, quien las amparó a través de un decreto a sabiendas del perjuicio a nuestra economía. Ayer tarde, en un consejo de ministros realizado en Cúcuta ante el cuerpo diplomático, decía "inocentemente" el ministro de Hacienda colombiano "que ellos no sabían nada de la desaparición de los billetes de 100 BsF". De lo otro que se están enterando, los muy "ingenuos", es del contrabando de gasolina, olvidando que hay 12.000 "pimpineros" suerte de bachaqueros de combustible y otros derivados del petróleo, que ellos legalizaron, cuyo único beneficiario es el gobierno colombiano, quien como buen tracalero, lo vende a su mismo pueblo a precios superiores.
Ahora resulta que el gobierno colombiano se preocupa por los Derechos Humanos de sus nacionales. Los migrantes y desplazados -aquí en Venezuela se cuentan más de cinco millones, quienes viven gozando de nuestros mismos beneficios socioeconómicos- los desaparecidos, las fosas comunes, los falsos positivos, no existen y no hay responsables; ahora mismo en unos terrenos cerca de Bogotá, organizaciones de Madres de Desaparecidos buscan bajo la tierra los restos de hijos y familiares. La guerra de más de medio siglo que se mantiene en Colombia, es un invento que ha costado más de medio millón de víctimas y que mantiene en vilo a grandes sectores de su geografía donde gobiernan las organizaciones en conflicto. Las siete bases gringas, que con una legislación especial gozan de total impunidad, pueden violar a mujeres y asesinar personas y no pueden ser juzgados por el gobierno sino por las autoridades de ocupación. Los conflictos que mantienen campesinos colombianos, indígenas y afrodescendientes por el derecho a la tierra parece que no existen, el 4% de la población posee el 96% de la tierra. Poblaciones costeras de pescadores han sido desalojadas para la construcción de hoteles turísticos. Cúcuta es una ciudad que no produce nada, su mejor empresa se llamó "La Casa de las Muñecas". Actualmente, vive a expensas de la riqueza de nuestro país. Por primera vez hay una intención de atender las demandas socioeconómicas de esa población, pero de esos personajes muy poco se les puede creer, "si no la hacen a la entrada la hacen a la salida".
Ahora resulta que para la oposición venezolana, la población colombiana es idiota al abandonar su país -símbolo de paz, libertad, prosperidad y riqueza- viniéndose a vivir a un país como el nuestro, con un "régimen opresor chavista". El cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción en algunos municipios del Táchira, provoca que se le revienten los tapones y se vuelvan a ver las costuras traidoras de la oposición venezolana. Se colocan del lado de sectores de la oligarquía colombiana que son enemigos de su propio pueblo y de nuestro país. Debería darles un poco de vergüenza.
Sociólogo
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