1. Salvajismo

Tal Cual. Editorial, 31 de julio.

Esos salvajes que agreden a la gente en la llamada "esquina caliente", en el parlamento, en Puente Llaguno o en el TSJ, son enviados por el gobierno? ¿Sí o no? Este es un asunto que exige una rápida respuesta. Porque si son organizados, financiados y teledirigidos por algún funcionario gubernamental, estaríamos en presencia de una grave, inaceptable e intolerable vulneración de los derechos ciudadanos. Que en Puente Llaguno se haya instalado una "alcabala" que decide quién puede o no puede pasar hacia Miraflores es no sólo un atropello sino una violación del derecho de libre tránsito por el territorio nacional garantizado por la Constitución. ¿Qué autoridad nacional o municipal ha dado permiso a esos tipos para impedir el paso de otros ciudadanos por ese sitio? ¿Se amparan los miembros de esa banda en alguna autoridad legal? ¿Se sienten guapos porque están apoyados? El gobierno nacional debe responder sobre esto porque en ningún país democrático es admisible que el gobierno constituya bandas que usurpan la autoridad legítima y actúan con violencia contra los ciudadanos. Ningún gobierno puede utilizar a los fines del orden público organismos distintos a los policiales. Si lo hace no puede quejarse de que quienes se sientan agredidos decidan responder en la misma forma y se generalice la violencia. Si el gobierno cree que apadrinando pandillas de salvajes asusta a sus opositores, se equivoca de medio a medio. Violencia llama violencia y si el gobierno, que debe ser el garante del orden público, propicia la violencia, abdica entonces de una de sus principales atribuciones. Porque, entre otras vainas, uno paga impuestos para poder caminar relativamente seguro por las calles, protegido de unas bandas de tonton macoutes como los de Duvalier, que actúan impunemente porque son del gobierno.

Pero si la respuesta es que esas son bandas fuera de todo control gubernamental y que operan por su cuenta, pues peor aún, porque ello revelaría que este gobierno ya no tiene autoridad ni para que sus acólitos le obedezcan. Si este se ha vuelto un país donde cualquier pandilla de energúmenos puede actuar impunemente, sin que autoridad alguna los someta, entonces es que ya no hay ley y cada quien está autorizado a defenderse por su propia cuenta. El hampa ha impuesto toque de queda en las barriadas populares, infestadas de cobradores de peaje y otras delincuencias. Las urbanizaciones tienen todas sus calles cerradas por casetas de vigilancia. ¿Nos obligarán los delincuentes "bolivarianos" a desplazarnos por las calles de la ciudad con guardaespaldas, para protegernos de sus ataques, en vista de que las autoridades constituidas se hacen las locas? Esta vaina es más grave de lo que parece. Sean o no dirigidas por el gobierno estas bandas de cayaperos cobardes, a éste le toca impedir que continúen con sus prácticas agresivas. Porque el orden público es su asunto y si no puede garantizarlo, ¿para qué lo queremos?

2. Embusterismo

El Espejo. Contraeditorial, 31 de julio.

Esos periodistas y editores que agreden a la inteligencia de la gente desde los llamados "medios de comunicación", en sus editoriales, en los (des)informativos de televisión o en las revistas, son enviados por los golpistas? ¿Sí o no? Este es un asunto que exige una rápida respuesta. Porque si son organizados, financiados y teledirigidos por algún conspirador de turno, estaríamos en presencia de una grave, inaceptable e intolerable vulneración de los derechos democráticos. Que en la prensa se haya instalado una "alcabala" que decide que puede o no puede considerarse la verdad es no sólo un atropello sino una violación del derecho de libre acceso a la información y a la libertad de expresión garantizados por la Constitución. ¿Qué autoridad moral o jurídica ha dado permiso a esos tipos para impedir la expresión de otros ciudadanos por esos medios? ¿Se amparan los miembros de esos medios de manipulación en alguna autoridad legal? ¿Se sienten guapos porque están apoyados? Los dueños de las empresas de comunicación deben responder sobre esto porque en ningún país democrático es admisible que los periodistas y editores se constituyan en bandas que usurpan la voz legítima de los ciudadanos y actúan con violencia contra la verdad. Ningún sector social puede utilizar a los fines de sus intereses políticos medios distintos a los democráticos. Si lo hace no puede quejarse de que quienes se sientan agredidos decidan responder en la misma forma y se generalice la violencia. Si los golpistas creen que apadrinando pandillas de analistas y periodistas embusteros asusta a sus opositores, se equivoca de medio a medio. Violencia llama violencia y si los editores, que deben ser los garantes de la libertad de expresión, propician la mentira y la violencia, abdican entonces de una de sus principales atribuciones. Porque, entre otras vainas, uno compra periódicos para poder tener acceso a una versión relativamente cierta de los hechos, protegido de unas bandas de propagandistas como los de Goebbels, que actuaron impunemente porque eran fascistas.

Pero si la respuesta es que esas son bandas fuera de todo control de los medios y que operan por su cuenta, pues peor aún, porque ello revelaría que esos medios ya no tienen visión de la verdad ni autoridad para que sus periodistas y editores obedezcan los mínimos principios de ética profesional. Si este se ha vuelto un país donde cualquier pandilla de energúmenos puede inventar la información impunemente, sin que autoridad alguna los someta, entonces es que ya no hay comunicación social y cada quien está autorizado a decir los embustes que le venga en gana por su propia cuenta. Los medios han impuesto toque de queda en la comunicación social, infestada de mentirosos y otros manipuladores. Las comunidades tienen todas sus propios medios de informarse, cerradas por casetas de vigilancia. ¿Nos obligarán los periodistas "democráticos" a comunicarnos por las calles de la ciudad sin acudir a los kioskos, para protegernos de sus ataques, en vista de que las empresas de comunicación constituidas se hacen las locas? Esta vaina es más grave de lo que parece. Sean o no dirigidas por los golpistas estas bandas de comunicadores embusteros, a los dueños y editores les toca impedir que continúen con sus prácticas agresivas. Porque el ejercicio de la comunicación social es su asunto y si no pueden garantizar el ejercicio de la libre expresión y el derecho a la información, ¿para qué los queremos?