El siguiente documento fue sido respaldado por alrededor de 130 firmas de
estudiantes de la ULA, entre ellas la del presidente de la FCU,
Tareck El Aissami. Se leyó en ejercicio de un derecho de palabra ante el
Consejo Universitario el viernes, 17 de enero de 2003.

El reinicio pleno de actividades debe ser del mayor interés para todos los miembros de la comunidad universitaria, independientemente de la opción política por la que se inclinen. Ante la actual coyuntura histórica que transita el país, el papel de la universidad no puede ser otro que el de buscar activamente las soluciones que la sociedad demanda. Cerrarle las puertas de la institución a los estudiantes y darle la espalda a la realidad de nuestro país, no puede ser considerada una opción válida por nuestras autoridades universitarias. Si nuestra universidad se convierte en una sucursal de un grupo político, y por seguir una directriz de cúpulas empresariales y partidistas le da la espalda al papel que está llamada a desempeñar en nuestra sociedad, como espacio necesario para el debate abierto y la crítica social, perderemos todos.

Un profesor o un empleado universitario que pretenda que su militancia política le da licencia para incumplir con sus responsabilidades con la universidad, simplemente no tiene sino una noción sumamente torcida de lo que es su papel en nuestra sociedad. Si un profesor renuncia a realizar el trabajo por el cual se le paga un sueldo, debe igualmente renunciar a cobrar dicho sueldo, de lo contrario incurre en un hecho de corrupción. Justificar la corrupción a nombre de la “desobediencia civil”, “la defensa de la libertad”, o cualquier otra cosa por el estilo, no es sino un ejercicio intelectual sumamente extravagante que no puede ser tomado en serio. Desde hace tiempo es conocida la triste costumbre de algunos profesores de cobrar su sueldo completo a pesar de incumplir con sus deberes en la docencia, faltando regular e injustificadamente a clases. Para esto nunca hizo falta el artículo 350 de nuestra constitución. En este momento las autoridades tienen la tremenda oportunidad de sentar un importantísimo precedente en este sentido, declarando que el profesor que no dé clases no debe cobrar el correspondiente sueldo. Semejante resolución trascendería la coyuntura política actual para ser un elemento clave de una nueva universidad, en la cual la corrupción no sea consentida.

Los estudiantes no somos simplemente un sector más de la universidad, somos su razón de ser. Una universidad sin clases no puede considerarse una universidad abierta, pues sus funciones administrativas están justificadas por el hecho educativo, estas no son un fin en si mismo.

La cuestión del reinicio pleno de actividades de la universidad no puede plantearse en los términos simplistas de una confrontación entre gobierno y oposición, o entre el mal llamado “”oficialismo” y la muy mal llamada “sociedad civil”, como lo han hecho sectores ligados a la oposición.

Como quedó demostrado en la asamblea intergremial realizada el viernes 10 de enero del presente año, existe una voluntad manifiesta en los diversos sectores que hacen vida en la ULA de reiniciar actividades en el pregrado, así como que existen las condiciones objetivas para ello. Está claro que los universitarios no podrán alegar en el futuro que no estuvieron a la altura del momento histórico actual por falta de gasolina.

Rechazamos enérgicamente el uso que un grupo de profesores ha hecho del nombre de nuestra universidad al llamar “Gente de la ULA” al recién creado brazo universitario de la Coordinadora Democrática. Consideramos inaceptable que se pretenda identificar a esta institución educativa con una filiación partidista. Consideramos una perversión del lenguaje el hecho de que la palabra gente, se convierta en un título monopolio de una agrupación política en nuestra universidad, así como a nivel nacional el título de miembro de la “sociedad civil”, sólo corresponde a quienes participan de esa misma corriente ideológica. Con estas prácticas, quienes usurpan la consigna de las Madres de la Plaza de Mayo, “Ni un paso atrás”, den un enorme salto histórico atrás, hasta llegar a la época en que el título de Señor era monopolio exclusivo de una clase social. No admitiremos semejante barbaridad.
La Universidad tiene el ineludible deber de honrar la memoria colectiva. Con tristeza observamos como la desmemoria se convierte en capital político de algunos universitarios. Muchos de quienes hoy son profesores en la ULA vivieron como estudiantes la experiencia de ver las universidades cerradas por la acción bestial del gobierno de Rafael Caldera, hace más de 30 años. En aquella ocasión la comunidad universitaria pagó un altísimo precio en persecuciones, torturas y asesinatos su digna defensa de la universidad. ¡Cómo han cambiado las cosas! Lo que sólo pudo lograr la bota militar en aquel entonces, resulta que hoy es la pretensión de un grupo de profesores universitarios, quienes demostrando una insensatez tragicómica, justifican su anhelo criminal de ver la universidad cerrada tras la necesidad de “recuperar la democracia”. La universidad venezolana experimentó suficientemente los rigores de ese sistema político que los hipócritas bautizaron “democrático” para ser precisamente quien propicie su regreso. La sangrienta represión gubernamental hace más de 30 años no hizo mella en la voluntad de la comunidad universitaria de mantener la universidad abierta, y la lección moral que de allí se desprende cobra hoy más vigencia que nunca. La universidad debe honrar la memoria de sus mártires en la lucha contra el fascismo. Estamos comprometidos a no permitir que la universidad vuelva a ser cerrada por sus enemigos históricos.


Simón Rodríguez Porras
Estudiante de la Licenciatura en Música de la Universidad de los Andes