Considerando, que por un lado existe una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantea que se le restituya a un ex alcalde su derecho a ejercer cargos públicos, y por el otro, hay una sanción del Estado venezolano contra este ciudadano debido a que mientras era funcionario afectó el patrimonio público; es necesario esclarecer cuál de los veredictos satisface mejor el principio de progresividad y por ende debe prevalecer.
Al analizar este conflicto de bienes constitucionales: 1) un veredicto de la CIDH que cuida un derecho individual, y 2) una decisión de nuestro Estado que protege el derecho colectivo del patrimonio público; resulta evidente que el dictamen venezolano es el que mejor se corresponde con el precepto del señalado artículo constitucional.
En definitiva, erradicar la corrupción es vital para el desarrollo del Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia creado en Venezuela de 1999, pues como bien lo explican constitucionalistas de avanzada, uno de ellos Pablo Lucas Verdú, el nuevo Estado es resultado del progreso histórico y la decantación ideológica.
Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
