No cabe la menor duda que el papel de los medios de comunicación es la defensa de los intereses de los dueños del poder y su gobierno, y el avasallamiento de la opinión pública.

Con ese propósito manipulan la verdad, arrojando cortinas de humo sobre los problemas más graves que tiene el país y resaltando solo aquellos que afectan a los dueños del capital. De la misma manera ocultan las causas y las soluciones reales, poniendo los énfasis donde no es o dejándolas a medio camino.

Dentro de este tipo de comunicación sobresale el aparato de propaganda uribista y su entorno, que bebe en las aguas del siniestro jefe de la propaganda nazi y de su enseñanza: “una mentira repetida cien veces se convierte en verdad”.

Este aparato busca la eficiencia manipulando la verdad para “embrujar” la opinión pública.

Distorsiona los problemas que reflejan la crisis del país, irradia odio irracional hacia la insurgencia, la izquierda, las ONGs de derechos humanos y todo el que defienda cambios y reivindique el nuevo orden social, inculca con fuerza la idea del ungido y promociona a Uribe Vélez como el salvador que va a redimir a Colombia.

Niega hechos tan evidentes como el conflicto social y armado colombiano, un fenómeno que recorre toda la historia del país y sus raíces más cercanas se hunden en la década del cuarenta del XX. Desconoce la existencia del delito político en las actividades que despliegan los luchadores que enfrentan al Estado terrorista, en cambio reconoce como actores políticos a los narcoparamilitares.

Intenta poner en el mismo nivel y bajo el mismo rótulo la lucha altruista de la insurgencia por construir una nueva sociedad y las actividades mafiosas y criminales de los narcoparamilitares que buscan actualmente resolver su situación jurídica para disfrutar la riqueza acumulada.

Esta comparación no empalma entre dos fenómenos sociales de naturaleza y propósitos bien distintos.

Justifica decisiones del gobierno como la ley hecha sobre medida y al gusto de los “patrones” del narcoparamilitarismo, mal llamada de “Justicia y paz”, cuestionada por todo el mundo. Vendida como la base para hacer la paz, es una catedral a la impunidad y una jugada maestra a dos bandas para evitar que se prenda el “ventilador” y destape los que están detrás y dirigen la empresa criminal.

Una ley talanquera para impedir que aflore la verdad y el país conozca los verdaderos jefes, responsables intelectuales de la guerra sucia y de la expansión del negocio del narcotráfico, para que refinados criminales sigan posando como honorables señores, funcionarios sin mancha, militares patriotas, políticos respetables y empresarios virtuosos.

Los gringos saben quienes son porque tienen “velas en ese entierro”, manejan esa información como cartas debajo la manga para chantajearlos cuando por alguna circunstancia se deslicen o no convenga al imperio.

El país necesita que se arroje luz sobre la horrible pesadilla de la guerra sucia. Que se desentrañe la estructura terrorista que tiene el Estado y se conozcan los diseñadores, financiadores de los planes macabros, así como los que ordenan las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y desplazamientos forzados.

Que se conozcan impulsores y protectores de la expansión de la mancha narcoparamilitar a todo el país, los que entregaron zonas y puertos permitiendo que se impusiera la ley mafiosa para invadir el mercado mundial con miles de toneladas de cocaína y heroína.

Que se conozca los que se enriquecieron a la sombra de la exportación de las drogas y el robo de la tierra de los tres millones de campesinos desplazados.

La ley de justicia y paz y las negociaciones de “Ralito” son un embuchado que se le metió al país y a la comunidad internacional.

El aparato de la propaganda uribista pretende vender esta ley como el modelo y marco para hacer la paz y la desmovilización de las bandas mercenarias, como un éxito de la política de “seguridad democrática”.

Cuando lo que concretó en el proceso de “Ralito” es el cumplimiento de la palabra empeñada, durante la campaña electoral del 2002, entre el candidato presidencial y algunos “patrones” de la droga: el desmonte de las bandas mercenarias a cambio de la ley de perdón y olvido.

El mal llamado proceso de Santa Fe de Ralito es una pantomima de paz que, ni es modelo de negociación, ni el camino para llegar a la solución del conflicto interno existente, entre la mayoría de los colombianos que reclamamos un nuevo país y los dueños del capital que impiden florezca la Nueva Colombia.

La propuesta de solución política que plantea la insurgencia colombiana es bien distinta, tiene otros contenidos y alcances. Pone al centro y sobre la mesa los problemas del país y la solución de éstos, que son el originen y el alimento del conflicto interno.

Tiene como horizonte la construcción del nuevo país, donde los colombianos nos reconciliemos y juntos trabajemos por la paz con justicia social, el bienestar con desarrollo, la democracia real, donde el pueblo soberano sea dueño de su futuro. ¡Por ahí es la cosa!