Ante la problemática que atraviesa el movimiento sindical en el estado Zulia

Carta abierta a la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias

Maracaibo, 16 de junio de 2005

Ciudadana María Cristina Iglesias
Ministra del Trabajo
Su Despacho.-

Reciba nuestro saludo bolivariano, clasista y revolucionario. Por medio de la presente, la Federación de Trabajadores UNT-Zulia, en proceso de legalización por ante las oficinas del Ministerio del Trabajo en Caracas, y afiliada a la Unión Nacional de Trabajadores, nos permitimos exponer el siguiente PLIEGO DE PETICIONES, referido a la problemática que atraviesa el movimiento sindical en el Estado Zulia.

ANTECEDENTES:

Desde comienzos de este año 2005, la dirigencia de la UNT-Zulia inició por ante la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo y la Coordinación Zonal del Zulia una serie de gestiones tendientes a exponer nuestras inquietudes por diferentes irregularidades que se venían presentando en la actividad del Ministerio del Trabajo en la región y que afectan considerablemente a los sindicatos y trabajadores agrupados en la UNT. En función de ello nos reunimos en varias oportunidades con el Coordinador de Zona y con la Inspectora de Maracaibo, ante los cuales les expusimos verbalmente nuestras inquietudes y nuestras solicitudes al respecto.

Uno de los aspectos resaltados en estas conversaciones iniciales fue recordarle al Ministerio del Trabajo la gran cantidad de denuncias que desde hace años (desde el 2003, por lo menos) existen de parte de sindicatos y trabajadores en contra del Inspector de Cabimas, Julio Ascanio, por su conducta a favor de la parte patronal y destructora del sindicalismo bolivariano. El resultado de esas gestiones fue absolutamente negativo para la UNT-Zulia. Nuestras observaciones sobre el inspector Ascanio no sólo no fueron atendidas (como no han sido atendidas en más de dos años), sino que se corrió la información (proveniente del ministerio en Caracas) de que el señor Ascanio sería designado próximamente como nuevo coordinador de la zona. Otras observaciones referidas a la modificación arbitraria y fraudulenta de Juntas Directivas de sindicatos afiliados a la UNT tampoco recibió respuesta alguna de parte de las autoridades del ministerio en la zona.

Al mismo tiempo, desde la Coordinación de Zona se desató una persecución contra los funcionarios del Ministerio del Trabajo que mantienen vinculaciones políticas con la Unión Nacional de Trabajadores, llegándose al punto de que una funcionaria encargada como Inspectora Conciliadora en Maracaibo fue sacada de ese cargo y colocada como ayudante en una sala laboral. A esta misma funcionaria, junto a otro jefe de sala también vinculado con la UNT-Zulia, se les aprobó y firmó su destitución del Ministerio del Trabajo, según informaciones que poseemos provenientes de funcionarios de alto rango en el Mintra, destituciones que hasta ahora no han sido ejecutadas.por la presión ejercida por la UNT en las últimas semanas.

Queremos resaltar que ambos funcionarios por destituir son abogados de un alto compromiso político con el proceso revolucionario, con la defensa de los trabajadores y del sindicalismo clasista, y muy competentes en lo profesional, como puede corroborarse en su trabajo en el Ministerio.

La UNT-Zulia, ante este panorama negativo en el cual el Ministerio del Trabajo no sólo no responde satisfactoriamente ninguna de nuestras solicitudes, sino que por el contrario toma decisiones que profundizan las diferencias y perjudican más aún a los sindicatos y a los trabajadores bolivarianos, decidimos iniciar una campaña de protesta en la cual solicitamos públicamente la destitución inmediata del Coordinador de Zona, Sergio Fernández, de la Inspectora de Maracaibo, Rosana Borjas, del Inspector de Cabimas, Julio Ascanio, de la Inspectora de Lagunillas, Virginia Cumaná, y de las Sub-Inspectoras de El Moján y Machiques.

Para ello realizamos una larga reunión con el Coordinador de Zona y la Inspectora de Maracaibo, el jueves 05 de mayo de los corrientes, en la cual participaron unos 15 sindicatos, en donde les expusimos detalladamente todas las observaciones y reclamos que la UNT-Zulia y otros sindicatos y federaciones como la CUTEZ tenemos hacia la actividad del Ministerio del Trabajo en el Zulia. En dicha reunión le comunicamos verbalmente, de manera oficial, al Ministerio del Trabajo, la solicitud de destitución de todos los funcionarios mencionados antes.

El resultado de esta reunión fue aún más negativo para el sindicalismo bolivariano agrupado en la UNT, pues la Inspectora Borjas procedió inmediatamente a reunir a todo el personal de la inspectoría de Maracaibo para predisponerlos contra la UNT y contra algunos de sus principales representantes, aduciendo que existía “una conspiración contra el ministerio” y que la UNT-Zulia esta proponiendo “botar a todas las secretarias y asistentes de la inspectoría”. Propuestas que por cierto jamás han sido realizadas por la UNT-Zulia. En esta campaña anti-UNT, la inspectora Borjas contó con el respaldo pleno del Coordinador de Zona. El resultado de esta campaña fue que los dirigentes sindicales de la UNT comenzaron a ser saboteados internamente en las distintas gestiones que diariamente se realizan ante el Ministerio del Trabajo, encontrando una actitud abiertamente negativa de parte de las secretarias y asistentes en las distintas salas de la Inspectoría de Maracaibo.

Debido a esta conducta saboteadora de parte de las autoridades del Mintra, la UNT-Zulia acordó realizar una jornada de protesta pacífica a las puertas de la Inspectoría de Maracaibo el lunes 23 de mayo, y nuevamente se le expuso a la inspectora Borjas, en su propia oficina y delante de las cámaras televisivas, nuestros reclamos ya realizados anteriormente, y las nuevas observaciones referidas al saboteo abierto iniciado contra los sindicatos de la UNT.

La reacción de las autoridades del Ministerio del Trabajo luego de esta jornada de protesta fue que comenzaron a exigirle a cada sindicato afiliado a la UNT-Zulia que para poder adelantar cualquier gestión por ante la Inspectoría de Maracaibo tenían que previamente presentar un escrito en el cual se retractaban de cualquier crítica realizada anteriormente contra el ministerio y avalaban la “buena gestión” que las autoridades del ministerio venían realizando. Esa declaración escrita debía acompañarse de una declaración pública ante los medios en el mismo tono.

Como prueba contundente de esta actitud chantajista asumida por las autoridades del Mintra en el Zulia, la Inspectora Borjas procedió a inhibirse de conocer el proyecto de contrato colectivo introducido por el sindicato USEC, de empleados de la Coca Cola, aduciendo como motivo el que dicho sindicato estuviese solicitando su destitución. Pero al mismo tiempo, el Coordinador Fernández se reunió con los directivos de dicho sindicato USEC, y les comunicó que debían presentar por escrito y ante los medios de comunicación la declaración ya mencionada en la cual avalaban la buena gestión del ministerio; también les dijo que debían distanciarse de Roberto López y Asiclo Godoy, miembros de la Coordinación de la UNT-Zulia, y que si cumplían esos requisitos el ministerio procedería a retirar la inhibición de la inspectora Borjas y se tramitaría su proyecto de contratación colectiva. Si no ocurría así, dicho proyecto sería enviado a Barquisimeto.

En semanas posteriores, los directivos de la USEC presentaron una comunicación dirigida al Ministerio, intentando cumplir las exigencias chantajistas realizadas por el Coordinador Fernández, y éste les informó que el proyecto de contrato sería tratado por Maracaibo.

Esta solicitud chantajista también le fue realizada a otros dirigentes sindicales, como Lilí Rincón, del sindicato farmacéutico (según nos lo comunicó por vía telefónica). En el caso del sindicato bolivariano de la construcción, Sitraconsafra, los funcionarios del Mintra en Maracaibo comenzaron a decir que todas sus gestiones de dicho sindicato serían enviadas a Barquisimeto.

Como resultado de la protesta realizada el 23 de mayo, se presentó en Maracaibo el señor Oscar García, director del Ministerio del Trabajo en Caracas, enviado especialmente por la Ministra para conocer de la situación conflictiva presente en este estado Zulia. La UNT-Zulia realizó una amplia reunión con el señor Oscar García el día 25 de mayo, en la cual le fueron expuestos uno por uno todos los casos en los cuales existen críticas y reclamos a la conducta del Ministerio del Trabajo en la región. Según nos ha informado posteriormente Oscar García, él procedió a elaborar un informe que fue entregado a la Ministra del Trabajo, el cual sin embargo, hasta la fecha de hoy, no ha recibido respuesta (por lo menos no conocemos respuesta alguna en la UNT-Zulia).

Debido a la agudización de la conducta antisindical de las autoridades del Mintra en el Zulia, la UNT-Zulia acordó realizar una nueva jornada de protesta el martes 7 de junio, en la misma sede de la Inspectoría de Maracaibo. En esta protesta, centenares de trabajadores se movilizaron hasta la sede principal del Mintra en el Zulia, y expresaron durante todo un día su malestar por los desafueros que vienen ocurriendo en contra del sindicalismo bolivariano.

La respuesta obtenida de las autoridades del Mintra en el Zulia fue la profundización de la campaña anti UNT. La Inspectora Borjas elaboró una comunicación dirigida a cada sindicato de la UNT-Zulia, en la cual les exige que presenten individualmente y por escrito las reclamaciones que su sindicato tiene con respecto a algún trámite particular en la Inspectoría de Maracaibo. Al mismo tiempo, el coordinador Fernández comenzó a difundir la desinformación de que detrás de las protestas de los trabajadores de la UNT se encontraba una conspiración de la derecha golpista, que podía estar la CIA manipulando a los dirigentes de la UNT, que gente de la CTV como Froilán Barrios tenía sus manos metidas en las protestas contra el Ministerio del Trabajo.

La actitud asumida por las autoridades del Ministerio del Trabajo constituyen un mecanismo de chantaje que viola preceptos constitucionales y los más elementales derechos democráticos consagrados universalmente. Específicamente están violentando el artículo 57 de la CRBV, que garantiza la libertad de expresión. El artículo 61 referido a la libertad de conciencia. El artículo 68 referido al derecho a manifestar pacíficamente. El artículo 95 que consagra la libertad sindical. El artículo 46 que garantiza el respeto a la integridad moral de los ciudadanos. El artículo 51 que establece que toda persona puede dirigir peticiones ante cualquier autoridad pública. El artículo 62, que establece que todo ciudadano tiene el derecho de participar libremente en los asuntos públicos y de ejercer control sobre la gestión pública. El artículo 70, que establece que las asambleas de ciudadanos son medios de participación popular.

Al intentar quebrar la unidad de la UNT-Zulia, solicitando individualmente a cada sindicato sus quejas particulares, el Ministerio del Trabajo está violentando un principio histórico de organización de la clase trabajadora mundial, como lo es el de la organización colectiva para la lucha reivindicativa y política. Se está desconociendo la existencia de un colectivo de sindicatos, la UNT-Zulia, que lucha no sólo por causas particulares, sino que se pronuncia ante los problemas que afectan a alguno de los integrantes de ese colectivo, entendiendo que las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora son las mismas en todas partes, y que la única fuerza real con que cuentan los trabajadores es precisamente su lucha en colectivo, como clase, y no individualmente o en sindicatos aislados.

Se intentan tomar represalias, y se asumen posiciones chantajistas, contra sindicatos que si bien no tienen reclamaciones propias referentes al Ministerio del Trabajo, han asumido posiciones de solidaridad para con otros sindicatos que sí han sido afectados por decisiones tomadas en el Ministerio.

Esta conducta solidaria del sindicalismo clasista agrupado en la UNT, que es una de las herramientas de lucha fundamentales de la clase obrera mundial, tal como lo formula la consigna histórica “Proletarios de todos los países, uníos”, pretende ser destruida mediante el chantaje y el amedrentamiento por las autoridades del Ministerio del Trabajo en esta región.

Esta situación configura un cuadro de extrema gravedad, en el cual están amenazados derechos ciudadanos fundamentales, y en donde la supervivencia del sindicalismo clasista y revolucionario está puesta en duda. Situación pocas veces vista incluso en tiempos del puntofijismo.

Un resumen de las principales denuncias existentes contra el Ministerio del Trabajo en el Estado Zulia lo exponemos a continuación (debe verse como una muestra de las reclamaciones realizadas por diferentes sindicatos; no son todos los casos):


1) El despido del Secretario General del Sindicato Sintracarmiquim (Carbones del Guasare), Arsenio Reverol, despido decidido por Julio Ascanio en el 2003 cuando era Inspector Jefe de Maracaibo. Con este despido (fue despedido también otro directivo del mismo sindicato) se descabezó al sector bolivariano y clasista, y se dejó al sindicato, has la fecha de hoy, en manos de personas propatronales. Es conocida la larga trayectoria antisindical de las empresas del carbón, en las cuales se han despedido en los últimos 15 años todos los directivos sindicales que han intentado representar los intereses de los trabajadores. Lo grave es que esto ha seguido ocurriendo dentro del proceso bolivariano.
2) La homologación por parte de Julio Ascanio, como inspector de Cabimas, de seis contratos colectivos introducidos por empresas camaroneras del Sur del Lago, cuando no era su jurisdicción (a más de 500 km. de distancia) y cuando era evidente el carácter fraudulento de los sindicatos patronales con los cuales se estaba firmando. Previamente, dichas empresas camaroneras habían despedido a toda la directiva del sindicato bolivariano que allí se había creado.
3) El caso de los trabajadores de Inmarlaca, empresa camaronera de La Villa del Rosario (son los mismos dueños de las camaroneras del sur del lago). La empresa despidió primero a la directiva del sindicato bolivariano, luego objetó la discusión de un proyecto de contrato aduciendo la existencia de un sindicato patronal que la Inspectoría de Maracaibo registró en tiempo récord de 30 minutos. Luego la empresa despidió a 124 trabajadores, los cuales, ante las maniobras de la patronal y el ministerio del trabajo, terminaron rindiéndose y acordando su liquidación. Como demostración del juego antiobrero al cual se prestó el propio ministerio del trabajo, una vez consumado el despido de los trabajadores bolivarianos, el sindicato patronal renunció a su condición de tal, y actualmente no existe sindicato en dicha empresa. En la reunión sostenida el 5 de mayo, la UNT-Zulia le exigió al coordinador de zona que denunciara por ante la fiscalía las reiteradas amenazas que personeros de la empresa Inmarlaca realizaron contra funcionarios del ministerio del trabajo que se hicieron presentes en la empresa, denuncia que hasta donde sabemos no ha ocurrido.
4) El caso de los trabajadores camaroneros del Municipio Miranda, cuyo sindicato SITRAICOSMI comenzó a discutir un proyecto de contratación colectiva en la Inspectoría de Maracaibo, y luego de varios meses de discusión, sorpresivamente el Coordinador de Zona decidió paralizar la discusión y enviar dicho proyecto a la Inspectoría de Cabimas, a pesar de conocer las objeciones realizadas por la UNT al inspector Ascanio por su conducta complaciente ante las empresas camaroneras. Actualmente esa discusión de contrato está paralizada, y los trabajadores han quedado a la deriva debido a la conducta irresponsable del ministerio del trabajo.
5) El caso del Sindicato Bolivariano de Canalizaciones (SITBINC), en el cual fue modificada toda su junta directiva y tribunal disciplinario, modificación realizada por un grupo minoritario de la directiva, presentando actas fraudulentas, firmas falsas, convocatoria no firmada y no ajustada a los requerimientos establecidos en los estatutos del sindicato. Ante nuestro reclamo, la inspectora Borjas ratificó que cualquier grupo de trabajadores que le llevara una convocatoria, un acta de asamblea y unas firmas, ella procedería a decidir la modificación de la junta directiva de cualquier sindicato. Esta conducta de la inspectora Borjas establece una ausencia absoluta de seguridad jurídica para el movimiento sindical zuliano, como se lo hemos hecho ver en cada oportunidad en que nos hemos reunido con ella.
6) El caso del sindicato petrolero OSMV, que aunque no participa en la UNT-Zulia, algunos de sus miembros han denunciado la maniobra realizada por la inspectora Borjas para modificar la directiva sindical a favor del señor Hugo Romero, conocido dirigente obrero de la oposición e involucrado en el paro golpista del 2002. En este caso, la inspectoría le negó el registro a más de 300 trabajadores cotizantes del sindicato OSMV, y en cambio si permitió el registro apresurado de 800 trabajadores fantasmas presentados por Hugo Romero, lo que permitió a dicho sector mantener el control absoluto del sindicato, aunque los trabajadores reales no lo apoyen.
7) El caso del referéndum de la CocaCola, realizado en el mes de enero de 2005. Previamente se había establecido un acuerdo entre los dos sindicatos involucrados, el sindicato bolivariano y el cetevista, firmado en acta, en el cual se permitiría la presencia durante el acto de votación, de delegaciones de trabajadores de las federaciones respectivas. Pero unas horas antes del referéndum, la inspectora Borjas, accediendo a una petición realizada por la parte patronal, decidió desconocer dicha acta y prohibió la presencia de delegaciones de trabajadores en el acto de votación. De esta forma, los compañeros trabajadores miembros de sindicatos de la UNT-Zulia y de sindicatos venidos de otros estados del país, no se les permitió la entrada a la empresa, y fueron conminados a alejarse del sitio haciendo uso de los cuerpos policiales. Sin embargo, si se permitió la presencia de una numerosa delegación patronal venida de México y de Caracas, la cual estuvo durante todo el día, actuando en abierto amedrentamiento contra los trabajadores bolivarianos. Como resultado, los camaradas bolivarianos del sindicato SUTEC perdieron el referéndum. La inspectora Borjas reconoció su responsabilidad en esta decisión propatronal, en la reunión sostenida el 5 de mayo.
8) El caso del sindicato municipal de la construcción de Maracaibo, en el cual una parte de la directiva sindical fue excluida del mismo por una decisión de la inspectora Borjas. La parte excluida, encabezada por Waldo Fuenmayor, acusa a la inspectora Borjas de actuar con favoritismo hacia la otra parte, encabezada por George Fereira. La inspectoría ha negado la inscripción como adherentes del sindicato a 600 trabajadores del grupo de Fuenmayor, lo que implicará la no posibilidad de este sector de participar en las elecciones internas del sindicato, próximas a realizarse.
9) El caso del despido masivo de los trabajadores de Celadores Mara, miembros del sindicato SIPTRABSEZ. En agosto del año pasado fueron despedidos 72 trabajadores miembros del sindicato y junta directiva. El despido masivo fue enviado a Caracas en septiembre, y sólo fue a finales de mayo cuando se tomó la decisión en la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo en Caracas, luego de ocho meses. Hacemos mención que ya en octubre del 2004, los abogados de la empresa Celadores Mara alardeaban aquí en Maracaibo que ellos habían resuelto el caso dentro del ministerio en Caracas. En todo caso, es evidente la conclusión de que el enorme retardo de la decisión tomada por el ministerio, termina favoreciendo a la parte patronal, pues muchos trabajadores agobiados por las necesidades económicas, se vieron forzados a arreglar su liquidación con la empresa.
10) El caso de la calificación de despido introducida por Ipostel en contra del directivo del sindicato SINTRACOMEZ, Edison Hernández, miembro activo de la coordinación de la UNT-Zulia. Dicha calificación fue notificada al camarada dentro de la propia inspectoría de Maracaibo, debido a que la inspectora Borjas obligó a un funcionario a realizarla. De esta conducta y otras anteriores, podemos concluir que existe una parcialización de la inspectora en contra del camarada Edison Hernández, y a favor de la parte patronal (Ipostel), sobre todo si se encuadra en la serie de retaliaciones que dicha inspectora ha venido tomando contra todos los sindicatos que la han protestado.
11) El caso del Sindicato de Hidrocarburos de Lagunillas, que vincula al mismo tiempo a funcionarios de tres inspectorías. El caso es que la directiva de dicho sindicato quedó acéfala luego del paro golpista. En el 2003, el Mintra reconoció una nueva junta directiva elegida en asamblea de trabajadores (como se hizo en casi todos los sindicatos petroleros de la COL). Sin embargo, el mismo inspector Julio Ascanio, a fines del 2003, cediendo a las presiones del dirigente petrolero Alexis Campos, uno de los cabecillas del paro golpista, declaró un conflicto intrasindical y envió el caso a tribunales. No obstante, tanto el tribunal laboral de Cabimas como el Juzgado Superior en Maracaibo, reconocieron al compañero bolivariano Genaro Briceño y demás integrantes como la directiva legal del sindicato. Sin embargo, la inspectora Rosana Borjas se pronunció a favor de Alexis Campos, desconociendo tanto la decisión anterior de Ascanio, como las dos decisiones de tribunales. La inspectora Borjas ha negado incluso el otorgamiento de copias del expediente del sindicato al camarada Briceño, argumentando verbalmente que no es parte interesada. Los trabajadores denuncian igualmente que la propia inspectora Borjas, en compañía del defensor del pueblo de Cabimas, Carlos González, se dirigieron hasta una institución bancaria en compañía de Alexis Campos para lograr que desbloquearan la cuenta del sindicato, la cual tenía varias decenas de millones de bolívares.
12) En complemento de la información anterior, el señor Alexis Campos está relacionado personalmente con la inspectora encargada de Lagunillas, Virginia Cumaná, y en la directiva fraudulenta del sindicato de hidrocarburos de Lagunillas hay otro ciudadano de apellido Cumaná que probablemente es familia de la citada inspectora. Este vínculo de la inspectora de Lagunillas con dirigentes petroleros del paro golpista del 2002 fue denunciado al ministerio del trabajo desde el año pasado, incluso con informes escritos en los cuales se denunciaban las irregularidades cometidas por la abogada Cumaná cuando sólo era jefe de sala en Lagunillas. Estas denuncias no fueron escuchadas, y por el contrario, dicha abogada, que actúa profesionalmente como representante de los sectores golpistas, ha sido encargada de la Inspectoría de Lagunillas.
13) Como complemento de lo anterior, podemos decir que los promotores de que se avalara la junta directiva fraudulenta encabezada por Alexis Campos fueron los defensores del pueblo en Cabimas, Helímenes Zea y Carlos González, los cuales realizaron dichas gestiones directamente con Carlos Alexis Castillo. Probablemente el ingreso de la abogada Cumaná al ministerio, que ocurrió en la misma época (comienzos del 2004), se realizó por igual petición de los citados ciudadanos ante el Director General del Trabajo. Estos señores de la defensoría del pueblo en Cabimas han sido denunciados por manejar cuotas de empleo petrolero, en alianza con el inspector de Cabimas, Julio Ascanio. Funciones que no corresponden a ninguna de las dos instituciones. Ni la defensoría del pueblo ni el ministerio del trabajo tenían porqué participar en el reparto del empleo petrolero (antes de que se creara el nuevo sistema), pues esas funciones correspondían a los sindicatos y a la propia empresa petrolera. Anexamos copia de las planillas utilizadas para tal fin. El señor Helímenes Zea fue recientemente destituido de su cargo en la defensoría del pueblo en Cabimas. Seguimos esperando por la destitución del inspector Ascanio.
14) Se ha cuestionado al Ministerio del Trabajo por la ausencia de liderazgo gerencial y político existente en la zona y en cada una de las inspectorías. Los vicios recurrentes que se arrastran desde el puntofijismo, debido a la presencia de numerosos funcionarios de carrera que aún laboran dentro del ministerio y que reproducen las conductas clientelares y corruptas del pasado adeco (no todos, por supuesto, porque los hay muy competentes), no están siendo combatidos por las autoridades del ministerio en la región, y por el contrario se ha dado plenos poderes a estos funcionarios de dudosa honestidad para que hagan y deshagan en contra de los sindicatos bolivarianos.
15) Se ha cuestionado el retiro de multas a empresas violadoras de los derechos laborales. La inspectora Borjas ha ordenado retirar multas a determinadas empresas, multas que habían sido decididas el año pasado por la anterior inspectora conciliadora. En general, se ha expresado la preocupación de la UNT-Zulia por el hecho de que empresas que reiteradamente violan los derechos laborales consagrados en la constitución y las leyes, siguen contratando libremente con instituciones del estado, aunque se supone que no se les debería otorgar la respectiva Solvencia Laboral. A este respecto hemos solicitado una profunda averiguación al respecto, y exigimos que el otorgamiento de multas se tramite con más celeridad, para combatir de alguna forma la ofensiva antiobrera que han desatado los patronos en este estado.

16) Se ha denunciado la negativa del Ministerio del Trabajo a tramitar un pliego de peticiones introducido por un sindicato de la construcción al cual están afiliados trabajadores de las empresas carboníferas. La información que tenemos es que la directiva de Corpozulia presionó directamente al Mintra para que dicho pliego no fuera admitido, como en efecto se hizo, dejando en el desamparo a un grupo de trabajadores que no tienen sindicato. Situación que se une a la ya mencionada ofensiva histórica que las empresas del carbón han tenido en contra del sindicalismo clasista.
17) Hemos cuestionado igualmente los criterios organizacionales cuantitativistas que predominan dentro del ministerio del trabajo, los cuales conducen a evaluaciones falseadas sobre la actuación de los funcionarios, medidas exclusivamente en números, sin determinar la calidad de dichas decisiones. De esta forma, decisiones como la tomada por el inspector Ascanio en contra del secretario general de Sintracarmiquim, pasan desapercibidas en un récord en el cual aparecen una mayoría de decisiones tomadas a favor de los trabajadores. Es imprescindible modificar estos criterios de “productividad” prevalecientes dentro del Mintra, pues son propios del modelo neoliberal que esta revolución bolivariana intenta superar, e imponer un criterio gerencial cualitativo, que considere los desarrollos específicos de la lucha de clases y los objetivos de la revolución.

Las denuncias en contra del ministerio son más que las aquí expuestas. Por razones de espacio y desconocimiento de detalles no las presentamos todas. Las aquí expresadas implican una grave responsabilidad de los funcionarios que estamos solicitando su destitución. Reiteramos al respecto nuestras peticiones:

A) Destitución inmediata del Coordinador de Zona Sergio Fernández, por actuar negligentemente en su papel de dirección gerencial y política en la zona, y por promover una campaña de chantajes en contra de los sindicatos bolivarianos, campaña que viola numerosos principios democráticos consagrados en la Constitución Bolivariana, y que desconoce la misma justificación histórica de existencia de la lucha sindical en el mundo.
B) Destitución inmediata de la Inspectora Rosana Borjas (Maracaibo), del Inspector Julio Ascanio (Cabimas), y de la Inspectora Virginia Cumaná (Lagunillas), por las razones antes expuestas.
C) Destitución de las subinspectoras de El Moján, Carmen Lupe Fernández, y de Machiques, María Romero.
D) Investigación a fondo de las responsabilidades que tiene el Director General del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, en muchas de las denuncias realizadas contra el Ministerio del Trabajo en el Zulia.
E) Investigación a fondo de las responsabilidades que pueda tener cualquier otro directivo del Ministerio del Trabajo en Caracas en la situación de anormalidad presentada en la gestión del ministerio en el Zulia, incluyendo al Viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado.
F) Exigimos que la comisión que investigue las denuncias aquí realizadas no provenga exclusivamente de la Dirección General del Trabajo, pues son parte interesada, como se desprende del análisis realizado en cuanto a las implicaciones de las denuncias e irregularidades. Creemos que los mismos causantes de las irregularidades, o encubridores de las mismas, no pueden venir ahora a investigar esas mismas irregularidades por ellos toleradas o incluso aupadas.


Ratificamos nuestra plena disposición a colaborar con el gobierno revolucionario que preside el compatriota Hugo Chávez. Los sindicatos de la UNT-Zulia nos preparamos para defender a esta revolución en todos los terrenos de lucha. Esperamos que nuestras denuncias sean atendidas con prontitud. Cada día que pasa es un nuevo golpe que recibe el sindicalismo clasista y revolucionario en el Zulia.

En el Estado Zulia estamos intentando reconstruir un movimiento sindical que fue arrasado hace 55 años, cuando la dictadura perezjimenista desmanteló a los sindicatos controlados por AD y el PCV en la huelga petrolera de 1950. En el período de la democracia puntofijista, el sindicalismo zuliano estuvo fuertemente controlado por la CTV, y la herencia de esa etapa ha sido la multitud de vicios y corruptelas que han debilitado al máximo al movimiento sindical en este estado.

Nuestro esfuerzo por construir la Unión Nacional de Trabajadores (único estado en el cual todavía no se ha legalizado la UNT) se ha encontrado con las trabas presentes en el propio Ministerio del Trabajo en Caracas. Habiendo entregado nuestros documentos constitutivos a mediados de febrero, fue sólo a comienzos de junio cuando el ministerio se pronunció planteando algunas correcciones menores. No se justifica que hayan pasado cuatro meses sin pronunciarse, cuando todos sabemos la gran debilidad de las fuerzas revolucionarias en el Zulia, que éste es un estado controlado por la oposición, y que una iniciativa como la de crear la UNT debería recibir todo el apoyo de las instituciones comprometidas con la revolución bolivariana.

Nuestra percepción de la realidad nos lleva a la conclusión de que mientras nosotros construimos sindicatos, el ministerio del trabajo nos los destruye. Es obvia la grave implicación de la afirmación anterior, y esperamos que sea considerada en esa dimensión.

Los efectos de lo que hoy se haga o se deje de hacer lo veremos en unos años. El fortalecimiento de las conductas patronales, antiobreras y antisindicales, y el fortalecimiento de los sectores golpistas agrupados en Fetrazulia y otras organizaciones sindicales, crearan a mediano plazo las condiciones para un nuevo paro golpista-fascista que intente nuevamente aplastar al proceso revolucionario bolivariano.

Los trabajadores revolucionarios del Estado Zulia no estamos dispuestos a permitir esto, y saldremos a la calle las veces que sea necesario para defender los derechos laborales hoy violentados por la ofensiva patronal, así como para exigir que el Ministerio del Trabajo se coloque a la altura de las necesidades históricas, y contribuya realmente al fortalecimiento de una sociedad democrática, bolivariana, revolucionaria, basada en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la república. Seguiremos haciendo contraloría social, tal como lo propone constantemente el propio presidente Chávez.

Ante la gravedad de la situación presentada en el Zulia, recurriremos a todas las instancias institucionales y a los medios de comunicación, para hacer conocer la misma, sin descartar nuevas acciones de protesta si no obtenemos respuestas oportunas y soluciones reales a los problemas existentes.

Sin otro particular, quedamos de usted,

Atentamente,


ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ (Coordinación UNT-Zulia)



ASICLO GODOY (COORDINACIÓN UNT-ZULIA)


ENRIQUE ESCALONA (COORDINACIÓN UNT-ZULIA)


PEDRO EUSSE. Coordinación UNT-Zulia.


GARVIS GARCÍA . Sec. General del Sindicato Unico de Trabajadores de Cervecería Polar (SINUNTRACEPOCA).


LUIS VALLES. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Municipio San Francisco (SITRACONSAFRA)


RHAMMER VEZGA. Coordinador General del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Estado Zulia (SUTIESCEZ).


ELWIS CAMPOS. Secretario General del Sindicato Unico de Trabajadores de la Empresa Coca Cola (SUTEC)



EDISON HERNÁNDEZ. Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones del Estado Zulia (SINTRACOMEZ-IPOSTEL)



ARGENIS NAVA. Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de los Servicios e Institutos Autónomos del Estado Zulia (SEPSIAEZ).



RENNY RANGEL. Secretario General del Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos de la Seguridad del Estado Zulia (SIPTRABSEZ).



NERIO ULLOA. Sindicato Autónomo de Trabajadores
del Sector Salud (SAPTRASEZ)


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