Hace unos quince años atrás, pocos dudaban en calificar que el final del sistema puntofijista abría bajo nuestros pies un abismo. En ese entonces, algunos incluso hablaron de la colombianización venezolana, pretendiendo establecer un paralelo con la crisis existente en ese momento en el seno de la sociedad colombiana que la colocaba al borde de los llamados estados fallidos.
El freno a la debacle que se avecinaba emergió en el horizonte político con la formación de alianzas entre las fuerzas sociales y políticas progresistas y la constitución de nuevas organizaciones que aglutinadas alrededor del liderazgo del Comandante Hugo Chávez hicieron posible el triunfo electoral de éste en 1998.
A partir de una matriz inicialmente reformista se iría definiendo en la coyuntura, el tránsito hacia la transformación socialista y bolivariana. A esto contribuyó la naturaleza del conflicto y el choque entre fuerzas sociales que pujaban a favor y en contra de los cambios que comenzaban a implementarse. Particularmente aceleraría la imperiosa definición y deslinde ideológico, la circunstancia que los sectores dominantes desplazados del poder emprendieran acciones desestabilizadoras con la buena pro y apoyo extranjeros, particularmente estadounidense y cuyo desenlace fue el golpe de estado de abril de 2003 que inauguró el brevísimo gobierno del empresario Pedro Carmona Estanga.
A lo largo de la década pasada no ha habido minuto en el cual, no hayamos tenido que sortear peligros y conjurar amenazas de todo género. No obstante, el sello de la moneda ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad del nuevo Estado y el avance del nivel de conciencia y organización del movimiento popular. No en balde y de manera jocosa el refrán reza que, Dios también es chavista.
A la par que avanza el anclaje ideológico del rumbo revolucionario queda en claro que el titánico esfuerzo realizado para cancelar la deuda social, a través de numerosos programas, misiones y grandes misiones emprendidas en estos años han hecho posible allanar el camino hacia la igualdad social. El saldo de este ejercicio de derechos, cuyo norte ha sido la inclusión social con fundamento en la Constitución de 1999 se pone de manifiesto en el avance organizativo y de conciencia de los sectores populares ahora incluidos y la institucionalización progresiva de la democracia participativa, social y protagónica. Ambos aspectos son claves para comprender como amplios sectores de la sociedad urbana y rural venezolana elevando su conciencia han hecho suyo el poder popular y empiezan a usarlo como palanca para la transformación socialista bolivariana.
Los triunfos electorales del 7 de octubre y el 16 de diciembre pasados reafirmaron el apoyo mayoritario al liderazgo nacionalista, popular y revolucionario del Presidente Hugo Chávez y los candidatos revolucionarios a las gobernaciones y concejos estatales. Todos somos Chávez y Chávez es pueblo, ponen de manifiesto la dinámica de esa relación que identifica al pueblo con un liderazgo y al líder que acompaña al pueblo.
Al mismo tiempo expresaron inequívocamente su acuerdo con un programa que representa la unidad de la nación. El Programa de la Patria 2013-2019 presentado inicialmente como oferta electoral por el Presidente Chávez y luego abierto a una amplia consulta nacional, fue asimismo desarrollado en cada estado por las candidaturas regionales. Aguas abajo aún faltan los aportes de las comunidades y parroquias que deberán pronunciarse en las elecciones municipales del mes de mayo próximo para completar el trazado del gran mapa geoestratégico del país y la sociedad que sobre aquél se está edificando y cuyo cauce será el II Plan Socialista de la Nación.
Hoy dos tareas lucen imperiosas para seguir adelante en la transformación socialista delineada en el Programa de la Patria 2013-2019. Los retos de ser eficientes en revolución y la transformación ética y moral de la sociedad venezolana. Acerca del primero, nos referimos a la eficiencia revolucionaria como capacidad de conjugar los conocimientos técnicos y la razón gerencial subordinándolos a la política que representa el logro de los grandes objetivos históricos y los nacionales delineados en lo que será el II Plan Socialista. Eficiencia revolucionaria viene a significar la realización en el tiempo previsto de los proyectos y programas en que se desglosará el plan mencionado, haciendo uso conveniente de los recursos disponibles y llevando a cabo una gestión pública transparente, corresponsable y de calidad en las obras de infraestructura y servicios que deban ejecutarse. En estrecha relación con aquella, la eficacia de la gestión se establece tanto cualitativa como cuantitativamente por los resultados que han de ser solución a las necesidades sociales de la población en el camino hacia la transición socialista.
La eficiencia revolucionaria ocurre teniendo como fundamentación ética y moral al socialismo que ha de modificar por intermedio de la educación, la internalización de valores, principios y la elevación de conciencia social las pautas de interacción, los contenidos de las relaciones, los espacios en que ocurren y las conductas que conforman el tejido social; así como redefinir las fronteras de lo que es público y que se reserva como privado, a favor del primero. La construcción del socialismo bolivariano requiere trascender el discurso y hacer real a la solidaridad, la cooperación, la equidad, la justicia social plasmada en la igualdad, la honradez y honestidad como cemento que pega los ladrillos del hombre y mujer nuevos, modelando al ciudadano que ejerce la corresponsabilidad en la gestión pública.
El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que consagra la Constitución Nacional de 1999 promueve el Proyecto Bolivariano y Socialista, de allí el compromiso ético de quienes se desempeñan en la administración gubernamental como servidores públicos en sus distintos niveles y cuyo desempeño hace posible la prestación de servicios como salud, educación o la administración de justicia. A la visión tradicional y liberal del funcionario como un individuo que labora en base a competencias establecidas en el cargo y que realiza un conjunto de funciones, se opone el paradigma emergente que recorre el Programa de la Patria de punta a punta, el cual postula la prestación de un servicio público a la sociedad, actuando éticamente para ese fin con apego al marco constitucional y legal y los valores y principios como son la probidad, transparencia, honestidad, vocación de servicio y compromiso social que constituyen su fundamento y se orientan a la transición socialista.
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