El Gobierno Bolivariano responde a la ofensiva energética imperial comandada por la actual administración estadounidense, con un discurso político y otro energético. El primero es contestatario, contrahegemónico y desafiante. El segundo, lejos de revertir la Apertura Petrolera, es decir la Desnacionalización; la profundiza. Por una parte, ataca al Imperio que sabe a aceite negro, y por otra parte, se sienta, entre otros protagonistas energéticos trasnacionales, con Chevron-Texaco, Amoco, Conoco-Phllips, y Shell, y firma contratos de asociación por varias décadas. Por un lado ataca a Sincor, y por otro lado, se propone asociaciones con los mismos actores en nuevos bloques de la Faja del Orinoco. Por una parte, habla de la integración energética latinoamericana, y por otra parte, firma contratos de larga duración para la exportación de hidrocarburos gaseosos de la Plataforma Deltana fuera de América Latina, región deficitaria en Gas Natural. Habla de alumbrarles los bombillos a los hogares de nuestros hermanos latinoamericano-caribeños, mientras fusila la Orimulsión como fuente de generación de electricidad barata para combatir la pobreza en nuestra región.

Este gobierno rescata la política petrolera de maximización de la renta de Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbaud, Edgar Sanabria y sobre todo, de Pérez Alfonso; pero con una gran diferencia: aquella para esa época, era una política de conquista y de progreso; la agenda energética bolivariana, medio siglo después, es de cesión y retroceso frente al Gran Capital Energético Trasnacional. En otras palabras: no importa que el Capital tenga acceso a nuestras tierras energéticas, no importa que aumente su participación en nuestro negocio petrolero, no importa que la porción de la producción propia de PDVSA disminuya, mientras que la del socio trasnacional crezca, con tal de recibir bastante real. Un importante argumento esgrimido para justificar esta agenda desnacionalizadora-rentística es el siguiente: “a través de las misiones la renta petrolera es del pueblo”. O sea, si el pueblo está recibiendo los beneficios del negocio petrolero, lo de las asociaciones con el Capital Trasnacional no debe ser un motivo de preocupación.

Si tan sólo pudiéramos radiografiar a través de auténticas auditorias el flujo de la renta petrolera en su totalidad, las misiones como destino de dicha renta no ocuparían los primeros lugares. En todo caso, nada justifica la profundización del proceso Apertura-Desnacionalización de nuestra industria petrolera, y mucho menos, cuando nuestros socios y clientes capitalistas, particularmente el propio Imperio (con el millón y medio de barriles diarios), son los que financian los proyectos revolucionarios bolivarianos. ¡Que ironía! “El Capital Petrolero Trasnacional financia la Revolución”.


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