Contra la corrupción en el sistema de justicia

Las declaraciones en medios de comunicación extranjeros, de dos exmagistrados destituidos del Tribunal Supremo de Justicia, que formulan dudosos cuestionamientos contra el sistema judicial de nuestro país, y que para ello se ponen a la orden de autoridades estadounidenses, con lo cual desconoce la soberanía y las instituciones de su propia patria; obliga al pueblo y a los altos funcionarios del Estado a reflexionar sobre el proceso de formación y selección de jueces en la República Bolivariana de Venezuela.

Efectivamente, al hallarnos en una etapa de consolidación del Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, es evidente que nuestro pueblo experimenta un proceso de lucha dialéctica, con avances y retrocesos, para derrotar viejos paradigmas socioculturales como el de la justicia preconstitucional caracterizada por una concepción positivista y burguesa del Derecho. Esto último se traduce en una administración de justicia que tiende a interpretar y aplicar la ley sin analizar ni dar prioridad al contexto social e histórico que la comprende la norma, pues supuestamente sigue la letra del legislador en sentido estricto.

Nótese por ejemplo en materia penal, que hay cauciones y fianzas económicas que se convierten en restricciones a la libertad de las personas humildes que son procesadas judicialmente, incluyendo miles casos de responsabilidad penal del adolescente, sin que haya hasta hoy una corrección efectiva a tal anomalía en la legislación que opera como enemiga de los segmentos sociales vulnerables del país.

Entre muchos otros ejemplos de interpretación absurda o indebida que permite el ordenamiento jurídico procesal vigente, lo fundamental es advertir que todos ellos apuntan hacia la desafortunada instauración de una justicia contra los pobres, administrada -no pocas veces- por personas que conciben su función de manera arbitraria e inquisitiva como si se tratare de poderes absolutos o simplemente como trampolín de ascenso social para quien ejerce el cargo.

De la concepción burguesa del Estado y el Derecho, provienen los clanes y tribus judiciales, vale decir, grupos que mediante el abuso de su poder funcionarial y la manipulación de las normas, emprenden una suerte de "particulares agencias de justicia" para el beneficio privado de la tribu donde abunda la corrupción y el favorecimiento ilícito hacia sus clientes. Estas asociaciones delictivas que desacreditan la justicia nacional, procuran como fin esencial el enriquecimiento de sus integrantes y suelen conectarse con actores de la delincuencia organizada en otras ramas de la criminalidad como el narcotráfico, la legitimación de capitales (lavado de dinero), el contrabando, el tráfico de personas, el sicariato, etc.

La Constitución de la República Bolivariana manda la organización de un Poder Judicial basado en la profesionalización de sus jueces, la estabilidad laboral, la capacitación técnica y ética, el desarrollo de la carrera judicial y los concursos públicos para la selección de los administradores de justicia; todo ello se enmarca en un sistema que intenta garantizar que sólo los ciudadanos de más alta condición moral, intelectual y profesional asuman la trascendental tarea de ser jueces.

Contrario a lo que pudiera pensarse, inclusive en sectores del propio Poder Público Nacional, la proliferación de jueces provisorios, lejos de impedir que se constituyan clanes y tribus para delinquir, más bien facilita que caudillos clandestinos (que por fallas del sistema judicial y la vigente cultura del amiguismo) logran asumir cargos de alta responsabilidad (magistrado de TSJ, juez rector, juez superior), tengan la facilidad de armar rápidamente su tribu de fieles colaboradores (jueces de primera instancia) a través de la anarquía que caracteriza la selección de jueces provisorios.

En época donde la mayoría de los venezolanos, desde diversas trincheras, luchamos por depurar las instituciones públicas y erradicar plagas como la corrupción, el burocratismo, el abuso de poder, el fraude procesal, el soborno a los funcionarios, la discriminación social en el aparato judicial así como la compra y venta de la justicia; hoy más que nunca se hace urgente reimpulsar un efectivo sistema de selección de jueces que atienda a tres credenciales fundamentales: solvencia ciudadana (honorabilidad), solvencia profesional (formación técnica) y compromiso con los fines esenciales (vocación de servicio público, solidaridad, justicia, equidad, bien común, etc) del nuevo Estado consagrado en la Constitución de 1999.

jesussilva2001@cantv.net

Abogado

Abogado constitucionalista y penalista. Profesor UCV.
http://jesusmanuelsilva.blogspot.com


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Jesús Silva R.


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