Para nadie es un secreto que la revolución bolivariana tiene grandes retos por delante. Retos que, por cierto, podrían socavar el proceso de solidificación de las bases por el que ha pasado en estos últimos años. Aunque para cualquier analista los retos políticos y geopolíticos serían los más obvios a identificar, quedan sin embargo aquellos que los libros de historia y las lecturas de “laboratorio” no mencionan; a saber, el mejoramiento de los servicios públicos. Heredera de un servicio público arcaico, además de medieval, la revolución bolivariana debe modernizarlos para que el ciudadano sienta que su nivel de vida no sólo ha mejorado porque ha llegado un vaso de leche a la escuela, sino porque ya no hace falta “hacer cola” ni sobornar a nadie para procesar los documentos básicos para el funcionamiento de la vida común. Aquí adelanto algunos de estos retos:

1. Modernización del sistema de cedulación a nivel nacional. Antes de improvisar cuadrillas de personas inexpertas, Venezuela necesita un sistema masivo de cedulación con equipos digitales, personal calificado, y un horario de atención al público las 24 horas.

2. Simplificar el proceso de expedición de las partidas de nacimiento y de matrimonio. Registrar un acta de nacimiento en la Venezuela de hoy puede muy bien parecerse a un acta de defunción. Lo más eficiente sería que el mismo hospital expidiera el acta de nacimiento. Pero no ésa con papel sellado, y con declaraciones en una prosa risible y cuestionable, sino un documento igualmente digitalizado y simple, donde se indique solamente el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento. De la misma manera, la partida de matrimonio debería ser un certificado breve donde se indique el nombre de los contrayentes, y no esa engorrosa declaración que usa un vocabulario parecido a la época de la inquisición.

3. Omitir, por siempre y para siempre, ese innecesario registro de diplomas universitarios. Si tal registro fuere indispensable, sería más eficiente que la misma casa de estudios, avalada por su poder institucional, procesara dicho registro en una especie de “operación comando”, antes de hacer que los nuevos doctos y letrados pasen por ese via crucis.

Si habláramos de insuficiencia de dinero, de exceso de personas empleadas, o de falta de quejas del ciudadano común, la falta de implementación de estos elementales cambios sería justificable. Pero no, se trata simplemente de asumir y vencer este reto como si fuera “seguridad de Estado”.

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