En mi condición de profesor de la Universidad de Los Andes, y como
ciudadano venezolano, me siento en la obligación de reflexionar en torno
al contenido del Comunicado aprobado por el Consejo Universitario el día
2 de los corrientes.

En el primer párrafo de ese texto se pide "al pueblo venezolano"
reflexionar "frente a la crítica situación que hoy vivimos" invocando el
articulo segundo de la Ley de Universidades. Debo decir que el texto
empieza con muy mal pie. Basta el sentido común para entender que el
referido artículo a quien obliga a reflexionar, en primer lugar y como
condición sine qua non, es a la misma Universidad; es ella la llamada por
el artículo a contribuir doctrinariamente "en el esclarecimiento de los
problemas nacionales", es decir, mostrar ante la nación el fruto de su
reflexión; por eso digo que es condición sine qua non. Antes de llamar
"al pueblo" a la reflexión, la universidad esta obligada a mostrar su
propia reflexión; es sólo así como contribuye a esclarecer el
entendimiento de los problemas nacionales. El llamado del Consejo
Universitario debiera entonces estar dirigido a los que conformamos la
comunidad universitaria; a menos que su llamado fuese la muestra de
nuestra reflexión. Pero no es esto último, precisamente, lo que el
Comunicado enseña. Daré enseguida las razones.

El mismo primer párrafo concluye con esta frase: "la crítica situación
que hoy vivimos todos los venezolanos". Es una frase que cualquiera dice
o escribe con facilidad. Pero, proviniendo de la Academia, debiera
esperarse que se ajuste al rigor demostrativo propio de la seriedad de
quienes se identifican, primariamente, por el ejercicio del intelecto. Lo
que expresa el Comunicado, a continuación, es exactamente la negación de
esa característica esencial de la Academia. En efecto, haciendo uso del
lenguaje propio de nuestro decadente periodismo, el texto repite
estribillos que sólo afirman meras hipótesis, cuando no burdas opiniones,
tales como "quizás enfrentamos la más dura prueba para nuestra
democracia", vivimos una "difícil situación en lo social, en lo político
y en lo económico", tenemos "la urgente necesidad de encontrar una
salida". Para la Academia resulta una terrible aberración el que ese
recurso al lenguaje insulso del periodismo se eleve por encima de la
rigurosa demostración que exige la afirmación de la existencia de "una
crítica situación que hoy vivimos todos los venezolanos". Hasta ese punto
del Comunicado no hay diferencia entre el texto y los pésimos reportes
comunes de nuestros medios de comunicación ya tan desprestigiados.

Pero lo que sigue es tan deprimente como doloroso. Los autores del texto,
y el Consejo en pleno al aprobarlo, se abrogan la autoridad de llamar al
pueblo venezolano a una consulta electoral. Parece sencillamente
increíble; confieso que he releído el texto no sé cuántas veces y aún no
me repongo del asombro. Trataré de explicar este asombro.

En primer lugar, afirman tajantemente que en "el camino del diálogo es
obvio que no se han obtenido resultados". Los universitarios sabemos la
enorme implicación que tiene decir que algo es "obvio"; es palabra que
exige un uso muy cuidadoso, en buena medida por la enorme facilidad
conque la usamos en el lenguaje de la opinión ordinaria donde,
generalmente, justifica nuestra flojera por razonar. Como aseguran que es
obvio que hay litigantes que ya no pueden dialogar, pueden pasar, con
sorprendente ligereza, a afirmar que "el pueblo venezolano sea el
arbitro" que "ayude a zanjar las diferencias". En medio de todo este
discurso hueco, vació de argumentación, "pueblo", como se entiende más
adelante, no es otra cosa que masa de electores.

En segundo lugar, se afirma lo siguiente: "La Universidad de Los Andes,
responsablemente, dentro de los términos establecidos en el marco legal
vigente, llama a consultar al pueblo, origen y fin de la democracia".
Esta frase deberá pasar a la historia como uno de los desaciertos más
temerarios del ya tradicional descuido del discurso oficial de nuestra
institución. ¿Desde dónde se puede afirmar que el marco legal vigente
atribuya a la Universidad llamar al pueblo a consulta? Consulta
electoral, por lo demás, pues es eso lo que indica a continuación el
infeliz Comunicado. En el mejor de los casos, pero también como
exabrupto, la frase pudo indicar que la Universidad llama a consultar al
pueblo dentro de los términos establecidos en el marco legal vigente.
Digo que también es un exabrupto pues no es responsabilidad institucional
de la Universidad llamar o no al pueblo a unas elecciones.

En tercer lugar, el documento termina haciendo gala del discurso propio
de la desenfrenada oposición al gobierno. En efecto, no sólo toma partido
por la idea de unas "elecciones ya" sino que además, después de asegurar
que el llamado a elecciones resolvería "el aspecto mas álgido de la
crisis política", prácticamente formula la pregunta del referendo tan
vociferado por la oposición obsesionada con la salida del Presidente de
la Republica. Lo hacen de una manera rayana en una aparente ingenuidad, a
saber, "estamos transitando el camino correcto o debemos ir por otro
sendero"? La contribución con la pobreza de la intelectualidad venezolana
no puede ser mayor.

A pesar de que un buen lector del Comunicado sabrá entender que la
verdadera Universidad esta representada en el voto salvado por Miguel
Delgado, creo que el Consejo Universitario debiera retractarse
públicamente de este Comunicado. Luego guardar silencio. Pero si ello le
resulta imposible, llamen a nuestros verdaderos académicos, apóyenlos en
la difusión publica de sus reflexiones y así, sencillamente, estarán
dando cumplimiento al mandato del artículo de la Ley de Universidades
invocado en este triste Comunicado. ¿A quiénes llamar? Ustedes lo saben
igual que yo y muchos otros: Luis Hernández, J. M. Briceño Guerrero,
Abdel Fuenmayor y José Vicente Scorza, por decir los cuatro académicos
ulandinos que hace unos años decía yo, y lo mantengo, son las verdaderas
autoridades universitarias de la ULA.

Jorge Dávila
Profesor Titular