Ni la vía electoral, ni el golpismo, le han permitido a los apátridas
contrarrevolucionarios desequilibrar y destruir nuestra democracia
revolucionaria, por tal motivo apelan a una maléfica estrategia, que ha sido
empleada contra el pueblo en muchos lugares del mundo para desprestigiar los
procesos de cambio, el Acaparamiento y la Especulación, como lo hemos vivido
recientemente los venezolanos y las venezolanas con el café, la leche y el
azúcar, entre otros productos de la cesta básica

Empresarios y productores golpistas, los mismos que se aliaron en aquel
diciembre nefasto de "paro general", fracasado por la voluntad y el coraje
popular, se dedican a almacenar mercancía, sin justificación alguna, lo cual
se interpreta como acaparamiento dada la proximidad del ajuste en el precio
de venta de los productos ilegalmente retenidos por los productores y
distribuidores. A su vez, los medios de comunicación social comerciales, los
jinetes del Apocalipsis, crean un clima de temor dentro de la población
resaltando cada minuto a través de la radio, prensa y TV, "que hay una
escasez de alimentos", matriz de opinión que obedece al plan
desestabilizador que persigue ahora un objetivo:* "Atemorizar al pueblo,
decepcionar al pueblo y ponerlo en contra de su revolución"*, tal y como
ocurrió en Chile, en Nicaragua y en otros países que adelantaron procesos
revolucionarios antes que el nuestro.

El delito de Acaparamiento y el de la Especulación, deben ser vistos como un
crimen similar al de Traición a la Patria. Esos trabajadores informales, que
exhiben sin un ápice de vergüenza el café, la leche y el azúcar a precios
exorbitantes, en muchos casos el doble y el triple del precio regulado, son
tan cómplices de este delito como los acaparadores y los especuladores, así
como son cómplices aquellos consumidores que les compran la mercancía aún
cuando saben que son delincuentes y que merecen ser penados.

El presidente Chávez ha prometido luchar sin descanso contra estos delitos,
pero el pueblo debe apoyarlo. Jamás acabaremos con la impunidad, con la
especulación y con el acaparamiento, si nosotros y nosotras no luchamos
junto con el gobierno revolucionario. El presidente designó una Comisión
Especial para el diagnóstico sobre el monopolio, acaparamiento y
especulación de bienes y servicios, a fin de revisar leyes y reglamentos
que sean útiles al Ejecutivo para tomar acciones inmediatas en contra de
estos delitos, así como realizar una mesa de trabajo con participación del
Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría, Ministerio de Planificación,
Poder Ciudadano, consumidores organizados y el secretario del Consejo
Nacional de Defensa, que permita elaborar estrategias para exterminar estos
delitos criminales contra el pueblo venezolano.

La actual Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU), publicada el
04 de Mayo de 2004 en la Gaceta Oficial No. 37.930 de la República
Bolivariana de Venezuela, dispone:

- "*El delito de acaparamiento es sancionado ahora con cárcel de uno a
tres años y con una multa que puede llegar también a las
3.000unidades tributarias. La alteración fraudulenta de precios será
castigada
con sanción de uno a cuatro años de prisión y hasta Bs.74 millones de
multa.* *Pero la pena aumentará en 50% si las conductas recaen sobre
productos alimenticios, medicamentos, viviendas u otros bienes declarados de
primera necesidad. *La ley establece además multas en el caso de
publicidad falsa y engañosa, el comercio fraudulento y el trato
discriminatorio hacia los consumidores, así como multas a los proveedores de
servicios públicos cuando incumplan con sus obligaciones, entre otras
actividades ilícitas"

Veamos cómo cataloga el derecho penal este delito del Acaparamiento:

"Comete esta infracción «el que acumula mercancías de cualquier género con
intención de lucrarse en el aumento de precio que necesariamente se deducirá
de la escasez provocada en el mercado». Este delito es de matiz
esencialmente económico, y se sanciona por las graves repercusiones sociales
que acarrea. Exige en muchos casos, como elemento circunstancial, una
situación de alteración económica propia de guerras, estragos, catástrofes u
otros tipos de adversidades públicas, con lo que la figura puede llegar a
revestir particular gravedad, máxime cuando la especulación recae sobre
sustancias alimenticias u otros objetos de primera necesidad. Cuando esto
acontece, el campo del delito se amplía, configurándose como conductas
asimiladas a la tenencia de mercancías en cantidad superior a la declarada y
a la que exigen las precauciones normales del comercio, así como la
retención de productos y alimentos, sustrayéndolos a la venta. Incurren
también en él «los que esparciendo falsos rumores o usando de cualquier
artificio consiguieren alterar los precios naturales que resultarían de la
libre concurrencia de mercancías o cualquier otro género de cosas que fueren
objeto de libre contratación». Esta infracción exige los siguientes
elementos:
1) El hecho de esparcir rumores o la realización de cualquier conducta
encaminada a alterar los precios naturales de las cosas.
2) Que efectivamente se produzca una alteración en los precios: para
que se consume la infracción ha de darse este elemento, ya que, en otro
caso, la figura quedará en delito frustrado o tentativa.
3) Que el ánimo del delincuente esté precisamente dirigido a este fin
de alterar los precios de las cosas. Si actuase con intención política o de
otra índole, ajena a la finalidad estrictamente económica que exige esta
figura, o bien no existiría delito, o éste sería de otra naturaleza. Esta
intencionalidad que recalcamos imposibilita la comisión culposa de la
infracción.

BIBL.: A. QUINTANO RIPoLLÉS, Tratado de la parte especial del Derecho penal,
III, Madrid 1962, 175 ss.; íD., Nueva doganática del Derecho penal
económico, «Rey. de Derecho Mercantil» (1953); N. UNGRIA, Dos crimes contra
a economía popular, Río de Janeiro 1939.

Debido a que el Derecho Penal cataloga estos delitos como de carácter
económico y a tales efectos se le penaliza, el Presidente Chávez ha
propuesto crear una Ley Especial para combatir el acaparamiento, que en este
caso, tiene fines de desestabilización política. Pero más allá de la acción
de los poderes del Estado, del Ejecutivo Nacional en la figura del
Presidente y del poder Legislativo, que construirá la Ley de Emergencia
contra estos delitos, sólo el pueblo organizado, junto al gobierno
revolucionario, podremos vencer estos crímenes en contra de la Patria y la
Revolución Bolivariana.