El Espejo. Contraeditorieando a los medios
1. El Nacional. Editorial, 1 de agosto
Decisión peligrosa
Lo ocurrido ayer en el Tribunal Supremo de Justicia cuando la Sala Plena se pronunció, en su mayoría, por el rechazo de la ponencia del magistrado Luis Martínez que proponía el enjuiciamiento de cuatro altos oficiales por el delito de rebelión militar, debe ser vista como un arma de doble filo. Si bien hay que saludar con entusiasmo que un sector importante del TSJ haya tenido la valentía y el coraje de plantarle cara a las intenciones del gobierno, y abrir de esa manera la puerta a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en esa institución, también hay que advertir a la opinión pública sobre las consecuencias y las dudas que genera la persona a quien le ha sido encargada la redacción de una nueva ponencia sobre el caso en cuestión.
En esta materia hay que actuar con mucha prudencia porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, debido a que los intereses en juego son tan grandes y poderosos que resulta por demás difícil evitar las suspicacias. Pensar que con la designación de un nuevo ponente se le cierra el paso a las presiones del gobierno y cesan como por encanto sus intenciones de llevar a juicio a los cuatro altos oficiales, es pecar de ingenuo. Nadie en este momento está en capacidad de garantizar que el magistrado escogido sea un hombre que esté a la altura de esta tarea histórica, donde no sólo se juzga a unos jefes militares de rango superior y que ocuparon cargos de gran confianza hasta hace pocos meses sino que, como es lógico pensar, se pone también en la balanza, indirectamente, el futuro del gobierno y la permanencia en el cargo del propio Presidente de la República, sobre quien pende la posibilidad real de un juicio en la misma instancia.
Hacia evitar este último objetivo es que apuntan las actuaciones por parte de los representantes del gobierno y sus declaraciones a los medios, donde dejan muy en claro que no aceptarán una decisión del Alto Tribunal que contraríe sus deseos. En igual sentido se han expresado los generales de confianza del Presidente Chávez, en una actitud desconsiderada y desdeñosa contra los magistrados de la máxima instancia del poder judicial, algo que no tiene precedentes en la historia moderna de Venezuela por su clara intención de comportarse por encima de la Constitución y las leyes de la república. De manera que no deberíamos hacernos muchas ilusiones sobre lo que ha ocurrido en el TSJ y prepararnos para una nueva batalla más difícil.
Lo primero que habría que preguntarse es la razón por la cual se escoge a Angulo Fontiveros como nuevo ponente. De la respuesta que le demos a esta interrogante podemos aclarar muchas de las oscuridades que tenemos por delante. Este magistrado no se distingue, como bien lo saben sus colegas, por contar con un currículo donde brillen sus actuaciones en la magistratura, o en la Fiscalía, o en la Procuraduría, tampoco se recuerdan casos relevantes donde su experiencia en el manejo de las leyes haya dejado una marca de luz propia. Sería interesante saber si alguien, más allá de los predios universitarios, recuerda una tesis suya o una aportación brillante al mundo de las leyes. Su nombramiento para ocupar un sillón en el Supremo no se dio precisamente catapultado por su fama y experiencia, sino que se le atribuyó, en su momento, a otro tipo de relaciones donde, presuntamente, privaban la amistad con ciertos personeros de régimen y la fidelidad con el proceso.
Estas realidades deben ser procesadas con detenimiento y cautela, y nadie debe entregarse a un entusiasmo que puede resultar efímero la próxima semana. En muchas ocasiones de la vida nacional, en especial en estos actuales momentos, nos hemos encontrado con extraños personajes que terminan, al final, revelándose como arribistas de marca mayor que sólo buscan escalar posiciones bajo el tutelaje de Hugo Chávez. El asunto que está puesto sobre la mesa es de tanta importancia para el chavismo que resulta difícil pensar que va a jugar limpio, y que hará todo lo posible para mover todas sus fichas (abiertas o enmascaradas) para garantizar un resultado favorable a sus deseos. Basta observar el entusiasmo y la alegría con el Fiscal Isaías Rodríguez ha recibido la noticia del nombramiento del nuevo ponente.
En la Fuerza Armada también están atentos sobre peligroso juego que adelanta el gobierno del Presidente Chávez. El miércoles, en la sede de la Comandancia del Ejército, lanzaron una bomba que si bien no buscaba causar daños sí era una alerta sobre el malestar que se vive en los cuarteles.
2. El Espejo. Contraeditorial. 1 de agosto
Votación peligrosa
Lo ocurrido ayer en el Tribunal Supremo de Justicia cuando la Sala Plena se pronunció, en su mayoría, por el rechazo de la ponencia del magistrado Luis Martínez que proponía el enjuiciamiento de cuatro altos oficiales por el delito de rebelión militar, debe ser vista como un arma de doble filo. Si bien hay que saludar con entusiasmo que un magistrado haya tenido la valentía y el coraje de presentar una ponencia que se orientaba a exigir el enjuiciamiento de los militares golpistas, plantándole cara a las intenciones de los gorilas y los dueños de los medios, y abrir de esa manera la puerta a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en esa institución, también hay que advertir a la opinión pública sobre las consecuencias y las dudas que genera la votación que rechazó esa ponencia.
En esta materia hay que actuar con mucha prudencia porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, debido a que los intereses en juego son tan grandes y poderosos que resulta por demás difícil evitar las suspicacias. Pensar que con la designación de un nuevo ponente se le cierra el paso a las presiones de los medios y los miquilenistas y cesan como por encanto sus intenciones de lograr la impunidad de los cuatro altos oficiales golpistas, es pecar de ingenuo. Nadie en este momento está en capacidad de garantizar que el TSJ sea una institución que esté a la altura de esta tarea histórica, donde no sólo se juzga a unos jefes militares de rango superior, que ocuparon cargos de gran confianza hasta hace pocos meses y que atentaron contra la democracia y saludaron el gobierno fascista de Carmona, sino que, como es lógico pensar, se pone también en la balanza, indirectamente, el futuro de la democracia y de la comunicación democrática y plural, sobre quien los sectores democráticos están proponiendo un juicio en la misma instancia.
Hacia evitar el enjuiciamiento de los medios es que apuntan las actuaciones por parte de los representantes de la oposición, donde dejan muy en claro que no aceptarán una decisión del Alto Tribunal que contraríe sus deseos. En igual sentido se han expresado los generales golpistas y la “sociedad civil”, en una actitud desconsiderada y desdeñosa contra los magistrados de la máxima instancia del poder judicial, algo que no tiene precedentes en la historia moderna de Venezuela por su clara intención de comportarse por encima de la Constitución y las leyes de la república. De manera que no deberíamos hacernos muchas ilusiones sobre lo que ha ocurrido en el TSJ y prepararnos para una nueva batalla más difícil.
Lo primero que habría que preguntarse es la razón por la cual no se han abierto diligencias contra los dueños de los principales medios de comunicación. De la respuesta que le demos a esta interrogante podemos aclarar muchas de las oscuridades que tenemos por delante. Ninguno de los medios de extrema derecha se distinguen, como bien lo saben sus colegas nacionales e internacionales, por comunicar con profesionalidad y ética, donde brillen sus actuaciones en la comunicación social, o en la defensa de la democracia, sólo se recuerdan casos relevantes donde su experiencia en el manejo de las ideas se ha orientado a catapultar sus aspiraciones antidemocráticas y excluyentes. Sería interesante saber si alguien, más allá de los predios universitarios, recuerda una actitud suya o una aportación brillante al mundo de la democracia. Sus maniobras para lograr el beneplácito del dictador Carmona no se dieron precisamente catapultadas por su actitud recta y experiencia, sino que se le atribuyó, en su momento, a otro tipo de relaciones donde, presuntamente, privaban el papel jugado en la escalada golpista y la intoxicación mediática que permitió el éxito del atentado contra la democracia y la soberanía populares.
Estas realidades deben ser procesadas con detenimiento y cautela, y nadie debe entregarse a un entusiasmo que puede resultar efímero la próxima semana. En muchas ocasiones de la vida nacional, en especial en estos actuales momentos, nos hemos encontrado con extraños personajes que terminan, al final, revelándose como arribistas de marca mayor que sólo buscan lograr el beneplácito de los sectores golpistas bajo el tutelaje de los medios. El asunto que está puesto sobre la mesa es de tanta importancia para la democracia que resulta difícil pensar que los medios van a jugar limpio, y que harán todo lo posible para mover todas sus fichas (abiertas o enmascaradas) para garantizar un resultado favorable a sus deseos. Basta observar el entusiasmo y la alegría con que los abogados de los militares golpistas y algunos medios de comunicación han recibido la noticia de la votación desfavorable al enjuiciamiento inmediato.
En el pueblo también están atentos sobre el peligroso juego que adelantan los sectores y medios golpistas. El miércoles, en la sede de Globovisión, grupos facinerosos mandados por el canal lanzaron una bomba que si bien no buscaba causar daños sí era una trampa para hacer creer que los violentos no son ellos.
