El Estado de excepción tiene una historia que se cruza con la de las grandes revoluciones modernas. Se trata de un instrumento que ha sido utilizado tanto para preservar conquistas de enorme significación (como la revolución francesa) como para prevenir el ascenso del proletariado en Europa (en la época de la publicación del Manifiesto Comunista). Tal diversidad de usos del Estado de excepción recuerda, cambiando lo cambiable, aquello que dijera Croce sobre el Príncipe de Maquiavelo: es como el arte de la esgrima que sirve tanto para los héroes como para los bandidos
Su significado actual, más allá de sus usos en distintos contextos ideológicos, lo define como una medida paradójica que, tras suspender la totalidad o algunos aspectos de una Constitución, crea las condiciones necesarias para la defensa de esa misma Carta Magna contra sus enemigos internos y externos. No existe, en la actualidad, Constitución alguna que no prevea su eventual uso en condiciones de conmoción interna, desastres naturales, terrorismo y subversión. Y en este contexto vale la pena señalar que en esta área destaca también el carácter profundamente humanista de nuestra Constitución al colocar límites, muy precisos, a su aplicación en su artículo 337. El Estado de emergencia o de excepción, en muchos países, es abordado de manera pragmática, de acuerdo con la crisis planteada y sin limitar, de antemano, los poderes excepcionales del ejecutivo o de las autoridades militares para enfrentar dicha crisis. La noción anglosajona de "ley marcial" es el paradigma al respecto.
El reciente decreto de Estado de excepción, por parte del Presidente Maduro, es una medida sensata, articulada a una estrategia global de lucha contra la violencia criminal, que debe ser respaldada, ampliamente, por todos aquellos que creemos que no hay contradicción alguna entre el socialismo bolivariano y un enérgico ejercicio de la autoridad del Estado. Precisamente una de las claves del éxito en la lucha contra la delincuencia, el paramilitarismo y los sectores subversivos de la derecha, se encuentra en la combinación, siempre que el Ejecutivo lo juzgue necesario, del despliegue de las Operaciones de Liberación del Pueblo con decretos de Estado de Excepción sectorizados o por regiones.
Como suele ocurrir en momentos decisivos, en esas encrucijadas existenciales que condensan todo un conjunto de contradicciones sociales y políticas, la legítima decisión del Presidente permite ver, de una manera diáfana, de qué lado se encuentra la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática dentro de la actual coyuntura política Se trata de una coyuntura atravesada por amenazas internas y externas que van desde las maniobras de la Exxon Mobil, a través de sus dóciles agentes en Guyana, tratando de imponer una situación de facto en los territorios que nos pertenecen, pasando por la sistemática infiltración de paramilitares desde Colombia y sus nexos con la derecha criolla, la permanente campaña de descredito promovida por la derecha internacional contra nuestro gobierno, hasta llegar a la guerra económica, el acaparamiento y la especulación. Resulta evidente que todo ello configura un vasto entramado de amenazas, de desafíos a la existencia misma de Venezuela como nación y, por tanto, dicho entramado debe ser enfrentado con firmeza, sin vacilaciones, con instrumentos que permitan cortar el "nudo gordiano" que amarra todos estos factores. Es dentro de ese conjunto de factores que hay que leer el lamentable comunicado de la MUD, triste antítesis de lo que hace, en cualquier parte del mundo, una oposición responsable y leal a la nación. Aunque en Venezuela ya "estemos curados de espantos" no deja de sorprender una posición tan contraria a los intereses nacionales, tan abiertamente favorable a las mafias de contrabandistas y paramilitares que actúan desde Colombia contra nuestros intereses.
Pero no es solamente dentro de la oposición donde es posible encontrar cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Presidente Maduro. También en ciertos sectores de la izquierda que han acompañado, hasta ahora, a la revolución bolivariana, pueden hallarse críticas que reflejan una profunda incomprensión de la dialéctica entre Estado y revolución que es intrínseca al proyecto político chavista. Se trata de una izquierda anti Estado o que desconfía profundamente del Estado desde posiciones principistas, sin una aplicación de la teoría a la realidad concreta de Venezuela. En ocasiones hay en estos posicionamientos una extraña amalgama de anarquismo con liberalismo que nada o muy poco puede decirnos a aquellos que nos identificamos con el chavismo como parte de la construcción de un socialismo a la venezolana, dentro de un movimiento de creación de hegemonía cultural desde lo nacional-popular.
Con estos sectores hay que dar un amplio debate ideológico en todos los espacios donde se construye opinión o se educa políticamente a los sectores populares tratando de disipar, en la medida de lo posible, sus temores y dudas sobre el peso específico del Estado en la actual coyuntura nacional e internacional y la importancia de su defensa para poder seguir avanzando en la orientación estratégica que nos legara el Comandante Chávez.
Juan Antonio Hernández, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh (EEUU), con una especialización en filosofía política contemporánea. Desde el 2013 se desempeña como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Egipto.