La Contraloría General de la República ha abusado de su autoridad para apoyar la insólita y despiadada persecución a la que he sido sometido por una asociación de ex presos que convirtieron el Cuartel San Carlos en escenario de su propia teatralidad, y también, en un efectivo medio de vida.
Fui durante siete años presidente del Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela, desde el 2003 al 2010. No es una tontería, ha sido el periodo más largo que ha tenido presidente alguno de esa institución. Y fui también,en los dos últimos años de ese periodo, viceministro para la cultura.
No salí huyendo y tampoco botado o destituido. Salí como lo hacen todos los funcionarios de alto nivel de confianza, cuando ocurre el siempre esperado cambio de ministro. Tal salida de esos cargos fue un descanso que resultó bienvenido luego de la larga y esforzada dedicación.
Pienso que hice una buena gestión, pero, eso es mejor oírselo decir a los demás. Sobre lo que no tengo duda alguna es sobre lo seria, honesta y comprometida que ella fue. Lo digo a pesar de que la gestión cultural no parece tener mucho peso en el quehacer nacional.
Pero, vean que asombrosa paradoja. Desde julio del 2006, fecha en que recibí la primera amenaza, he sido perseguido feroz y empecinadamente por diversos organismos por haber hecho lo que, como responsable y custodio del patrimonio cultural, me correspondía hacer.
Me estoy refiriendo a la restauración del Cuartel San Carlos, edificación colonial que fue declarada monumento nacional en 1986 y decretada su conversión en Museo Nacional de la Historia, en 1995. No eran sólo instrucciones cuartorepublican
En agosto del 2000 el Ministerio de Educación seleccionó las mejores ideas arquitectónicas para el futuro del Cuartel San Carlos cuya transformación, tal como lo dijo el Ministro de entonces, Héctor Navarro,“expresa claramente el significado democrático y libertario de dicho acontecimiento…” o, en palabras del poeta Gustavo Pereira, “transmutar en refugio del esplendor lo que había sido durante dos siglos penumbra y opacidad…”.
La persecución a la que me refiero la inició una asociación de ex presos que, anclados en el pasado, creen ser los verdaderos y únicos custodios de esa edificación patrimonial. Ellos paralizaron, a mediados del 2006, las obras que allí realizábamos, tomándola bajo su control y cobrándole peaje al Ministerio para la Cultura. Cosa que, supongo, aún continúa.
El accionar revolucionario de algún momento no vacuna para acciones futuras, pero aquí, las solidaridades que, instantáneas y sin precauciones, se otorgan en tiempos de revolución a los camaradas con pasados guerrilleros funcionó para que ninguna autoridad superior exhortara u obligara al desalojo de los tomistas. Por el contrario, fui yo el centro del accionar de las autoridades de control y del poder público.
El listado de acosos procedimentales y mediáticos al que he sido sometido desde múltiples direcciones haría interminable y hasta inverosímil este escrito. Me centraré en los más resaltantes, que tienen como denominador común la supuesta destrucción del Cuartel San Carlos. Y cuando hablo de ataques desde diversas direcciones, no exagero, veamos algunos.
El antiguo alcalde mayor, de cara simpática y voluminoso cuerpo, molesto porque al iniciarse las obras en el Cuartel no se permitió hacer un acto allí programado, arremetió contra mí llamándome burócrata mezquino. Acontinuación, la asociación de ex presos del cuartel me declaró persona no grata y comenzó el linchamiento, desde la derecha y desde la izquierda. La Cadena Capriles dedicó una página entera del diario El Mundo a denunciar la destrucción del Cuartel, y de paso a insinuar manejos no santos del dinero. El director de Últimas Noticias dio espacio, en su columna dominical, a la sinrazón de ese grupo, mientras una periodista gringa, asociada al proceso y amiga del alcalde, publicó una larga lista de estropicios que allí se cometieron y Vive TV producía un documental, reiteradas veces presentado en su programación habitual, donde se habla de una supuesta destrucción del edificio colonial mostrando, contradictoriamente, imágenes de esa edificación restaurada. En ningún caso hubo derecho a la defensa a pesar de las cartas enviadas a los conductores de tales medios.
Eso no fue todo, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional me interpeló, preguntándome por el destino de un crédito adicional supuestamente otorgado para esa restauración. Su interés concluyó cuando les demostré que tal crédito jamás me fue entregado. La Secretaría de la Presidencia, alertada por el alboroto, solicitó un informe de lo que pasaba, que fue oportunamente entregado. La Contraloría General de la República abrió una “investigación preliminar” sobre los procedimientos que se estaban siguiendo en la restauración. Cosa normal si no fuera porque el ciudadano Contralor (ex preso de ese cuartel), se anticipó al proceso, señalando que el monumento nacional estaba siendo destruido por la acción consciente y premeditada del Instituto que yo presidía.
Semejante preocupación patrimonialista hubiera dejado estupefacto al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero no se trataba sólo de declaraciones y acusaciones al voleo. La Contraloría culminó ese informe preliminar, trastocado, sin disimulo, en “Informe Definitivo”, que fue enviado alMinistro para la Cultura, el 14 de mayo del 2007.
En ese, ahora, “Informe Definitivo”, se exponen una serie de descabelladas argumentaciones técnicas sobre cómo se debió realizar la restauración y conservación de ese monumento, obviando que se estaban refiriendo al máximo organismo de la Nación en materia de conservación y restauración de bienes patrimoniales.
Pero, nada que ver, ese “Informe Definitivo”, no sólo cuestionó las actuaciones del Instituto, desestimó como válida la conformación, preparación y designación de las cooperativas constituidas por los Lanceros de la Misión Vuelvan Caras, que habían sido entrenadas antes de ser contratadas por el Instituto en esa labor. Tal presunción, además de ser desconsiderada y excluyente, contradecía severamente a la Constitución y al espíritu de esta revolución.
Ese “Informe Definitivo” culmina solicitándole al Ministro para la Cultura: “Ejercer las acciones pertinentes para que en un lapso no mayor de 30 días, contados a partir de la recepción del presente Informe Definitivo, remueva de su cargo al Presidente del IPC, sin menoscabo del inicio de las acciones civiles, administrativas, penales que fueran procedentes…”
En fin, un documento asombroso, con total ausencia de elementos objetivos que lo respalden, que no cuidó, ni siquiera, la forma. Lo conocí cuando el propio Ministro me lo mostró luego de recibirlo en su Despacho. Es decir, la Contraloría General de la República dictó un acto contentivo de recomendaciones de cumplimiento obligatorio capaces de lesionar intereses, tales como proceder a mi destitución, sin haber cumplido el procedimiento administrativo establecido, ni ningún otro, en el marco del cual se me haya permitido ejercer el derecho a la defensa.
Tal cosa fue señalada así por el, entonces, Ministro para la Cultura, que envió, a ese Contralor, un escrito razonado solicitándole lareconsideración del contenido del “Informe Definitivo”, argumentando como punto previo, la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, en el marco de un procedimiento administrativo que nunca se abrió.
Tal recurso de reconsideración no fue respondido. Por el contrario, seprocedió a solicitarle a la Fiscalía General de la República, la apertura de una investigación sobre los hechos descritos en ese “Informe Definitivo” para determinar la magnitud de los presuntos delitos por mí cometidos. Y así lo hizo el Ministerio Público, que, posteriormente y luego de todo el procedimiento de rutina, archivó el caso. Sin embargo, tal violación de mis derechos me obligó a solicitar la separación del cargo, sin goce de sueldo y a contratar a una firma jurídica para que asumiera mi defensa. Luego de esas acciones, y de la propia investigación ordenada por el ministro para la Cultura, se me repuso en el cargo. Ese ministro y el que lo sustituyó me dieron todo su respaldo.
Todo parecía haber concluido. Sin embargo, ahora, más de cinco años después, la Contraloría General de la República decide realizar el proceso que, anteriormente, violentó de la peor manera. Se me notificó, el 25 de septiembre del 2012, sobre la apertura de un procedimiento administrativo por esas mismas causas. Ante semejante barbaridad jurídica le envié a la actual Contralora una comunicación explicándole todo lo sucedido. Pensaba que no estaba informada de ello.
En esa comunicación le decía, además, que en defensa de mi honor y mis derechos ciudadanos, me negaría a acatar los procedimientos que se intentaran realizar en este nuevo e ilegal proceso. Me negaría a concurrir a las citaciones que se me hiciera. No respondería, más allá de lo dicho en el escrito, a ningún interrogatorio previsto o a cualquier diligencia que, en tal sentido, ese organismo promueva; y como es lógico, que asumiría las consecuencias derivadas de mis actos.
Con la misma responsabilidad, le decía también, que no iba a permanecer pasivo ante la pretensión de juzgarme dos veces. Que me defendería ante la opinión pública para denunciar la sordidez política que le sirve de comparsa a esa asociación de desquiciados que se apoderó de un monumento nacional, que debió ser museo, y que aún lo mantenía bajo su control sin que ninguna autoridad competente, entre ellos la propia Contraloría, actuara para poner fin a tal desafuero.
Pues bien, a la ciudadana Contralora esto no la perturbó. El nuevo proceso, el prejuiciado proceso, se repitió y su resultado no podía ser otro cuando las razones son torcidas. Dos semanas después de recibir mi comunicación, la Contraloría me encontró responsable de “una conducta omisa y negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes patrimonio de la Nación…” obligándome a pagar “unos daños” no precisados que montan a más de dos millones de bolívares. Además, se me impone el máximo de la multa establecida que, en este caso, asciende a treinta y tres mil bolívares.
La realidad es incuestionable para la gente de bien: el Cuartel San Carlos está allí. Se ha preservado, hasta donde nos dejaron, su original imagen, su forma material y los elementos que los restauradores consideraron más importantes de su historia de doscientos años. Negar esto es desvarío o, vileza. En consecuencia, no pagaré esa multa y utilizaré mis ahorros para costear este remitido. En cuanto a los reparos por los dos millones de bolívares, y dado que no podrán embargarme mi vivienda, que es el único bien que poseo, me tendrán que llevar preso.
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