El proceso de derechización que está viviendo la cúpula del gobierno bolivariano, la ha conllevado a pensar o creer que el resto del país, o son estúpidos o no se dan cuenta de las cosas. En vez de haber llamado a las bases del PSUV y el resto de los aliados y alianzas sociales que conforman el polo patriótico y decirles la verdad, que los resultados del pasado 26-S, fueron muy adversos y por lo tanto “hay que bajar la guardia” o “recortar la velocidad” o “disminuir la radicalización” y echarse hacia el centro; a lo que los revolucionarios le hubiésemos contestado; todo lo contrario lo que hay es que radicalizar mas el proceso revolucionario que se ha desviado con tanto funcionario corrompido y vividor que se ha puesto una cachucha roja y profundizar la revisión, rectificación y reimpulso al cuadrado, procediendo a una purga o depuración ideológica, para comenzar por fin, las transformaciones y cambios que requiere el país; en vez de haber dado la cara, agarrar el toro por los cuernos y haber asumido un debate abierto al país y a las bases, la derecha endógena, ha optado por comenzar un proceso de derechización pero “guillao”, soterrado, a escondidas, como si por abajo todos fuésemos tontos que no nos percatamos de lo que aquí hay.
Son múltiples los elementos que nos indican que se le ha dado un frenazo al proceso revolucionario y se ha marchado hacia el centro político o reformismo, con graves consecuencias, quizás de forma irreversible, para nuestra revolución bolivariana. Quizás el punto de quiebre ha sido la entrega del periodista Joaquín Pérez Becerra, refugiado Colombiano sobreviviente del genocidio político de la Unión Patriótica y nacionalizado como ciudadano Sueco, igual que el cantautor Julián Conrado, que de paso suena un poco a farándula, el hecho de lamentar la muerte de Facundo Cabral (Lo que es muy lamentable), mientras se tiene preso e incomunicado a un cantautor Colombiano, combatiente, quien está enfermo y vino a Venezuela a refugiarse, a morir en la misma tierra de Bolívar y es un héroe, es el equivalente a nuestro Alí Primera. Pérez Becerra fue el quiebre, repito, porque el caso tuvo resonancia a nivel internacional, pero son muchos los elementos que indican la derechización o giro hacia el centro de nuestro gobierno bolivariano; y uno de los casos es el proceso de criminalización que están sufriendo las luchas populares en general, en donde se han criminalizado las invasiones de tierra por necesidad de un derecho humano tan fundamental como es el techo o las tomas de calles, ahora son delitos con penas de años de prisión, en donde aun en regímenes de derecha , en el peor de los casos son multas o cuatro palazos por ese rabo y dos o tres días de arresto. Pero dentro del proceso de criminalización de las luchas populares, que es el síntoma más grave del proceso de derechización de la revolución bolivariana, porque implica un adiós definitivo a la revolución bolivariana (Valga de redundancia), está la criminalización de las luchas obreras, al que me voy a referir, y en especifico a la ensambladora de vehículos de la transnacional Japonesa Misubishi, en Barcelona, Estado Anzoátegui.
GUAYANA EL LABORATORIO DE LA CRIMINALIZACION OBRERA
Debo aclarar, que el Puntofijismo reprimió a la lucha sindical, metió preso y mato a sindicalista, pero de otra forma, quizás en ese aspecto fueron más refinados o quizás menos torpe en lo político, simplemente ligaba a los líderes sindicales clasista con el comunismo, y les abría juicio militar y los encarcelaba, pero por “comunistas”, mas nunca por sindicalistas, como lo hace Colombia hoy, pero con las FARC. Es decir, que supuestamente nunca se condenaba la actividad sindical (Que era el verdadero y único motivo de la actuación del estado), según la propaganda adeco-copeyana, el rollo era por subversivo más no por sindicalista, Venezuela, según ellos, era un país democrático en donde se “respetaba la libertad sindical”. Pero los asesores (Malos asesores, de corte neoliberal) de la revolución bolivariana, sin saber en la magnitud del problema en que se están metiendo, están criminalizando la lucha sindical en sí, lo que es una desviación de corte fascista (Ultra-derecha), ahora se mete al sindicalista preso, se le judicializa, por acciones cometidas en función del ejercicio de la lucha sindical.
El gran laboratorio “bolivariano” para la criminalización de la lucha sindical ha sido Guayana, las empresas básicas del Estado Bolívar, es donde ha nacido este fenómeno de la degeneración de la burocracia pumalaca que es un síntoma de fascistización.
Los pumalacas han querido acallar las luchas obreras y sindicales que han nacido en el seno de las empresas básicas del estado y de la construcción de grandes obras (Represas, puentes, estadios, urbanizaciones, autopistas), luchas que han nacido, por lo general, en contra de empresas tercerizadoras o precarizadoras (Contratistas o empresas troceadas con fines de evadir obligaciones laborales o evadir impuestos), pero en donde el estado ha sido cómplice y/o co-autor en la criminalización y hasta eliminación física de dirigentes sindicales, en la mayoría de los casos muchachos que apenas están empezando la lucha obrera y otros no tan muchachos.
La criminalización es un proceso en donde participan los siguientes actores: Los órganos administrativos del trabajo, entre ellos las inspectoria del trabajo e INPSASEL, debido a que en el Ministerio del Trabajo con su titular actual, que tiene bastante tiempo en el cargo, predomina la ideología y doctrina patronal de inspiración UCV-UCAB. Jamás como ahora, en plena “revolución bolivariana”, las inspectorías del trabajo son instrumentos para favorecer a los patrones y perjudicar a los trabajadores, solo existen unos casos en donde estas inspectorías actúan raudamente que veremos luego, cuando se trata de impulsar el paralelismo sindical; La Fiscalía del Ministerio Publico, sobretodo las Fiscalías Superiores de los Estados en donde hay gobernadores pumalacas que también son instrumentos de criminalización; estas fiscalías superiores, conjuntamente con fiscales plenamente identificados con la burocracia stalinista roja-rojita, son verdaderos operadores políticos de este proceso de penalización o también judicialización, en el sentido de imputar cargos a líderes obreros, en razón de luchas obreras. El poder judicial, sobretodo, en la materia penal, que actúa conjuntamente con las fiscalías con fines de penalización y en la materia laboral, los tribunales convalidan las decisiones pro-patronales y anti-obreras de las inspectorías del trabajo e inpsasel; dentro del poder judicial, sobretodo en las regiones, juegan un papel primordial los jueces rectores civiles (`Por lo general también presiden los circuitos penales) y los coordinadores de los circuitos del trabajo, quienes también son operadores políticos, conjuntamente con los fiscales superiores de este proceso de evidente tinte fascista denominado penalización de las luchas sindicales. Los sindicatos de la burocracia, en este caso sería la FBT, al igual que los adecos y copeyanos que tenían sus sindicatos blancos con bandas armadas, la burocracia pumalaca tiene su fracción sindical, quienes gozan de privilegios para ser legalizados como sindicato o para sus clientes ser reenganchados y protegidos por las inspectoria del trabajo; son los únicos casos en donde las inspectorías actúan a favor del obrero; las nuevas bandas armadas han superados ampliamente a sus predecesores los adecos y ya la cabilla es etapa superada, ahora es pistola lo que usan y por supuesto estas matan y en Guayana son más de 100 trabajadores asesinados, en función de conflictos laborales; y aquí entra un nuevo factor que forma parte de este proceso de criminalización y son las policías tanto nacionales como el CICPC como el SEBIN, la GNB y las policías regionales y locales, quienes actúan directamente interviniendo en las acciones de choque o “amedrentamiento” (En honor a la verdad debo decir que no son todos estos funcionarios sino grupos o individualidades) o indirectamente encubriendo a los culpables ya sea engavetando el expediente o convirtiendo en “cangrejo” la investigación, aunque estas policías forman parte de las fiscalías, ellos hacen un aporte especialísimo, que es imposible no nombrarlas aparte. De los más de 100 casos de asesinatos de líderes obreros existentes en Guayana, son muy pocos los resueltos, la mayoría de los expedientes se encuentran “engavetados”, no ver aquí una prueba de complicidad, es no querer ver el sol o las torres de El Silencio o las del Parque Central.
MITSUBISHI: CRIMINALIZACION DE UNA LUCHA SINDICAL
Siguiendo el libreto de Guayana, en Barcelona, la empresa transnacional Mitsubishi, ha logrado criminalizar a Siete (7) directivos del sindicato de la empresa y a otros Siete (7) delegados de prevención, quienes hoy en día ya no solo están “botados justificadamente” acorde al artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, por supuestos daños e incumplimiento por deslealtad tanto por la inspectoria del trabajo de Barcelona y ratificada esa decisión por un juez de primera instancia del trabajo, actualmente el caso laboral, está en proceso de apelación, pero también están criminalizados, es decir, están acusados por el patrono ante tribunales penales por “delitos” cometidos en función y con motivo de actividades sindicales dentro de la empresa.
Estos compañeros, también han sido “desplazados” por un sindicato paralelo de la burocracia, y un factor, que no lo anote arriba, pero ya el CNE (Este también es un factor de criminalización), declaró ilegal unas elecciones en donde estos compañeros fueron ratificados por los trabajadores como directivos sindicales.
En la próxima entrega, hablaremos del caso laboral y del penal, en detalle y el papel que ha jugado la Gobernación, en donde supuestamente existe un gobernador de la izquierda radical, que ya vemos porque el pueblo de Anzoátegui le pasó factura el pasado 26-S y allí la derecha fue beneficiaria, indebidamente, del voto castigo, ya que en este caso existen dos obreros muertos a manos de la policía regional, asesinados en un desalojo de un paro, cumpliendo órdenes de un juez que decretó un amparo a favor de los patronos por el “derecho al trabajo”, en donde se buscaba un amedrentamiento hacia los trabajadores.
