Políticas públicas

La planificación en Venezuela

Un diagnóstico de la situación económica y social de Venezuela no puede hacerse, ni debe hacerse, sin una previa mirada retrospectiva. Además, hay que tener claro que las transformaciones de las estructuras económicas y sociales de un país no es una tarea simple que se alcanza con la formulación y ejecución de un Plan Quinquenal -o Septenal-, ni con dos o tres. Ejemplo de ello lo vivimos desde el I hasta el IX Plan, formulados entre 1960 hasta 1998.

Los nueve planes de la nación formulados, expresión genuina de las políticas públicas del Estado venezolano, siguen una cronología casi que coincidente con los períodos presidenciales: al presidente Rómulo Betancourt le correspondió la formulación del I y II Plan, e l III Plan de la Nación fue obra del gobierno de Raúl Leoni, mientras que e l IV y el IX fueron formulados por los gobiernos de Caldera I y II. Correspondió a Carlos Andrés Pérez el V y el VIII Plan de la Nación , mientras que a Luis Herrera el VI y a Jaime Lusinchi el VII.

Cada uno de esos planes, diseñados desde las oficinas de Cordiplán, tuvo sus particularidades, aunque lo más notorio y común en esos nueve documentos quinquenales fue el incumplimiento de sus metas y objetivos, resaltando la falta del ejercicio pleno de las democracias política y económica. Debe recordarse que las garantías económicas constitucionales estuvieron suspendidas desde 1960 hasta el II gobierno de Caldera, y fueron restituidas en 1995; fueron 35 años sin el ejercicio pleno de ese derecho constitucional. El plan formulado por Luis Herrera C. tiene el mérito histórico –al menos en su enunciado- de introducir por primera vez en Venezuela el tema de la democracia participativa como modelo de sociedad, mientras que el de Jaime Lusinchi se realizó con la metodología denominada planificación estratégica situacional. Las experiencias nos dicen que, en una importante proporción, esos planes quedaron en meras formulaciones.

Hay que reconocer que todos los planes permitieron la creación de instituciones que tenían la intención o el propósito de coadyuvar hacia el logro de las metas establecidas en los mismos. Sin embargo, al hacer hoy el análisis de los resultados sociales y macroeconómicos, observamos que en el Primer Plan de la Nación se aspiró a articular el tema de la participación con las políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la Comunidad, entendido éste como un elemento destinado a incorporar los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad de vida. Allí quedó plasmado en el documento, porque en los hechos Venezuela vivió una situación política y social que. Lo mismo sucedió con la Reforma Agraria, proclamada con bombos y platillos el 23 de enero de 1961 en el glorioso Campo de Carabobo.

Los dos últimos planes, el VIII y el IX, cuyas banderas fueron el Gran Viraje y la Agenda Venezuela, perseguían reorientar la caída en picada de la democracia venezolana en sus valores fundamentales porque entregados servilmente a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, condenaron, primero a la ignominia, luego al ostracismo y, definitivamente, a la muerte, a los dos grandes partidos de la seudo democracia que se vivió entre 1960 y 1998.

Aún así, pese al cierre de una serie de medios de comunicación social (diarios, semanarios, emisoras radiales, revistas), la incautación de ediciones completas de medios impresos, por lo nefasto de la política que se expresó en asesinatos, miríadas de presos políticos, torturas sistemáticas, y muchas otras aberraciones, coadyuvaron en la pérdida progresiva de la credibilidad en las instituciones llamadas democráticas. Pese a todo lo señalado, el “mundo libre” fue recurrente en sus declaraciones de poner a Venezuela como país “modelo de democracia en América Latina. Claro, al lado del Chile de Pinochet, del “gorilismo” argentino de Videla y compañía, de la tiranía de Stroessner, de la Nicaragua de Somoza, eso tiene su crédito

El primer Plan de la Nación, 1960-1964, presidencia de Rómulo Betancourt, tuvo como objetivo instrumental la racionalización de los ingresos petroleros para atender mayores áreas de necesidades y la elevación del nivel de vida de la población. Una de sus características fue la declaración del proteccionismo industrial y comercial, así como la política de sustitución de importaciones, enmarcada en las orientaciones de la Comisión Económica para la América Latina. En el Ministerio de Fomento fue designado, en enero de 1959, el Dr. Lorenzo Fernández. El Dr. José Antonio Mayobre, Ministro de Hacienda y uno de los cerebros del gobierno, declaró en ese entonces: “en materia de fomento industrial hay una definición clara: el país es proteccionista (…) las generaciones pueden y deben pagar, si es necesario, precios más altos para garantizar al país una actividad industrial que proporcione ocupación e ingresos suficientes cuando el petróleo disminuya o desaparezca”. Desde el sector privado se adoptó una posición similar, cuando Fedecámaras, reunida en Mérida en 1962, emitió la Carta Económica de Mérida, donde se reafirmó la necesidad de la “protección a la industria”.

Este Plan descartó la nutrición como instrumento de desarrollo aunque formó parte del plan de Sanidad. En nutrición la política se limitó al establecimiento de programas institucionales del Patronato Nacional de comedores escolares y al vaso de leche escolar.

En 1959 se iniciaron los estudios para redactar una nueva Constitución que amparara legalmente y de una manera definitiva la gestión de gobierno, la formulación de una política de reforma agraria y una reforma económica a mediano plazo, destinada a incentivar una economía paralizada.

Se instrumentó una política exterior para defender los precios y el mercado del petróleo venezolano y la estabilidad de la democracia. El incumplimiento de un conjunto de postulados doctrinarios de AD provocó dos divisiones sucesivas de esa organización, con dos divisiones, la primera en 1960 y la segunda en 1963.

El 5 de marzo de 1960 se promulgó la Ley de Reforma Agraria en el Campo de Carabobo.

A fines de ese año se dictaron medidas económicas de emergencia aplicándose una política de control de cambios y la rebaja del sueldo de los empleados públicos en un 10%. También se propuso la devaluación del Bolívar. Se proyectó un amplio esquema económico basado en la profundización de la política de industrialización por la vía de la sustitución de importaciones, la reorganización de la administración pública, la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo.

El 2 de julio de 1062, Betancourt inauguró la nueva ciudad de Santo Tomás de Guayana compuesta por las ciudades de San Félix y Puerto Ordaz y en donde se pusieron las esperanzas del gobierno en torno a la planificación industrial y urbana.

En 1963 , 19 de febrero, Betancourt inicia una corta gira al exterior que lo llevó a Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana. ·

En materia petrolera, entre 1959 y 1963, la producción alcanzó un promedio de 1.094.455 barriles diarios, una exportación promedio de 1.030.968 b/d para el 94,20% respecto a la producción, con un consumo interno promedio de 50. 931 b/d, para el 4,65%.

La economía creció a una tasa interanual promedio de 6,58% entre 1959-1963; entre 1954-1958 había crecido en 8,4% en promedio.

En resumen, fue un período muy convulsionado, con varios alzamientos cívico-militares, surgimiento de las guerrillas, suspensión permanente de las garantías económicas y, en gran medida, de las garantías políticas, con marcadas violaciones de los derechos humanos y una estrecha alianza con los sectores plutocráticos de la nación, al punto que los ministros de la economía y el Presidente del BCV eran designados en Fedecámaras.

*Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia

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