Uribe y Chacao: de la “Cultura Ciudadana” a la “Seguridad democrática” contra la Sala de Batalla Socialista Victoria Popular?

Hasta hace algunos meses la administración del municipio Chacao había venido trabajando por aproximarse a lo que muy vagamente ha enunciado como la “Cultura Ciudadana”, pero ahora ha cambiado al concepto de “seguridad democrática”. Para abordar este cambio ha requerido la asesoría del expresidente colombiano Alvaro Uribe y su cuerpo de seguidores. Debido al carácter político de este cambio es necesario precisar un poco en que consisten los conceptos a la luz de cómo estos han emergido de las particularidades  políticas en Colombia. Con una mejor comprensión de los conceptos es mas sencillo entender cuales pueden ser las posibles implicaciones de este cambio, tanto para la política local como para las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Empecemos por decir que el concepto “Cultura Ciudadana” en Chacao ha sido introducido con la asesoría de un grupo de consultores urbanos denominado movimiento visionarios, liderado por Antanas Mockus, alcalde de Bogotá durante dos períodos (1995-1997 y 2001-2003) y reciente candidato del Partido Verde a las elecciones presidenciales en Colombia.

Investigadores colombianos como Gutiérrez Sanín y otros (2009, Cities and Fragile States, working paper 44) han resaltado que la gestión de Mockus durante sus años de alcalde se caracterizó por cuatro vértices. En primer lugar, aumentar el presupuesto de las instituciones culturales y de la ciudad invitando a activistas de teatro y artistas libres a participar en extensas campañas para cambiar la actitud de los ciudadanos frente a la cultura ciudadana. Hasta entonces ésta estaba basada en la indiferencia, el egoísmo y el recurrencia de los ciudadanos a violar las más elementales normas de convivencia. El segundo vértice consistió en iniciar una amplia reorganización de las finanzas de la ciudad sobre la base de que “las recursos públicos son sagrados” haciendo seguimientos exhaustivos a los malos manejos e incentivando a la transparencia en las cuentas públicas. El tercer vértice, consistió en un cambió en la relación entre el alcalde y el concejo municipal, dado que había llegado a la alcaldía sin el apoyo de un partido mayoritario. Esto lo obligó a apostar todo por una metodología de dialogo y deliberación para sentar las bases de una relación equitativa de mutuo aprendizaje entre ambas partes. El cuarto vértice, dejaba en claro que en caso de emerger conflictos entre los intereses particulares y los intereses de la ciudad los últimos deberían guiar todas las discusiones entre el Alcalde y consejo. Mockus también puso énfasis en las malas normas como la fascinación por los atajos y la ilegalidad, la incompetencia profesional y el pensamiento anticuado como el caldo de cultivo que reproducen las diferentes prácticas de la violencia. El proyecto de Mockus introdujo lo que otros autores como Javier Sáenz (Revista de Estudios Sociales no.23, abril de 2006, 11-22, p.12.), han definido como una pedagogización de la ciudad. En esta se entrelazan la intimidad de los individuos y la vida privada familiar con las prácticas formativas en el lugar de trabajo. Con este entrelazamiento empezaron a transformarse las practicas que guiaban la organización de la vida social y la forma en que la gente se comportaba en publico desde caminar por las aceras y hacer presencia en los espacios de sus barrios, hasta el comportamiento dentro de sus propios vehículos y dentro de los del servicio público y en general su comportamiento en los espacios públicos anónimos de la ciudad. Con esta pedagogización la ciudad se convirtió en una enorme escuela para la construcción de una nueva cultura ciudadana para establecer una congruencia entre las prácticas sociales cotidianas con las leyes vigentes y en general con las normas de urbanidad más elementales. Desde entonces Bogotá empezó un camino de mejoramiento que paulatinamente la convirtió en un referente urbanístico a nivel regional e internacional.

 El modelo de Cultura ciudadana de Bogotá fue posteriormente replicado en Medellín, que durante los últimos 20 años del siglo pasado fue la ciudad más violenta e insegura del mundo. A partir de la administración de Sergio Fajardo (2004-2007) se puso en operación un modelo para construir convivencia ciudadana destinado a convertir a Medellín en la ciudad “Mas educada” del país. La administración invirtió alrededor del 40 por ciento de su presupuesto en mejorar la infraestructura educativa y de facilidades para la cultura. Con esta medida se integraron el tiempo útil escolar con el tiempo libre de los educandos proporcionando además oportunidades para que los pobladores pudiesen disfrutar de una oferta cultural de alta calidad en sus barrios populares. Esta medida estuvo complementada por un novedoso plan de Proyectos Urbanos Integrados en los barios populares con los más bajos índices de desarrollo humano y los más altos índices de violencia urbana. Las inversiones consistieron en la construcción de líneas de metrocables para conectar a los barrios marginados con el sistema del metro, mejoramiento de las conexiones de servicios públicos de aguas y electricidad; construcción de plazoletas, complejos deportivos, centros de salud y estaciones de policía, así como la construcción de ocho espectaculares Parques bibliotecas. Todas estas obras estaban inspiradas en el compromiso de pagar la histórica deuda social con “los más humildes” y que eran mediadas por dos componentes centrales. El primero que las obras fuesen construidas con los más altos estándares estéticos para proveer lo que la administración consideraba como el legítimo derecho de los pobladores de los barrios populares a la belleza urbana. El segundo, que todas las obras estaban adelantadas con formas de planificación participativa basadas en mesas técnicas de trabajo para reconocer las capacidades locales y radicar la cohesión social desde abajo, contribuyendo así a construir una nueva cultura ciudadana.

La llegada de estos alcaldes a dirigir las dos ciudades más importantes de Colombia también se vio enmarcada por el momento político de mayor fraccionamiento del espectro político del país. A la luz de este momento se demarcaron los tres bandos que al momento dividen a las elites colombianas. Estas son las elites rurales emergentes, las oligarquías conservadoras tradicionales y las elites urbanas de académicos e intelectuales progresistas. Las tres han adquirido representación en sus respectivas manifestaciones políticas. Así las emergentes de la mano del fenómeno paramilitar y el narcotráfico, se agruparon alrededor de la coalición de partidos emergentes coordinados por el Partido de la Unidad Nacional, o partido de la U. Durante el último decenio estas han tomado el control del Congreso colombiano desplazando el protagonismo de las oligarquías representadas por los partidos tradicionales (liberal y conservador). Ambas élites vienen siendo controvertidas desde una multitud de flancos, por un lado por el poder judicial, en especial el de la Corte Constitucional, que desde el 2004 promulgó la sentencia T-25/2004 que sentó el orden de cosas inconstitucional, en el que todavía se halla el país, por el desplazamiento forzado de más de tres millones de colombianos, y que prácticamente obligó al gobierno uribista a asumir a regañadientes una política integral de atención a los desplazados – que dio origen a nuevos escándalos y nuevas sentencias. Por otro lado sectores de académicos empezaron a recabar en las atípicas tendencias electorales de las áreas donde se había forzado el mayor desplazamiento de población y de los que provenían los congresistas del paramilitarismo. Estos inspiraron un tercer flanco, compuesto por la minoría parlamentaria del Polo Democrático y de liberales progresistas como Piedad Córdoba el Congreso de la República, que se movilizaron con estas denuncias por parte de los movimientos populares, y que obligaron a la Fiscalía general de la Nación y a la Corte Constitucional a iniciar las investigaciones que abrieron el escándalo de la Parapolítica.

Con la sentencia T-25/04 y la posteriores indagaciones a los escándalos que siguieron la parapolítica (desde la Yidispolitica y la distribución de subsidios agrícolas a las elites paramilitares (Agro Ingreso Seguro) hasta los Falsos positivos contra jornaleros pobres y las escuchas contra todos estos actores dentro del marco de la política de seguridad democrática Uribista), el país alcanzó un estado de cosas de inconstitucional totalmente insostenible. Para responder a esta debacle institucional se construyeron nuevas alianzas políticas entre los partidos Uribistas y los partidos tradicionales que finalmente llevaron a la victoria de Juan Manuel Santos en las elecciones del 2010. El Polo Democrático, que había llegado a disputar la presidencia con Uribe en el 2006, se ahogó en disputas internas en torno a la candidatura de Gustavo Petro, y no pudo convertirse en alternativa política frente al Uribismo. Este lugar lo empezaron a suplir las elites urbanas progresistas impulsadas por una serie de coaliciones, especialmente en asocio con la alianza social indígena, y que finalmente confluyeron en el Partido Verde.

Ideológicamente todas las tres élites que dirigen estas constelaciones políticas (la U, partidos tradicionales y los verdes) están agrupadas bajo el paraguas de la ideología comunitarianista lanzada por ideólogos como Amitai Etzione y Anthony Guidens en los Estados Unidos e Inglaterra. Esta “ideología” fue lanzada para reemplazar la polaridad Comunismo-Liberalismo por una nueva entre comunitarianistas autoritarios y comunitarianistas responsables. Con esta división han tratado de refundar un nuevo paisaje político con el cual asegurar la hegemonía del capitalismo neoliberal. En Colombia esta división ha sido precedida del exterminio sistemático de los defensores y representantes de ideologías comunistas, socialistas o de izquierda democrática desde los 1980’s. Este ideocidio sin precedentes en el continente americano recientemente se ha enfocado a tratar de insinuar un aparejamiento de la insurgencia armada con el Polo Democrático, para restarle aún más credibilidad a este en la vida política del país. Con tal precedente, el paisaje político colombiano muestra por un lado los sectores uribistas y de partidos tradicionales como el conservador, inspirados en un comunitarianismo autoritario, que impulsan el neoliberalismo de mano dura y la Tolerancia Cero con los sectores populares de izquierda democrática, feministas, defensores de derechos humanos y representantes del movimiento por la paz. Y por otro van los comunitarianistas responsables, que junto a algunos sectores liberales progresistas tratan de promover planes de cohesión social, internacionalización de la población trabajadora y la modernización de la sociedad. Con esto impulsan una estrategia de cosmopolitización para desviar el descontento popular de ser canalizado a las fuerzas de derecha e izquierda y así alcanzar un nuevo protagonismo en la nueva política del país de cara a una eventual post-guerra. 

 Es en este complicado panorama que es necesario colocar las tenues aspiraciones de la alcaldía de Chacao para adoptar una “Cultura Ciudadana”. Uno puede ver que inicialmente trataron de aproximarse al modelo de comunitarianismo responsable de Antanas Mockus y de Sergio Fajardo. Con sus boyantes ingresos la administración chacaense fácilmente podría haber asumido una estrategia para elevar el índice de desarrollo humano en los nueve barrios populares del municipio y, como en Medellín y Bogotá, cosechar dividendos políticos para construir otro tipo de oposición política al proyecto bolivariano.

Pero las prácticas de “tolerancia cero” radicadas por las administraciones del municipio desde la era de Irene Sáez, los ha alinderado paulatinamente con el comunitarianismo autoritario que representa el Uribismo colombiano. Los pobladores de los nueve barrios populares, especialmente durante las dos últimas administraciones, han estado sufriendo prácticas que contradicen todos los vértices del comunitarianismo responsable. Producto de la acumulación de capital inmobiliario desde los 1990’s Cachao y los municipios del Este de Caracas han venido experimentando un proceso de concentración de la población de altos ingresos. Mediante el acentuado crecimiento de centros comerciales en el Este, su población se ha venido desligando de la economía y la cultura locales para ligarse a las élites globales. Lo más interesante es que éste fenómeno se ha acentuado durante la era bolivariana. Esto ocurre no porque el gobierno bolivariano lo quiera impulsar conscientemente, sino porque el incremento del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores viene siendo captado en el consumo que estos hacen de bienes y servicios en los grandes centros comerciales o a través de las instituciones bancarias también radicadas allí. Por esta razón los barrios populares de Chacao vienen siendo económicamente asfixiados por el enorme encarecimiento de los costos de vida cuando la concentración de torres inmobiliarias y centros comerciales para población de altos ingresos se ha acentuado en el municipio.

Sin embargo los barrios populares siguen ahí y sus estructuras políticas en lugar de debilitarse se han venido ensanchando e integrando con el proceso bolivariano. De ahí que el cambio de “cultura ciudadana” a “seguridad democrática” puede prefigurar un recrudecimiento de la confrontación con la Sala de Batalla Victoria Popular. Con sus diferentes expresiones esta Sala de Batalla se ha convertido en una verdadera alternativa popular a la administración de Graterón. Desde los barrios populares del municipio esta Sala ha logrado rescatar el Mercado Patrimonial de Chacao de sumarse a las dinámicas de estratificación social impuestas con la proliferación de centros comerciales y torres inmobiliarias. Con esta medida han perturbado los intereses económicos que sostienen el nodo de intercambio entre las elites financieras y sociales del área metropolitana y sus contrapartes a nivel global. La misma Sala de Batalla ha estado construyendo alternativas institucionales desde los Consejos Comunales y los Comités de Tierra Urbana que durante el 2010 consiguieron adelantar sustanciales mejoras habitacionales en 200 viviendas de los nueve barrios populares y del casco central, mediante el proyecto Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Esta Sala de Batalla también ha gestionado la consecución y radicación de consultorios de Barrio Adentro, así como puntos de Mercal para ventaja de los pobladores en general, no solo grupos progobiernistas, que soportan los índices de precios más altos del país y la hacinación habitacional. Desde el 22 de Enero del 2011 dieron un Campanazo para llamar la atención de la opinión pública nacional sobre la necesidad de construir vivienda popular también en el valle de Caracas, donde el estado por decenios ha invertido en las mejores infraestructuras urbanas del país. Cuando realizaron este campanazo pusieron de manifiesto que en el municipio existen alrededor de 50 predios subutilizados que pudieran ser habilitados para proyectos de vivienda popular. Como parte de esta jornada de demarcaciones lograron la asignación de un terreno de 3,6 hectáreas donde al momento construyen por autogestión una Comunidad Socialista para 600 familias. El pasado mes de Agosto se convirtieron en los anfitriones para lanzar el Gran Polo Patriótico en Caracas, con una gran asamblea popular en la Plaza de Altamira.

Desde el momento de hacer el campanazo, hasta comenzar los trabajos de construcción de las viviendas las provocaciones han sido constantes por parte de Agentes de la Policía de Chacao. Estos han llegado al extremo de parquear sus vehículos privados en la puerta del Campamento 22 de Enero para sentarse a beber cervezas con el volumen de sus vehículos a todo nivel y mostrando sus armas de dotación para angustiar a los miembros del campamento. Con la construcción de esta nueva comunidad las vigilias de parte de estos “borrachos de oficio” han convertido la Avenida Adrián Rodríguez, a partir de la Calle El Saman y la portería de Corpoelec, prácticamente en una nueva calle rosa, muy lejos de lo que era antes de que los predios fueran transferidos al campamento de pioneros. Estas actividades, a más de perturbar la seguridad y la tranquilidad pública, ponen en peligro la seguridad del laboratorio de administración de la red eléctrica nacional que opera desde las instalaciones de Corpoelec radicadas allí. Los pobladores han presentado estas inquietudes a la administración de Corpoelec, al ministerio (del poder popular) para la Electricidad, y a la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas suficientemente contundentes para restituir la tranquilidad en este sector y sobre todo garantizar el legitimo derecho de los pobladores del Campamento de Pioneros 22 de Enero a avanzar en su proyecto de construcción sin más sabotajes ni ultrajes.

Con la alianza con el Uribismo es muy probable que este tipo de hostigamientos de parte de las fuerzas policiales municipales alcance niveles aún más agresivos que pueden poner en peligro la vida de los voceros del Campamento de pioneros y de la Sala de Batalla Socialista Victoria Popular. Las alianzas con el uribismo de la elite municipal ponen además estas relaciones en una nueva dimensión. En julio pasado se realizó una gran movilización popular contra la impunidad que todavía rodea la muerte de más de 300 dirigentes de movimientos populares en el todo el país. Con el antecedente del latente enfrentamiento entre las organizaciones del Poder Popular y la administración de Chacao esta “alianza” con el comunitarianismo autoritario sienta además las bases para tratar de “descarrilar” las reestablecidas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Aquí vale notar que con la salida de Uribe de la presidencia del poder ejecutivo en Colombia, el nuevo presidente Juan Manuel Santos tomó la iniciativa de buscar asesoría de Tony Blair, el más asiduo representante del comunitarianismo responsable británico. Esto marcó un acercamiento estratégico con los postulados del Partido Verde, lo que sucesivamente ha desencadenado constantes ataques de parte del expresidente Uribe. Dentro de estos desarrollos el gobierno Santista prácticamente adoptó la política exterior ventilada por los verdes durante la campaña presidencial, y con la que paulatinamente cesaron los hostigamientos con Venezuela para dar paso a un pleno restablecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos.

Paralelo a estos desarrollos el paso de las reformas sociales andan marchando a paso vertiginoso en Venezuela. Existe una gran esperanza de mutuo beneficio, en parte obligada por la emergencia de las lluvias del 2010. Es muy probable que desde estas nuevas relaciones entre los gobiernos nacionales tarde o temprano se radiquen bases para un nuevo panorama político de complementariedad en donde las buenas experiencias de ambas naciones circulen de parte y parte para beneficio de los dos pueblos y la coexistencia pacífica entre el comunitarianismo responsable colombiano y el comunalismo bolivariano. La fragmentada revolución urbana en Colombia, fundamentalmente impulsada por los comunitarianistas responsables, ha generado fortalezas que podrían complementar las necesidades de gestión de la revolución bolivariana: eficiencia de proyectos, innovación tecnológica y proyectos urbanos integrales para completar las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De la misma manera la revolución bolivariana expone fortalezas que pueden inspirar nuevas políticas para abordar el camino definitivo a la paz social en la sociedad colombiana, por ejemplo impulsar sólidas instituciones del poder comunal para la participación popular amplia y protagónica, reformas más ambiciosas para asegurar el buen vivir mediante el acceso a la vivienda popular de buena calidad, servicios públicos como derechos humanos, salud pública como prioridad estatal, seguridad alimentaria, educación pública de buena calidad a todos los niveles, entre otros aspectos.

Todas estas posibilidades pueden enturbiarse nuevamente de afincarse un proyecto comunitarianista de corte autoritario, inicialmente para enfrentar desesperadamente la inminente consolidación de una comuna socialista en Chacao impulsada por la Sala de Batalla Victoria Popular. Sin embargo no hay que apresurarse tanto en el análisis. También es muy probable que existan otras fuerzas progresistas dentro de los grupos opositores que puedan estar pensando en una alternativa realmente distinta a apoyar un proyecto político que como en Colombia ha sido despojado de su protagonismo político. Para estos sectores su lucha consiste en deslindarse de este proyecto guerrerista y sumarse a construir una oposición verdaderamente sintonizada con los nuevos tiempos democráticos, que han llegado para quedarse, y para consolidar la ya irreversible unidad popular latinoamericana.

juanfervelasquez63@gmail.com



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