Los hechos de esta semana, especialmente los de hoy, nos demuestran claramente los autores intelectuales, los autores materiales y las estrategias de la conspiración que se afana en derrocar un gobierno democráticamente electo que desarrolla un proyecto político que ha sido ratificado por la mayoría del pueblo en siete procesos electorales.

Cuando por fin nos aproximamos a la decisión del máximo tribunal de justicia en la que se califique la actuación de los militares que dirigieron las acciones el 11, 12 y 13 de abril, hemos visto como la campaña mediática inició, varios días antes, la construcción de una matriz de opinión para influir en la decisión de los magistrados y magistrados haciendo ver que no hubo golpe de estado.

Luego, grupos de la llamada "sociedad civil", los mismos que montaron el show en la Plaza Altamira, comenzaron a congregarse en el Tribunal Supremo de Justicia para "expresar su apoyo a los militares sometidos a antejuicio de mérito", llegando incluso al abuso de lavar la bandera de Venezuela.

Todo esto tenía otro objetivo: provocar a que los grupos que defienden el proceso revolucionario a que tomaran el Tribunal Supremo de Justicia como el nuevo escenario para dirimir las diferencias. Estos grupos, que actúan movidos por un sentimiento de impotencia ante la desigual batalla de ideas que libran contra quienes controlan los medios de comunicación y quieren imponerles su criterio, han sido nuevamente víctimas de la eficacia de la policía metropolitana cuando de reprimir a los partidarios del gobierno se trata.

Los medios de comunicación, transmitiendo en vivo desde el sitio de los acontecimientos, han desarrollado habilidades para manipular las imágenes y difundir su mensaje sesgado. Basta con ver o escuchar los noticieros y usted llega rápidamente a las siguientes conclusiones:

• Los partidarios de la oposición tienen legítimo derecho de protestar en el Tribunal Supremo de Justicia, los partidarios del gobierno no.
• El Tribunal Supremo de Justicia tomará una decisión histórica, siempre y cuando libere de toda culpa a los militares que ordenaron la detención del Presidente, designaron a Pedro Carmona y avalaron el Acta Constitutiva del Gobierno de Transición.
• La violencia que se genera al observar como son desalojados los partidarios del gobierno mientras se protege y se avala la presencia de los partidarios de la oposición se debe a una orden expresa emitida desde Miraflores.
• El responsable de todos los desmanes que cometan las personas y policías en esas manifestaciones es responsabilidad del Ministro del Interior y Justicia.

Si realmente deseamos realmente una justicia reconocida por todos y todas proponemos:

• Que cese la campaña mediática que busca influir en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
• Que los medios de comunicación, en ejercicio de su deber de informar, muestren equilibrio al divulgar las dos posiciones que existen sobre la materia.
• Que se retire todo tipo de manifestación en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia, sean de partidarios del gobierno o de la oposición.
• Que se difunda ampliamente la discusión de los criterios jurídicos, superando de esta manera lo estéril del debate partidista.