La liberación de un tutelaje deshonroso

La organización política-económica de la CELAC debería adoptar medidas conjuntas de revisión de la legitimidad y el monto de estas deudas externas y declarar inamisible la que hayan a lugar por ilegal y decretar una suspensión colectiva de pagos u obtener una drástica rebaja del monto mediante renegociación. Muchos de los países de América Latina y el caribe están en relaciones de dependencia económica con los países del grupo G-7 y la CELAC podría ser un magnífico instrumento para estimular y acrecentar los intercambios económicos regionales, y poco a poco hacerse menos dependientes,  tal como se ha concebido al crear organizaciones como la Comunidad del Caribe, CARICOM, el Mercado del Sur, MERCOSUR, y la Alianza Bolivariana para América, ALBA, fundada más sobre el punto de vista de la cooperación solidaria que en el mero comercio. Asimismo urge adoptar estrategias comunes para que los países miembros superen el subdesarrollo y la pobreza. Para este gran salto deben plantearse una reformulación de los parámetros del desarrollo, debiéndose  adoptar medidas como las siguientes: Apertura e intensificación de las relaciones e intercambios comerciales hacia Asia, África y el Pacífico. Revisión y cesación colectiva de pago de algunos cobros indebidos de la Deuda Externa. Fortalecimiento y extensión de alianzas comerciales internas, con exclusión de los países que tengan Tratados de Libre Comercio con potencias foráneas, y plantear los inconvenientes de estos acuerdos. Sometimiento de las maquilas a las leyes y derechos laborales locales. Iniciativas para el progresivo control social de industrias básicas y estratégicas. Lanzamiento del Sistema Unificado de Compensación de Reservas (SUCRE) y del Banco del Sur, para librarse de la dependencia del dólar y del euro como divisas de reserva, conllevando ésto a cortar vínculos con el nefasto Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

La desigualdad social instaurada por la colonización europea en el siglo XVI ha dado lugar a numerosas revoluciones y movimientos sociales en la historia contemporánea. muchos sofocados por gobiernos crueles y autoritarios, pero sin embargo y a pesar de esa atrocidad la mayoría de los presidentes de la región actualmente son izquierdistas o por lo menos progresistas: Cristina Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Ollanta Humala en Perú, Dilma Roussef en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba, Leonel Fernández en República Dominicana, Daniel Ortega en Nicaragua, varios mandatarios de las Guayanas y más en los países antillanos, al contrario de  algunos gobiernos de tendencia conservadora, enemigos de la intervención del Estado en cuestiones económicas y sociales, influidos por las políticas hegemónicas de los Estados Unidos. La orientación de las autoridades de estos países conservadores no se debe a la voluntad de sus pueblos expresada democráticamente, es la herencia de exterminios masivos de la oposición apoyados por Estados Unidos. Así fue como el dictador César Augusto Pinochet en 1.973 aniquiló al gobierno democrático de la Unidad Popular Chilena en un golpe militar patrocinado por Kissinger, Secretario de Estado de los Estados Unidos. El candidato de la oposición mejicana,  López Obrador, sostiene que el actual gobierno de su país surge de un fraude electoral. El presidente hondureño Porfirio Lobo viene de un cuartelazo apoyado por la base estadounidense de Palmasola establecida en ese país. En Colombia pesa sobremanera la instalación de unas 12 bases gringas y del Plan Colombia, con cifras récord en violación de los Derechos Humanos. Entre 1990 y 2000 el peruano-japonés Alberto Fujimori disolvió el Congreso y exterminó a la oposición socialista en un genocidio masivo sin parangón, sin embargo ahora el Perú ha dado un decisivo vuelco hacia una política progresista con la elección de Ollanta Humala en 2011.  

Para decidir el efectivo desarrollo de estos países dentro de la CELAC, ellos deben recuperar en forma plena la soberanía política, territorial, legislativa, judicial y administrativa, éstas disminuida por tratados y acuerdos internacionales, e instaurar en todos  ellos una verdadera democracia en lo político, social y económico en donde el pueblo sea el principal actor. Armonizar los movimientos sociales, partidos políticos e instituciones sociales. Prohibir subsidios foráneos a organizaciones políticas. Reconocer el derecho del Estado a intervenir en cuestiones económicas y sociales con la finalidad de proteger las industrias nacionales, regionales y locales, regulando y controlando su capital financiero interno,  como también el externo.

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