Las declaraciones en medios de comunicación extranjeros, de dos
exmagistrados destituidos del Tribunal Supremo de Justicia, que formulan
dudosos cuestionamientos contra el sistema judicial de nuestro país, y
que para ello se ponen a la orden de autoridades estadounidenses, con lo
cual desconoce la soberanía y las instituciones de su propia patria;
obliga al pueblo y a los altos funcionarios del Estado a reflexionar
sobre el proceso de formación y selección de jueces en la República
Bolivariana de Venezuela.
Efectivamente, al hallarnos en una etapa de consolidación del Estado
Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, es evidente que nuestro
pueblo experimenta un proceso de lucha dialéctica, con avances y
retrocesos, para derrotar viejos paradigmas socioculturales como el de
la justicia preconstitucional caracterizada por una concepción
positivista y burguesa del Derecho. Esto último se traduce en una
administración de justicia que tiende a interpretar y aplicar la ley sin
analizar ni dar prioridad al contexto social e histórico que la
comprende la norma, pues supuestamente sigue la letra del legislador en
sentido estricto.
Nótese por ejemplo en materia penal, que hay cauciones y fianzas
económicas que se convierten en restricciones a la libertad de las
personas humildes que son procesadas judicialmente, incluyendo miles
casos de responsabilidad penal del adolescente, sin que haya hasta hoy
una corrección efectiva a tal anomalía en la legislación que opera como
enemiga de los segmentos sociales vulnerables del país.
Entre muchos otros ejemplos de interpretación absurda o indebida que
permite el ordenamiento jurídico procesal vigente, lo fundamental es
advertir que todos ellos apuntan hacia la desafortunada instauración de
una justicia contra los pobres, administrada -no pocas veces- por
personas que conciben su función de manera arbitraria e inquisitiva como
si se tratare de poderes absolutos o simplemente como trampolín de
ascenso social para quien ejerce el cargo.
De la concepción burguesa del Estado y el Derecho, provienen los clanes y
tribus judiciales, vale decir, grupos que mediante el abuso de su poder
funcionarial y la manipulación de las normas, emprenden una suerte de
"particulares agencias de justicia" para el beneficio privado de la
tribu donde abunda la corrupción y el favorecimiento ilícito hacia sus
clientes. Estas asociaciones delictivas que desacreditan la justicia
nacional, procuran como fin esencial el enriquecimiento de sus
integrantes y suelen conectarse con actores de la delincuencia
organizada en otras ramas de la criminalidad como el narcotráfico, la
legitimación de capitales (lavado de dinero), el contrabando, el tráfico
de personas, el sicariato, etc.
La Constitución de la República Bolivariana manda la organización de un
Poder Judicial basado en la profesionalización de sus jueces, la
estabilidad laboral, la capacitación técnica y ética, el desarrollo de
la carrera judicial y los concursos públicos para la selección de los
administradores de justicia; todo ello se enmarca en un sistema que
intenta garantizar que sólo los ciudadanos de más alta condición moral,
intelectual y profesional asuman la trascendental tarea de ser jueces.
Contrario a lo que pudiera pensarse, inclusive en sectores del propio
Poder Público Nacional, la proliferación de jueces provisorios, lejos de
impedir que se constituyan clanes y tribus para delinquir, más bien
facilita que caudillos clandestinos (que por fallas del sistema judicial
y la vigente cultura del amiguismo) logran asumir cargos de alta
responsabilidad (magistrado de TSJ, juez rector, juez superior), tengan
la facilidad de armar rápidamente su tribu de fieles colaboradores
(jueces de primera instancia) a través de la anarquía que caracteriza la
selección de jueces provisorios.
En época donde la mayoría de los venezolanos, desde diversas trincheras,
luchamos por depurar las instituciones públicas y erradicar plagas como
la corrupción, el burocratismo, el abuso de poder, el fraude procesal,
el soborno a los funcionarios, la discriminación social en el aparato
judicial así como la compra y venta de la justicia; hoy más que nunca se
hace urgente reimpulsar un efectivo sistema de selección de jueces que
atienda a tres credenciales fundamentales: solvencia ciudadana
(honorabilidad), solvencia profesional (formación técnica) y compromiso
con los fines esenciales (vocación de servicio público, solidaridad,
justicia, equidad, bien común, etc) del nuevo Estado consagrado en la
Constitución de 1999.
Abogado
Abogado constitucionalista y penalista. Profesor UCV.
http://jesusmanuelsilva.blogspot.com