Sorpresa e indignación nacional ha causado la decisión adoptada ayer ocho de agosto por una mayoría espúrea del Tribunal Supremo de Justicia, la cual como todo parece indicar persigue librar de toda culpa a un conjunto de oficiales de alta graduación de la Fuerza Armada Nacional quienes, violando el juramento de defensa a la Constitución nacional, participaron, durante los sucesos ocurridos entre el once y catorce de abril pasados, de manera pública y notoria, en la ejecución de un golpe de estado en contra del estado de derecho y las autoridades legítimas del régimen democrático venezolanos.

Nosotros como miembros de la sociedad democrática venezolana, y actuando en su representación, consideramos necesario mostrar nuestro repudio ante tales intenciones y advertir de las serias consecuencias que tendría la misma de concretarse tales propósitos al interior de la máxima autoridad judicial venezolana.

La adopción por parte de la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de una decisión que consagre la impunidad de los sectores que se rebelaron y llegaron a abolir el orden constitucional venezolano, suprimieron la vigencia de derechos humanos fundamentales, destituyeron las autoridades legítimas e instalaron en su lugar otras autoridades ilegítimas durante los graves sucesos ocurridos el pasado mes de abril, cuestiona la vigencia de las instituciones democráticas nacionales, en particular, del mismo Tribunal Supremo de Justicia, colocando a quienes apoyan estas intenciones peligrosamente al margen de las leyes y del estado de derecho democrático que los venezolanos hemos aceptado darnos a nosotros mismos, y deja la puerta abierta a la ocurrencia de nuevos intentos de rebelión militar en contra de la sociedad y estado democráticos existentes en nuestro país.

Sí hubo golpe

La comunidad internacional en su inmensa mayoría e incluso la doctrina jurídica y política en el ámbito mundial concuerdan en reconocer la ocurrencia de un golpe de Estado en Venezuela, en tanto se verificó la sustitución de un gobierno legítimo a través de mecanismos inconstitucionales, al tiempo, que el golpe de estado fue acompañado, promovido, facilitado o soportado por individualidades o un sector importante de la fuerza armada quienes a través del desconocimiento de las autoridades del gobierno legítimo y mediante una acción sorpresiva, la cual siempre persigue asegurar el éxito con el mínimo empleo de violencia física, por lo cual no es necesario que exista violencia, aunque es falso que durante los sucesos de abril no la hubiera, para que ocurra un golpe de estado. Al tiempo que la doctrina reconoce igualmente que es imposible que en una nación se verifique un golpe de estado sin la participación activa de por lo menos un grupo militar, o al menos, de la neutralidad o complicidad pasiva de todas las fuerzas armadas o de un sector importante de ellas, en cuyo caso están sujetos a la misma responsabilidad por el golpe de estado.

Por otra parte, los esfuerzos tendientes a imponer una decisión extraña a la verdad y a la justicia introducen en al ambiente político venezolano factores adicionales generadores de división social que podrían dar pie, al igual que en naciones hermanas, a procesos prolongados de inestabilidad política y en poco o nada contribuyen al restablecimiento de un clima de paz y conciliación nacional en el cual la mayoría democrática del país está actualmente involucrado.

Un obstáculo principal para el proceso de reconciliación nacional lo constituye la utilización por ciertas individualidades o parcialidades políticas de las fuerzas policiales como ejércitos privados al servicio de causas particulares. Destaca igualmente el exceso en la actuación de organismos policiales durante las recientes manifestaciones que han culminado en violencia, por lo que llamamos la atención de los entes competentes a que intervengan inmediatamente a fin de interrumpir un proceso que viola principios y derechos básicos de nuestra constitución y amenaza con convertirse en una escalada de violencia con alcances generales.

Por último, deseamos advertir que la inoperancia o lentitud de los mecanismos judiciales y de defensa de la Constitución nacional y demás leyes de la República promueven la percepción social de un ambiente de impunidad y anarquía general que no contribuye a la normalización de la vida y actividad nacionales, por lo que resulta conveniente realizar los esfuerzos necesarios para elevar la eficacia de estos entes públicos en beneficio de la paz y concordia nacionales.