Que se sepa, los graves problemas causados por la presencia de la guerrilla colombiana en la zona fronteriza habían dejado de ser considerados hace mucho rato, al menos desde el lado ecuatoriano, bajo un prisma romántico e ideológico. Y no solo por el rumbo que tomaron desde hace mucho tiempo las acciones insurgentes, sino porque cualquier ecuatoriano medianamente informado acepta que, una vez que se volvieron una presencia real que afecta a la soberanía, a la seguridad y a la economía ecuatorianas, deben ser enfrentados con estrategias continuas y globales que preserven la integridad territorial y la tranquilidad ciudadana. Normalmente eso es lo que se espera de los responsables de la seguridad externa e interna, mientras que de quienes manejan la diplomacia se esperan acciones binacionales o multilaterales concertadas. Las recientes acciones insurgentes en el Putumayo tomaron por sorpresa a los gobiernos de Colombia y Ecuador, y es precisamente en esas situaciones de desconcierto donde, al mismo tiempo que se desnudan las debilidades, suelen quedar en evidencia los pensamientos más extremos. Las autoridades colombianas han vuelto a su inaceptable posición de presión y sus pares ecuatorianos -en lo que se vuelve un cambio drástico después de la actitud obsecuente de un gobierno como el de Lucio Gutiérrez- han dado rienda suelta a una actitud en la cual se mezclan el desconocimiento del manejo de los asuntos de Estado y un dejo nacionalista absolutamente desfasado de la compleja realidad que se vive en la frontera y que, en consecuencia, atañe a los dos países. Una cosa es declarar que el Ecuador no interviene en los asuntos internos colombianos, reclamar por los efectos de las fumigaciones a los cultivos ilícitos en la línea de frontera o exigir un efectivo control del lado colombiano para evitar el paso de ilegales al país, e incluso arbitrar políticas para controlar la afluencia masiva de ciudadanos colombianos. Otra, mantener una posición laxa como la del ministro Mauricio Gándara respecto de las actividades insurgentes y sus consecuencias para el Ecuador. Bajo esa perspectiva, se filtra el mensaje equivocado de que las guerrillas colombianas tienen una autorización tácita para invadir el territorio nacional, mientras en la práctica los ecuatorianos que viven en la zona padecen desde hace varios años las graves consecuencias de este ambiente de inseguridad, entre las cuales se incluyen los masivos desplazamientos de colombianos que huyen de la violencia. El Ecuador debe mantener una posición digna frente a las pretensiones de involucrarlo como parte activa en el conflicto del país vecino, pero también tiene que enfrentar lúcidamente los crecientes efectos de la actividad de la guerrilla y el narcotráfico en una zona donde la presencia estatal ha sido casi nula históricamente y donde el desarrollo económico de sus poblaciones ha estado atado a su vínculo con las actividades ilícitas. La tarea para quienes aceptaron compromisos públicos es dura, pues no se deben a una ideología sino a un país, y tienen que imponer respeto a su espacio territorial y salvaguardar la seguridad social y económica en una zona sumamente frágil.