Cero clemencia criminal

La conspiración en marcha no es la acción de un partido, ni de la MUD en particular, ni de federaciones de estudiantes por sí mismas. Es una conspiración de clase, una conspiración de la burguesía, donde confluyen distintos factores que la representan. En ese sentido, ya vimos como asomaron sus fauces los capitostes de la jerarquía católica, ahora le tocó el turno a Fedecámaras. El presidente del gremio empresarial, Jorge Botti, mostrando ínfulas de constitucionalista, aseveró que la decisión del TSJ en torno al tema de la juramentación del Presidente “obedece a intereses particulares, contiene múltiples inconsistencias sobre las cuales se ha emitido diversas opiniones y posiciones, todo lo cual ha generado una grave incertidumbre e inestabilidad en la vida política y económica del país”, a lo cual añadió la inaceptable pretensión de este grupo privado de actuar como si fuese parte del poder público nacional, tal como ocurría en la Cuarta República: “Venezuela demanda de todos, sector público y privado, iniciar una dinámica de diálogo que incluya a todos los actores sociales para construir una visión compartida de país”. Para Fedecámaras si no se dialoga con ellos, no existe diálogo. Por supuesto, la Revolución no puede construir con la burguesía ninguna “visión compartida de país”, aunque con parte ella se podría compartir no la visión de país, sino alianzas puntuales, solo si aceptan la hegemonía revolucionaria y se someten al programa de la Revolución. Claro, esto no lo va a hacer Fedecámaras, así que se tendrán que ir al diablo con su hipócrita propuesta de “diálogo”.

De todas formas, es claro que los distintos representantes de la burguesía no muestran tácticas coherentes, más bien actúan de manera contradictoria y desordenada, andan caracoleando entre distintas y confusas posiciones. La ultraderecha más radical, por ejemplo,  reclama a algunos de sus congéneres el reconocimiento de hecho que están dando al Gobierno nacional, como los gobernadores que asistieron al Consejo Federal de Gobierno (Capriles recibió amargas críticas vía Twitter por haberle dado la mano a Nicolás Maduro), o los diputados que se quedaron en la sesión de la AN del 15 de enero, donde el Vicepresidente entregó el informe anual gubernamental. Un representante de esa ultraderecha más radical, Diego Arria, trinó (verbo que es adecuado, tratándose de Twitter) contra los “moderados”: “buscamos comprensión internacional a lo que sufrimos aquí, pero enviamos señales contradictorias al legitimar régimen de facto”, y también “Hasta el 10 enero cohabitamos con un gobierno, ahora con un régimen de facto ¿Qué mensaje estamos dando aquí y afuera?

Lo que sí sigue siendo evidente es que hay sectores de la derecha que están desarrollando una agenda de violencia. El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, declaró que “Hoy se dirige a la ciudad de San Cristóbal el dirigente opositor Leopoldo López, está arengando para hacer reuniones en varias plazas para hacer lo que ellos saben hacer: crear caos y disturbios”. Nosotros no somos dados a hacer afirmaciones de cosas que no hemos comprobado o al menos inferido de señales indubitables, pero en este caso solo señalamos la voz que se escucha desde hace tiempo en corrillos, en el sentido de que Leopoldo López es un contacto del paramilitarismo en Venezuela. Lo cierto es que ya se conoce la estrecha relación de este dirigente del fascismo criollo con Alvaro Uribe Vélez y su combo narco-paramilitar.

En tal sentido, el canciller Maduro se refirió  a Leopoldo López sin mencionarlo por su nombre, cuando afirmó, dirigiéndose a Vielma Mora, que “Ellos querían celebrar la muerte y a través de esa muerte tratar de incendiar el país. Usted nombró a una persona, gobernador, y es una de las personas que anda enloquecida por el país, y tiene antecedentes en ese sentido. Y la Fiscalía y los tribunales tienen que actuar porque no podemos permitir a nadie, llámese como se llame, que incendie este país. No lo vamos a permitir… lo apoye la embajada gringa o lo apoye nadie”.

Sobre la violencia en el Táchira, Maduró señaló que “esta violencia está completamente documentada, con videos, fotos y las declaraciones de los violentos. Es inaceptable que hayan salido a destruir”.

  Vielma denunció que las personas que realizaron los destrozos “estaban coordinados por un candidato a alcalde de la zona del partido Copei, un diputado suplente, profesores y algunos estudiantes de la Universidad Católica del Táchira… Hay videos de cómo le estaban pagando dentro del recinto universitario a una pandilla de delincuentes para generar destrozos”.

Maduro pidió a la Fiscalía General de la República que “no haya impunidad y estamos seguros que la Fiscalía va a actuar contra las personas plenamente identificadas, que generaron caos, violencia, y atacaron y destruyeron una fundación que atiende a niños y niñas”.

El presidente de la AN, Diosdado Cabello secundó esta solicitud y llamó a los poderes del Estado a actuar ante cualquier intento desestabilizador que se pueda presentar en el país: “Los poderes deben actuar, porque no puede ser que abiertamente alguien llame a la desestabilización y la sublevación de la Fuerza Armada y no se haga nada, que actúen la Fiscalía, los tribunales, quien tenga que actuar”.

Nada de esto puede quedarse en palabras, nuestro Gobierno debe tener mano dura contra los agitadores, dentro de los términos permitidos por la ley. Otra cosa sería aquello que refería Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena sobre la ‘clemencia criminal’. Que no nos agarren de pendejos. Existen videos, funcionarios implicados, Mario Silva dio nombres y apellidos de estudiantes presuntamente involucrados en la violencia, no hay nada qué esperar: que las evidencias sean consignadas y que el castigo sea real, severo y ejemplar, dentro de las consideraciones de la Ley, la cual debe ser aplicada sin contemplaciones. Otra actitud sería darles alas a los zamuros de La Barrosa.

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