Sugerimos incluir en decreto del Presidente de la República, según los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución Bolivariana, exhorto a reforma de legislación penal, Estatuto de la Función Pública y las medidas siguientes:
1) Patrimoniales: Inhabilitación para transacciones bancarias y prohibición de enajenar y gravar contra los bienes de funcionarios o ciudadanos particulares investigados por corrupción; asimismo confiscación de propiedades si en la averiguación apareciere enriquecimiento no justificado o no hubiere correspondencia con la declaración patrimonial.
2) Cautelares de carácter penal: Preferentemente procedimiento penal abreviado similar al de flagrancia para todos los casos de corrupción. Privación preventiva de la libertad ante el peligro de fuga. En todos los casos, imposición de prohibición de salida del país y régimen de presentación semanal ante tribunales. Sanción pecuniaria proporcional a la cuantía del delito e igual criterio para la aplicación de fianza o multa mientras dure el proceso penal.
3) Procedimentales para garantizar la realización de la justicia: Suspensión sin goce de sueldo para los funcionarios investigados. La destitución del cargo si fuere condenado y revocatoria del título académico como condena accesoria. Una vez cumplida la pena, prohibición para el ejercicio de la función pública por tiempo que duplique al de la pena que fuera impuesta por el delito comprobado, en ningún caso la misma será inferior a los 15 años. Prestación de servicio comunitario por tiempo semejante. Prohibición por 20 años para contratar con el Estado a los ex funcionarios o particulares que hayan sido sentenciados por delitos de corrupción. Obligatoria publicación de la sentencia judicial en medios de comunicación.
