Juan Fernández, Gonzalo Feijóo, Édgar Paredes, Horacio Medina y otros de la nómina ejecutiva de Pdvsa ya cobraron sus prestaciones. Antes del paro retiraron su parte del fideicomiso en el Banco Venezolano de Crédito. Quizá nada demuestre mejor qué clase de carroña son como, el haberse liquidado las prestaciones sociales en noviembre, dejando en la estacada al personal de Pdvsa que los acompañó en la aventura golpista. El paro petrolero empezó una semana después del 2 de diciembre porque estos sujetos estaban esperando cobrar los bonos y no se paralizaron hasta tanto los hicieron efectivos.

Muchos de los superintendentes y gerencia media petrolera que se paraba en las instalaciones de Pdvsa ordenando a los trabajadores que se retiraran, tomaron la precaución de marcar tarjeta cada día durante el paro. De esta forma pretenden ahora afirmar que ellos no apoyaron la huelga. Sin embargo, el personal encargado de notificarles el despido y anularles el carnet de acceso a los edificios, tiene instrucciones de escuchar sus protestas, expresarles comprensión y decirles que su caso está en estudio para ver si le corresponde algún tipo de prestación. Por otra parte, el abogado Carlos Escarrá prepara las demandas contra quienes causaron graves daños a Pdvsa. La orden es actuar implacablemente contra esos desaprensivos y si hace falta embargarles la casa así se hará.

A pesar del sabotaje informático, Pdvsa logró hoy facturar nada menos que 1.800 millones de dólares de crudo y productos que se encontraba en tránsito al iniciarse el paro. Igualmente se está facturando ya con toda normalidad la gasolina colocada en el mercado interno, que en los primeros días del paro tuvo que salir con notas de entrega. La semana próxima empezarán a pagar a contratistas y proveedores de la industria.

El Universal está entrando en la misma tónica de mentiras imbéciles que El Nazional. La crónica sobre la marcha chavista del 23 de enero da asco. Es un insulto a la inteligencia del lector. Aseguran que sólo participaron 108 mil personas, de los cuales 58 mil vinieron de fuera de Caracas en 620 autobuses. Eso da nada menos que 93,4 personas en cada autobús, es decir, casi el doble de la capacidad normal de uno de esos vehículos. No nos crea, busque El Universal y hallará esa perla. Por un error tan grave seguro que a Andrés Mata le van a dar tremenda pela. Resulta que su mujer, supernumeraria del Opus Dei, regularmente golpea a su pobre marido.

La famiglia Petrica, actuales dueños de la Universidad Santa María (se la robaron, en complicidad con Blanca Ibáñez, a los legítimos propietarios, es decir, a los Fuenmayor, fundadores de esa casa de estudios) no sabe ya cómo resistir la presión estudiantil para reiniciar clases, que esos comerciantes de la educación intentan impedir. Han recibido dos golpes nobles en el único lugar donde les duele: el bolsillo. Por un lado, los estudiantes cuadraron con el Indecu que no se pagará ni medio por los meses de diciembre y enero. El Ministerio de Educación asegura que cualquier intento de cobrar indebidamente esas mensualidades acarreará sanciones severísimas. Pero más daño aún al bolsillo de esos mafiosos fue que los negocios que operan en la sede de Fila de Mariches, bajo alquiler de la USM, tampoco pagarán arrendamientos por decisión de Indecu.

Intesa, la organización delictiva que manejaba los servicios informáticos de Pdvsa y que fue uno de los puntos claves del sabotaje a la petrolera, es un verdadero fraude. Las personas que lograron rescatar el servicio de computación de Pdvsa aún no salen de su asombro al ver que una compañía que cobraba decenas de millones de dólares, empleaba una plataforma tecnológica obsoleta hace una década. Para más inri, todos los programas eran comprados a empresas como Computer Asociated, es decir, no era software a la medida del cliente, sino programas comerciales parcheados.

Hablando de ladrones, resulta que Andrés Sosa Pietri tiene desmesuradas agallas. No se contentó con las ventas fraudulentas de válvulas o el tráfico con información. Más que ladrón es lambucio, pues le vendió a Pdvsa, siendo presidente de esa empresa, La Estancia La Floresta, propiedad de su familia, con un apreciable sobreprecio que, no obstante, son lochitas comparado con el volumen de los guisos que habitualmente realiza.

Luis Ugalde, el rector de la Universidad Católica, sufre ahora un buen ataque de culicardia. El miedo causado por el descubrimiento de sus operaciones contables le llevó a emitir hoy un comunicado justificando por qué paralizó la UCAB. Resulta que las autoridades de los jesuitas en Roma se enteraron de sus pintorescos manejos financieros, por lo cual le están pidiendo cuentas detalladas de su gestión, así como a Arturo Sosa, superior provincial de la orden en Venezuela, por haber alcahueteado esos desaguisados (más bien guisados). En pocas semanas veremos rodar muchas cabezas jesuíticas, no sólo por sus latrocinios sino, y sobre todo, por su estupidez, al cuadrar a la orden con el bando perdedor. A pesar de su adulancia y de su petulancia, ya sabe que pasará sus últimos años en algún lugar de castigo de los que disponen los jesuitas para ladrones y traidores.

Juan Carlos Escotet echa chispas contra sus colegas bancarios. Le negaron cualquier crédito para solventar la iliquidez de Banesco ante el retiro de fondos ordenado por el gobierno. Resulta que los más duros contra él fueron Oscar García Mendoza y Gustavo Marturet (capos del Venezolano de Crédito y el Mercantil, respectivamente), que lo empujaron a la aventura golpista. El pobre Escotet siente ahora el profundo desprecio de la oligarquía bancaria hacia el hijo de un inmigrante catalán, que ahora no tiene dinero ni para continuar las obras en el antiguo edificio de Maxis en Bello Monte, donde los contratistas se paralizaron por falta de pagos y por no querer invertir más recursos en un banco estructuralmente quebrado. Escotet llama su “galpón” a ese edificio, la vieja sede de Sears. En ese edificio, que quería inaugurar el 3 de diciembre y realizar allí la fiesta de fin de año del grupo Banesco, pensaban centralizar las operaciones de Banesco. Muchos contratistas quedaron ensartados, entre ellos Ramón Imery, de ascensores Cavenas, aunque en este caso Escotet tendrá cien años de perdón.