Más que una crisis económica asociada con una recesión del aparato productivo como la que ocurre en el sistema central capitalista desde el 2008, lo que afecta en estos momentos a la sociedad venezolana es una crisis social, política y ética de proporciones gigantescas.
La economía creció más del 5% el año anterior y su lugar en América Latina es el 4 lugar en importancia. Hablar de crisis económica no es lo más acertado.
La dirección política de la sociedad, concentrada en los cargos principales del Estado, ha tomado la decisión de acudir a un recurso extraordinario establecido en el artículo 203 de la Constitución nacional para solventar los puntos más complejos que apalancan la inestabilidad con dimensiones sistémicas. Hay una fuerte disputa al interior de la clase dirigente y el campo que administra legítimamente la violencia filtra tensiones con efectos difícil de omitir.
Los alcances que puedan tener las facultades al Presidente Maduro en la Ley Habilitante, serán el reflejo de las correlaciones de fuerza en la disputa entre los polos más visibles de la conflictividad principal que marca el curso histórico de Venezuela y las formas contingentes que toma el Estado, como dispositivo central de las instituciones. Hay un enorme choque y disputa entre una minoría social y económica, dueña de grandes privilegios y patrimonios y el resto de la sociedad que da soporte a la nación.
La contienda de mayor peso está referida a la que se realiza por el excedente económico que es sobre el que se levanta todo el andamiaje social, sin pretender la reducción de todo el pluriverso a la base productiva, comercial y monetaria.
Un grupo socio económico minoritario integrado por pocas familias de capitalistas (burguesía importadora, comercial y bancaria), la capa burocrática de alto nivel del Estado y 4700 "boliburgueses" con sus corporaciones gremiales, que representa el 5% de toda la sociedad, es el que controla hoy la riqueza principal de la sociedad. Se trata de una pequeña camarilla de supermillonarios de la banca y el comercio minorista. Son los nuevos ricos de adentro y fuera del Estado
Este reducido núcleo social es en realidad quien controla el grueso de la renta petrolera mediante un abigarrado mecanismo institucional que le permite recibir los dolares del petroleo a muy bajo precio, más de 50 mil millones anuales, y liquidarlos a tarifas de mercado negro (con un 550% de ganancias), mediante la marcación monopólica de los precios de los productos de consumo masivo como la harina de maíz, el aceite, la carne, el azúcar, la leche, vehículos de transporte y los aparatos electrónicos.
La trama institucional que facilita este despojo descomunal es el SITME, el SAIME y CADIVI, controlados por la boliburqguesía y la burguesía importadora y bancaria, en constante asociación.
En los últimos 11 meses, desde el 2012, fueron a parar cerca de 23 mil millones de dolares de los ingresos petroleros a los bancos privados, transferidos desde el Banco Central, mediante un fraude escandaloso que aún no es objeto de acción judicial, no obstante la solicitud de centenares de organizaciones sociales en ese sentido.
Las cifras de la apropiación oligárquica de la riqueza petrolera producen vértigo y perplejidad política y ética después de los ríos de demagogia y retórica socialista emitida en los últimos años.
En diez años, 120 meses, la minoría plutocrática transfirió al exterior 165 mil millones de dolares que están depositados en paraísos fiscales como el panameño, donde dan liquidez al auge inmobiliario.
En los últimos 30 meses, la burocracia y la boliburguesía, hizo lo mismo con 23 mil millones de dólares, que tiene en depósito en bancos y cuentas en el exterior.
La burguesía comercial y bancaria, dispuso en el año 2012, de 46 mil millones de dolares, con tarifa preferencial, para realizar importaciones desde los Estados Unidos. Desde el año 2003, esa tendencia ha crecido hasta acumular un salto equivalente al 900%. Una fortuna fantástica que solo se refleja en los privilegios de esa casta económica. Son cerca de 350 mil millones de dólares recibidos con ventaja en los últimos 90 meses.
La gran corrupción, la usura, la especulación, el desabastecimiento y el chantaje son el conjunto de mecanismos utilizados para facilitar esa enorme desviación de la renta petrolera.
Ese enorme poder económico de la oligarquía es el soporte de la guerra económica en curso contra los espacios populares constituidos en el Estado y la sociedad civil.
Quieren recuperar el control total del Estado y sus instituciones.
Las elecciones del 8 de diciembre próximo se escogieron como el escenario de litigio estratégico. El objetivo es colapsar el gobierno del Presidente Maduro mediante la guerra mediática, política, comercial y económica. Tienen un trecho muy avanzado.
La Ley Habilitante puede ser un recurso excepcional para que el ámbito popular modifique las tendencias desfavorables en la correlación de fuerzas que inesperadamente están derivando en un derrumbe del gobierno elegido el pasado 14 de abril, con una votación muy estrecha.
Al tiempo, se requiere un replanteamiento de fondo del diseño de los comandos centrales de la gestión pública, adelantando cambios ministeriales e institucionales para que nuevas figuras vinculadas y más comprometidas con la sociedad civil y el movimiento social asuman tareas que atiendan los problemas sociales ocasionados por el dominio oligárquico, como el desabastecimiento, la inflación y la devaluación que golpean los ingresos populares.
El movimiento social, las organizaciones populares en todas sus manifestaciones políticas, culturales, ideológicas, deberán asumir con mayor energía los desafíos de la presente y definitiva coyuntura. Es hora de la mayor conciencia revolucionaria.
