Siempre ha existido por parte de nuestra oligarquía avariciosa voracidad para apropiarse del petróleo venezolano, lo que logró parcialmente en 1.975, con la falsa y chucuta nacionalización de Cecilia Matos y Carlos Andrés Pérez, especie de partición de botín entre secuaces que subastaron la patria de Simón Bolívar en indignante componenda delictiva. Ya para octubre de 1.978, el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP, denunciaba en la Revista Resumen No. 258, la debacle que se cernía sobre el país con relación a la dañosa modalidad de esa extraña nacionalización. Observaba Pérez Alfonzo, que los ingresos reales del petróleo descendían cada año, haciendo hincapié en “los efectos de una burocracia soberbia e insensible a los verdaderos intereses del pueblo venezolano, a quien ninguna cuenta rinden, sino por el contrario, todos se lo encubren”. Señalaba que la caída de la participación fiscal se encontraba en “la multiplicación, sin explicación alguna, de los costos y gastos de la operación”, por lo que concluye que se trataba de una “confesión de incompetencia o de mala fe”, por lo malicioso de los informes a los accionistas. En esos informes “preparados para despistar” la jerarquía de PDVSA falsificaba los gastos de inversión, todo por la negligencia de los autodenominados “meritócratas”.

Estimaba Pérez Alfonzo como inadmisible que PDVSA se considerará un ente aislado de sus accionistas, el pueblo venezolano y que tomaran decisiones como si ellos fueran los dueños de nuestra principal riqueza, haciendo caso omiso de la política de defensa nacional, y esos disparates eran consecuencias de la “obnubilación de camarillas de tecnócratas envanecidos por el poder abusivo que atraparon”, lo que es fatal para el pueblo, e insistía, en la concepción abusiva de burócratas y tecnócratas alzados, guiados por sus mezquinos intereses de grupo, sometidos a la influencia de poderosos intereses foráneos, por lo que era inadmisible conferir a burócratas y tecnócratas que nada pierden, la facultad de echar a la suerte los dineros del pueblo. Esa magistral descripción de la burocracia petrolera tiene más de 25 años, por lo que no es de extrañar los escandalosos sueldos de estos sujetos que percibían hasta el mes pasado 837688979990687668 etc., millones de bolívares hasta totalizar para esa macolla unos 12.188 millones al año entre sueldos básicos y otras menudencias.

El terrorismo petrolero se origina en el hamponaje desatado por los destructores de la nacionalidad, y con el terrorismo económico, que es un delito de lesa humanidad, ya que se afecta de forma planificada sistemática y dirigida a la población en general, poniendo en riesgo la vida de todos, violándose el artículo 303 de la Carta Magna, es decir, piensan acabar con Venezuela como parte de la conspiración de la ultraderecha para derogar la Constitución Bolivariana.

Ese terrorismo ha ocasionado destrozos por miles de millones de dólares, padeciendo el pueblo trabajador la escasez de gasolina, gas, aceite, alimentos, por parte de quienes tienen responsabilidades penales y civiles individuales por delitos de traición a la patria que se pueden estar cometiendo en los sabotajes a la empresa, hasta el punto que se consideraron dueños de los tanqueros y buques de la república. Estos actos delictivos de una cúpula mil millonaria con el objetivo de destruir a la patria y a su Fuerza Armada, alcanzan las más altas cumbres de la inmoralidad, y son elogiados por el también terrorismo de los grandes medios de comunicación manipuladores del odio y la mentira. Esa delincuencia traidora ha quedado desenmascarada a los ojos de Venezuela y el mundo.