Toda guerra –hasta la más justa y la menos sangrienta– es un retroceso en la civilización. Pero la de Irak está marcando un escandaloso proceso de destrucción de las instituciones en Estados Unidos, sociedad que mucho ha luchado por ellas y puede preciarse de haber logrado importantes avances de convivencia, empezando por su propia Constitución. Los "padres fundadores" que firmaron aquel documento pionero hoy estarían avergonzados por las actuaciones de sus gobernantes. Son sangrientamente regresivos los que propician matanzas de inocentes en nombre de Alá; pero quienes creemos en otra clase de valores estamos obligados a ser consecuentes con ellos.

George W. Bush y su gobierno no lo han sido. Para empezar, se lanzaron a una guerra al margen de las leyes internacionales, en contra de la ONU y con base en mentiras deleznables, como unas armas de destrucción masiva que Saddam Hussein nunca tuvo. Se produjeron luego reiterados desafíos a las normas internacionales de convivencia y el tejido básico de los valores humanitarios. Instituciones como el hábeas corpus y la justicia independiente, conseguidas tras luchas seculares de la razón contra la barbarie, quedaron sepultadas en el campo de reclusión de Guantánamo, donde hay presos que llevan más de dos años maltratados, sin abogado defensor ni acusaciones claras. Pactos como la Convención de Ginebra, acordados por todos los países para hacer menos crueles las guerras, fueron desconocidos mediante simples memorandos de quien luego fue premiado –desoladora paradoja– con el ministerio de justicia. Tribunales como la Corte Penal Internacional, diseñada para juzgar crímenes de lesa humanidad, han sido objeto de escarnio y ataques del país más poderoso del planeta. Hace apenas un par de días, la administración Bush anunció que sancionaría económicamente a ocho países latinoamericanos que no han renunciado a acudir a este tribunal si el acusado es un ciudadano de Estados Unidos.

Lo peor es que, en vez de disminuir las violaciones del derecho de gentes, con el paso de los días se conocen más episodios ilícitos protagonizados por el gobierno de Washington. Un ex soldado suyo confesó a la televisión italiana que su tropa utilizó en la toma de Faluya (Irak), a fines del 2004, bombas de fósforo blanco, que es una forma de guerra química prohibida por la ONU. A su turno, The Washington Post reveló la semana pasada que Estados Unidos mantiene una red de cárceles secretas en países de Europa del este, Tailandia y Afganistán, donde encierra sin fórmula de juicio a más de cien supuestos terroristas. Algunos han sido secuestrados en otros países y llevados allí en vuelos clandestinos que hicieron escala en naciones amigas, como España, sin informar a los respectivos gobiernos.

Lo más deplorable es, quizás, la campaña oficial, y en particular del vicepresidente Dick Cheney, por imponer la tortura como recurso legítimo. No solo la defienden sus documentos internos, sino que los militares de Estados Unidos la han practicado en prisiones como la de Abu Ghraib, en Irak, y aceptan que trasladan a algunos de sus presos a países autoritarios para que reciban tormentos físicos en mazmorras ajenas. Aparte de ser este un monumento a la hipocresía, constituye grave atentado contra la civilización. El Senado estadounidense aprobó hace poco, por 90 votos contra 9, una enmienda que prohíbe la tortura, y Bush afirma con descaro que la vetará. Lamentablemente, esa misma corporación, de mayoría republicana, aceptó recortar los derechos de los presos de Guantánamo, al permitir que respondan ante tribunales militares.

Parece increíble que esta clase de retrocesos descivilizadores se produzca en un país que se proclama defensor de los valores occidentales y que lo ha sido en más de una ocasión. Podemos decir, afortunadamente, que los estadounidenses rechazan cada vez con mayor vehemencia semejantes actuaciones. Una encuesta del 4 de noviembre muestra que el 60 por ciento de ellos repudia la gestión de Bush. Dinamitando sus símbolos, el atentado terrorista de septiembre del 2001 atacó de modo brutal las instituciones en las que creen los ciudadanos de ese país. Quebrantarlas y desconocerlas, como lo está haciendo su propio gobierno, es una manera más dañina de socavar cuanto tiene de admirable la democracia estadounidense.

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