Pedagogía bolivariana

Lusbi Portillo, ejemplo impecable de ciudadano bolivariano

En el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA),  conocí, en febrero de 2003, al antropólogo Lusbi Portillo; allí dictó ese día, a profesores y estudiantes  universitarios, una densa y muy ilustrada conferencia  sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el Plan Colombia, la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP), explicando que todos ellos son distintos elementos estructurantes de la política hegemónica de Estados Unidos para las Américas y el Caribe. En ese evento, huelga decirlo, Lusbi me dejó gratamente impresionado. Luego, en el transcurrir de estos últimos 10 años he asistido a varias de sus ponencias en los más diversos eventos: congresos, seminarios, jornadas, conversatorios, foros nacionales e internacionales de índole social, histórico y, sobre todo, los que tienen que ver con la defensa de los derechos de los indígenas, consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999 y las leyes indígenas originadas por la Carta Magna.
Al día de hoy, he leído con marcado interés los 32 artículos que de su puño y letra ha producido y han sido publicados en el portal aporrea.org, y que reservo en carpeta especial, desde el primero de ellos, “ALCA/IIRSA y el Eje de Desarrollo Occidental”, publicado el 5 de mayo de 2004, hasta el más reciente: “El gobierno debe indemnizar a las familias de los yucpas asesinados”, publicado por este portal el 3 de agosto de 2013. Otros artículos los he recibido desde su correo electrónico. Todas sus producciones están signadas por un denominador común: la defensa de los pueblos indígenas y su profundo fervor revolucionario. Me atrevo a asegurar que es el venezolano más revolucionario, más bolivariano, más chavista que existe en Venezuela, muy por encima de algunas y algunos burócratas elevados a cargos que no han sabido desempeñar con la dignidad y altura de un revolucionario bolivariano, como los que reclama la patria: allí están, como malos, como pésimos ejemplos: Nicia Maldonado, Yubirí Ortega de Carrizales, Sergio Rodríguez, el General Izquierdo Torres, quien antes estaba destacado en el Fuerte Macoa de Machiques y hoy ocupa el más importante cargo dentro de la Guarnición del estado Zulia. Por supuesto, su estatura ética, moral e intelectual está muy por encima de todos los diputados indígenas que están y/o han pasado por la Asamblea Nacional, por los consejos legislativos, alcaldías y concejalías de la república.
Portillo, quien es descendiente de tercera generación de indígenas, ha encabezado todas y cada una de las movilizaciones de las etnias de la Sierra de Perijá, en protestas, en defensa de la causa defendida por el cacique yucpa Sabino Romero, asesinado por sicarios contratados por ganaderos perijaneros. Los ha defendido, movilizado, inspirado, instruido, acompañado, aquí en Maracaibo como en la Sierra, en Caracas, en Valera, donde se radicó el juicio contra Sabino, y ha ido hasta las instancias internacionales por las mismas causas.
En su artículo “Los sistemas de justicia indígena no son atentatorios contra los derechos humanos”, publicado por aporrea.org el 17 de septiembre de 2010, Lusbi Portillo dio a conocer las conclusiones del Foro “Estado Plurinacional e Intercultural: Sistema de Justicia de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, que culminó exitosamente en Caracas, el 15 de septiembre de ese año, en el Salón de la senaduría del extinto Congreso Nacional, que contó con la participación de alrededor de 150 personalidades de más de 20 países y fue organizado por la Comunidad de Saberes (un colectivo de mujeres y hombres profesionales, investigadores, artistas y jóvenes indígenas), con el patrocinio del Bloque Pachakutik de la Asamblea Nacional, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y la CONAIE.
Algunas de las conclusiones y recomendaciones del evento, referidas por Portillo, son:
1. La Constitución reconoce dos sistemas de justicia: Estatal u Ordinaria e Indígena.
2. Se reconoce la jurisdicción indígena sin limitación en sus competencias, por lo tanto, la Constitución simplemente reconoce lo que existe desde hace miles de años.
3. Las autoridades estatales no son competentes para ejercer la administración de justicia indígena; igualmente, las autoridades indígenas no tienen competencia sobre la justicia ordinaria.
4. La administración de justicia indígena es eficiente y pertinente a las culturas que han generado, mientras la justicia ordinaria es excéntrica e impositiva
5. La justicia indígena tiene carácter fundamentalmente colectivo; el sujeto jurídico es la comunidad. La infracción rompe el equilibrio social y el objetivo del procedimiento es restablecer la armonía social y espiritual
6. Descolonizar el colonialismo interno mediante procesos de formación y capacitación para combatir la relación colonial, superior e inferior, imperante en el sistema legal.
7. Poner énfasis en promover el rol de las mujeres en el proceso de la administración de justicia.
8. Sistematizar y socializar la sabiduría y sus símbolos de la identidad de los pueblos y nacionalidades para que la otra sociedad tenga el conocimiento y el respeto a nuestro sistema.
9. Fortalecer el sistema de justicia indígena ejerciendo, viviendo y aplicando en nuestros territorios.
10. Establecer algunos criterios sobre la interpretación de los derechos humanos, porque cada cultura tiene la de visiones de los derechos humanos.
11. Rechazar la represión por las fuerzas públicas a los hermanos que luchan por defender la Pachamama, en contra de la minería en la Provincia de Zamora, hecho que dejó un saldo de cuatro heridos en los primeros enfrentamientos. Denunciamos que estas acciones de represión se enmarca en la política extractivista y represiva del Gobierno nacional.
12. Promover la interpretación intercultural de los sistemas de justicia que conviven en el país.

Por lo tanto, el sistema de justicia indígena no puede ser analizado desde las categorías jurídicas occidentales, el derecho indígena y la administración de justicia son anteriores al Estado y se fundamenta en principios diferentes, como el poder de las autoridades indígenas que proviene del ejercicio del poder autonómico de la comunidad y es garantizado por la Constitución y los derechos internacionales.
Hoy, en esta hora aciaga en que Lusbi Portillo es vilipendiado, perseguido y amenazado de muerte por tirios y troyanos, y eb especial por los asesinos de Sabino Romero, por burócratas y conjurados contra la causa indígena, él se yergue como el campeón de la dignidad que es: levanta su frente, su mentón, alza su voz, clara u diáfana, para decir: ¡Estoy dispuesto a ofrendar mi vida por la causa de mis hermanos, de mis ancestros, no me doblegaré! ¡Hermanos, estoy al lado de ustedes hasta el último suspiro. La lucha continuará hasta la victoria final!
Sí, estamos con Lusbi Portillo, con su causa, con la de sus ancestros, de sus hermanos, que es la causa de los revolucionarios chavistas y bolivarianos de verdad, sin esguinces, sin dobleces.
 


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