Articulo publicado en Marea Socialista 41
La impunidad ha hecho que la estafa y el robo hacia quienes vivimos únicamente de nuestro trabajo, se haya vuelto una práctica cotidiana y normalizada por parte de los empresarios venezolanos. Es motivo de esta nueva sección “Perfiles de la burguesía ‘productiva’ venezolana” relatar y denunciar varios de los tantos casos de los que somos víctimas día tras día, y por supuesto: desenmascarar a los empresarios responsables de estos hechos.
A través de información suministrada por una de las personas afectadas, pudimos conocer el caso de estafa hacia un grupo de 72 personas por parte de la empresa Macau Motors, encargada de la venta de autos Chery en el estado Anzoátegui. Hasta los momentos, y a pesar de todas las denuncias, el dueño de la empresa, Sr. Jose Manuel Argiz, el director de dicho concesionario, Franklin Escalante, y el abogado de la empresa Luis Pérez, han quedado impune ante el robo más descarado.
Desde el mes de Octubre del año 2012, están esperando la entrega de unos vehículos ya cancelados (en algunos casos hasta su totalidad), por parte de dicha empresa. Haciendo valer sus derechos como consumidores, y defendiendo el gran esfuerzo que significó para cada una de estas personas reunir el dinero para la compra de un vehículo, se organizaron e investigaron a fondo una gran trama de corrupción y estafa por parte del dueño de ese concesionario en complicidad o con participación de la burocracia.
En un primer momento, el concesionario alegaba que no había entregado los vehículos debido a que la planta de Aragua supuestamente no los había suministrado, sin embargo, desde dicha planta informaron que ciertamente si los habían suministrado. Posteriormente se dieron cuenta de que los vehículos que les correspondían habían sido negociados con personas que habían pagado por otros medios un “cupo” para obtener el vehículo. Y esto no es todo, el concesionario también incurre en varias irregularidades como: exigir a los clientes a comprar una serie de accesorios al vehículos (tapicería de cuero, tranca palancas, etc.) alegando que esa es su ganancia. Y peor: obligan a que todos los clientes aseguren su vehículo con la compañía La Venezolana de Seguros, seguro que muchos de los estafados cancelaron en su totalidad para un vehículo que después de casi dos años aún no les ha sido otorgado.
Posterior a la excusa de que la planta de autos Chery no les había entregado aún los vehículos, el concesionario les comunicó a varios de los consumidores que ya no había existencia de algunos de los modelos que ya habían adquirido, haciéndolos cambiar la compra por vehículos de mayor valor, para así el concesionario obtener más dinero.
Las denuncias realizadas
Siendo víctimas de una vil estafa, se dirigieron hasta el INDEPABIS de la región Anzoátegui presentando la denuncia que en otro momento trasladarían a la sede nacional (en Caracas) de la misma institución. Con esto, lograron que desde la institución ordenaran la suspensión de la actividad económica y el bloqueo de las cuentas bancarias del concesionario. Sin embargo, a pesar de haber dado esa orden, la medida nunca fue acatada, y comercializaron por otra vía los repuestos y el servicio de vehículos en otro concesionario “VENEAUTOS” perteneciente al mismo empresario.
En vista de que a través del INDEPABIS no habían logrado exitosamente la denuncia y el castigo hacia los estafadores, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, así como también realizaron una rueda de prensa para hacer de absoluto conocimiento público la situación que estaban atravesando. Ante este hecho, el Consejo Legislativo de Anzoátegui presentó un pronunciamiento a través del diputado José Castro, y se procedió a la fiscalización del concesionario donde se constató la estafa.
Más recientemente, este mismo año en el mes de Marzo, el abogado de la empresa Macau Motors, el Sr. Luis Pérez, realizó una convocatoria a los consumidores para una reunión en el despacho de la fiscal no. 20 Yulimar Amaricua. Parcializada hacia la empresa, la fiscal incluso acusó a los estafados de estar cometiendo un acto de usura con la petición que le estaban realizando a la empresa de reconocer el costo actualizado de los vehículos que ya habían cancelado para devolverles su dinero. Además de esto, la fiscal los culpabilizó por aceptar los términos de compra que impuso el concesionario, en los que no emitió factura alguna, sino un documento que indicaba que se iba a realizar un “futuro negocio”, lógica de acuerdo a la cual la empresa no debía responsabilizarse por el dinero que ya habían otorgado. Y por si fuera poco, ante la propuesta del abogado de que las personas adquirieran otro vehículo, manifestó que si las víctimas así lo deseaban, deberían pagarle al concesionario el monto de la diferencia por la compra del nuevo vehículo.
¿Quién es este “honorable empresario responsable y productivo”?
En las reuniones con el abogado de la empresa Macau Motors, el mismo personaje admitió que el dueño del concesionario, también era dueño de otros concesionarios, ofreciéndole a los ya estafados la compra de vehículos de marcas como Kia, Fiat y Mitsubushi (desembolsillando más dinero, por supuesto). De la misma manera, admitió que el empresario también es dueño de La Venezolana de Seguros, y del Banco Activo, entidad financiera en la que el abogado ofreció facilitar la entrega de créditos para quienes quisieran comprar alguno de los nuevos automóviles que estaba ofreciendo, para posteriormente retractarse.
¿Desprotegidos?
Este caso fue conocimiento del INDEPABIS –en su momento-, el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, el Ministerio Público, la fiscal no 20 Yulimar Amaricua y pare usted de contar. Hasta ahora, la actuación de todos esos organismos y personajes, claramente no ha sido otra sino la defensa de un estafador, dejando a las personas indefensas y a merced de cualquier ataque que tenga la “burguesía consciente y comprometida con el desarrollo“. El Sr. Franklin Escalante, director de este concesionario, responsable de esta estafa junto al empresario José Manual Arguiz, dueño de La Venezolana de Seguros y el Banco Activo, continuarán estafando con toda la impunidad que ya han adquirido junto a una serie de funcionarios del Estado.
Principalmente la fiscal Yulimar Amaricua y el director regional de INDEPABIS Anzoátegui, Francisco Álvarez se hicieron la vista gorda, ya que el diputado José Castro hizo lo posible por resolver algo y le impidieron seguir con el caso alegándole que no era competencia del consejo legislativo, y en INDEPABIS Caracas decretaron la medida y realmente solicitaron la congelación de las cuentas de este concesionario, pero el regional nunca hizo seguimiento para q ellos cumplieran con la medida.
Nos preguntamos, finalmente, si son este tipo de “empresarios responsables y con conciencia” los que cumplen con el perfil necesario para seguir asistiendo a las mesas de diálogo de paz. La lucha en defensa de las conquistas del Pueblo Bolivariano, y la lucha porque en casos como estos se haga justicia, pasa por combatir a las dos personificaciones del capital: la burocracia y la burguesía. Ello, pasa por hacer eco de este tipo de denuncias que ponen al descubierto los acuerdos que hay por parte de empresarios en conjunto con personas dentro del Estado.
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