FRANCIA vivió ayer su jornada más violenta desde que hace ya diez días un incidente aislado en un suburbio de París desencadenara una ola de vandalismo como no se recuerda en los últimos años en el país vecino. Casi un millar de vehículos y varios edificios fueron incendiados sólo en la noche del sábado, como continuación de los incidentes que se han venido produciendo sobre todo en la periferia de la capital. Lo más grave es que la violencia se ha extendido ya a las principales ciudades del país y que el Gobierno francés parece incapaz de controlar una situación que no ha hecho sino deteriorarse en los últimos días. La rebelión de los suburbios ha cogido totalmente por sorpresa al presidente del Ejecutivo, Dominique de Villepin, y a su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy -inmersos en un enconado pulso político-, incapaces de poner en marcha medidas que ayuden a restablecer el orden. Son muchos los analistas que están alertando sobre la gravedad de un fenómeno que tiene su origen en una realidad social insoslayable: los problemas de los inmigrantes, y también de los inmigrantes de segunda generación, para encajar en una sociedad en la que están destinados a ocupar los escalones más bajo y a vivir en bolsas de marginalidad. Las algaradas que se están produciendo en Francia y que están poniendo en jaque al Estado tienen su origen en la protesta en las zonas de inmigración de París tras la muerte de dos jóvenes delincuentes cuando huían de la Policía. Pero cuesta trabajo creer que un movimiento capaz de alterar la vida ciudadana con la virulencia del que está sucediendo en Francia sea sólo el fruto de una espontánea protesta juvenil no esté movido por otro tipo de intereses que busquen la desestabilización política de ese país. Ésa es la línea de interpretación de algunos responsables del Gobierno galo. Lo que sí parece seguro es que Francia está pagando durante estos días los errores de más de tres décadas de política migratoria durante las que no ha sido capaz de poner en marcha políticas tendentes a la plena integración social de los trabajadores llegados de fuera. Como también parece seguro que las autoridades francesas deben actuar ya con energía para no dejar que el orden público siga deteriorándose y se les vaya de las manos, lo que equivaldría a la deslegitimación social del Gobierno.

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