La Doctrina del Estado Social propone un modelo político constitucional que no se limita a exponer un catálogo de derechos para todas las personas, sino que a su vez estatuye un sistema normativo garantista para hacer de la igualdad una realidad palpable que reivindica a los menos favorecidos.
Según la óptica socialista, dentro de la transición hacia una futura sociedad sin clases, es imprescindible instaurar en las relaciones de la ciudadanía un nuevo régimen de “igualdad de condiciones” para corregir la barbarie de la humanidad ancestralmente desigual. Es así como el modelo social brinda especial protección a la clase popular, lo cual lo diferencia del Estado liberal burgués.
Dicho orden se expresa en leyes y políticas públicas de profundo contenido igualitario (propiedad social, seguridad social, regulación de precios, etc.) que se inclinan a favor de los sectores vulnerables (obreros, campesinos, mujeres, niños y adolescentes, etnias segregadas, etc.) frente a las plutocracias que les han discriminado.
Trátase de la equiparación jurídica para fomentar una “igualdad material” que garantice auténticas posibilidades de ejercer sin exclusión, el amplio elenco de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados en un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. Es esté, en definitiva, un nuevo orden estatal que persigue acumular fuerzas revolucionarias, no para la resignación a un reformista “Estado de Bienestar”, sino hacia la instauración de la sociedad sin explotación, el Socialismo Bolivariano del siglo XXI.
Constitucionalista. Profesor de estudios políticos e internacionales.
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