Con apátridas y serviles políticos se mueve por fronteras y ciudades el caballo de Troya de la intervención.

La voladura del oleoducto Ulé-Amuay y el intento de sabotaje contra dos importantes subestaciones eléctricas de Maracaibo podrían tener el sello de la CIA y de otras agencias extranjeras hostiles al gobierno de Venezuela.

Después del retiro del gobernador Manuel Rosales de los comicios parlamentarios, se produjo “una terrible situación de desestabilización”, denunció Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa.

Colombia activó una nueva unidad militar - la Brigada 30 del Ejército- para intensificar la seguridad y la vigilancia en la frontera con Venezuela.


A finales de 2001 fue captada una conversación entre miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos y militares colombianos. Fue cuando se discutía el destino de los recursos del Plan Colombia para proteger la infraestructura energética del vecino país en la frontera con Venezuela, declarada objetivo militar y, en consecuencia, atacada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y posteriormente, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

En esa oportunidad, según la fuente, los interlocutores ya indicados, analizaban la situación particular del departamento de Arauca donde opera la Occidental Petroleum , más conocida como la “Oxy”, la cual maneja el oleoducto de setecientos kilómetros que transporta crudo desde esa zona -Caño Limón- hasta el puerto de Coveñas, en el departamento de Sucre, zona litoral del Caribe colombiano.

El receptor escuchó que aprovecharían esta base en Arauca, denominada Revéis Pizarro, para desestabilizar la región de la cuenca petrolífera del lago de Maracaibo.

Esta información fue recibida en Venezuela en los días aciagos de diciembre de 2002 cuando estaba en marcha el sabotaje petrolero y el paro empresarial desencadenados con el apoyo de Estados Unidos para derrocar el gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez Frías.

Es necesario precisar que en 1983, la mencionada empresa estadounidense ubicó el yacimiento de Caño Limón en Arauca, y que en 1985 ya estaba sacando petróleo a través de un contrato de Asociación con Ecopetrol, que contempla 50% para la petrolera colombiana y 50% para la trasnacional Oxy. En este negocio también participan la angloholandesa Shell y la firma española Repsol-YPF, poseedora del 6,2% del yacimiento.

Los indígenas U`wa denunciaron a la Repsol y a la OXY por haber invadido sus territorios en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander para buscar petróleo.

Representantes de esa etnia dijeron que ambas operadoras ingresaron a sus espacios sin el consentimiento de las comunidades y violentaron sus territorios en clara trasgresión de la Constitución de Colombia. Así mismo, denunciaron que durante tal intervención, los bienes y las maquinarias de las transnacionales fueron custodiados por efectivos del ejército colombiano y por paramilitares que asesinaron a varios líderes indígenas.

Desde el puerto de Coveñas, el crudo de Arauca es embarcado en tanqueros que lo llevan a Estados Unidos para refinarlo. De acuerdo con informes de la Unión Sindical Obrera, que agrupa a los trabajadores petroleros de Colombia, de este yacimiento se han extraído hasta ahora, más de 910 millones de barriles, de una reserva estimada en mil 300 millones de barriles. Esta cifra representa 30% de la producción petrolera en el vecino país. La OXY es la segunda empresa en la lista de las firmas foráneas que explotan crudo en Colombia.

La firma española Repsol-YPF, además de su cuota en Caño Limón, tiene otros importantes intereses en el departamento de Arauca, como el yacimiento petrolífero de Capachos I, en el municipio de Tame.