Sobre la aplicación de la nueva Ley contra el Delito de Contrabando

El pasado 30 de diciembre, se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el texto aprobado por la Asamblea Nacional de la Ley contra el Delito de Contrabando. El instrumento es prácticamente el mismo del año 2005, con la diferencia de que aumenta la penalidad por el delito de contrabando, en especial el que tiene lugar en nuestras fronteras, lo que en pocas palabras significa un reconocimiento a la poca utilidad de la Ley derogada ante el crecimiento desmesurado de actividad del mal llamado contrabando de extracción. El organismo de resguardo nacional, ha comenzado a aplicar la nueva ley,  registrándose detenciones masivas y apertura de procedimientos penales en las jurisdicciones de los municipios fronterizos de los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. No conocemos de procedimientos efectuados en otras jurisdicciones fronterizas venezolanas, distintas a la república de Colombia.

Continuamos con la interrogante  ¿Es imprescindible aplicar instrumentos altamente punitivos por la comisión del delito de contrabando? ¿Fue ineficaz la ya punitiva ley del 2005, para amedrentar y disminuir el delito? Si fue ineficaz, ¿Cree la Asamblea Nacional que aumentando las penalidades, disminuirá el contrabando?

Creo llegado el momento de aplicar las tres R; rectificar, revisar y reimpulsar las políticas públicas en los asuntos atinentes al contrabando, sobre todo al fenómeno que en esta materia afecta a nuestras fronteras.

El establecimiento de duras penas corporales no es tampoco una solución preventiva. Lo que si es cierto es que este modo de enfrentar el problema, definitivamente amplía las arbitrariedades, la corrupción, los mercados negros que violentan y distorsionan el normal intercambio de valores de uso e introducen prácticas de usura y de explotación del hombre por el hombre. De modo que si queremos socialismo, justicia social, equidad, honestidad, con la aplicación de este tipo de instrumentos, logramos simplemente el efecto contrario. Más corrupción, más usura, más injusticia social, más explotación del hombre por el hombre. Rectifiquemos por tanto, suspendiendo la aplicación inmediata de este instrumento punitivo.

En el marco del socialismo, la solución no es la represión indiscriminada. En Venezuela hemos proclamado la integración como el mejor modo de progresar, sobre todo en nuestros espacios fronterizos, en los cuales conviven de lado y lado, diferentes tipos de pueblos, con modos de vida,  formas de organización social y  costumbres particulares; hasta idiomas como el español, el inglés, el portugués, el holandés, el francés y por lo menos catorce lenguas indígenas se manifiestan como realidades comunicacionales en nuestros trece segmentos fronterizos, marítimos y continentales. Ello implica reconocer que la microeconomía fronteriza es necesaria e inevitablemente complementaria entre pueblos vecinos; por tanto, la acentuada disparidad de precios entre Colombia y Venezuela; entre Brasil y Venezuela; entre Guyana y Venezuela y entre el arco del Caribe y Venezuela, de infinidad de mercancías, origina un intercambio normal, la salida e ingreso no registrado de productos, de valores de uso.

Revisemos por tanto las políticas públicas hacia el contrabando fronterizo, declarando libres de impuestos las zonas de integración fronteriza (ZIF) previstas y aún no creadas, estructuradas y ordenadas en el Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013; penalizando tan solo aquellas mercancías cuya circulación se encuentra  prohibida por estatutos y convenios internacionales suscritos por Venezuela.

Cualquier punto de nuestra  geografía fronteriza puede servir para el ingreso no registrado de mercancías ó valores de uso pero también la salida de productos nacionales; el problema es ver hasta qué punto afecta a la economía y vida social el volumen de mercancías consideradas como contrabando.

Puedo colocar en una balanza, a modo de ejemplo, dos mercancías declaradas actualmente como contrabando y reflexionar sobre cuál hace más daño al pueblo venezolano: en un platillo, colocamos el ingreso ilegal de millones de cds desde el mercado norteamericano para la venta pública e ilegal en Venezuela de películas DVD; y en el otro platillo, la salida “ilegal” de millones de litros de combustible por nuestras fronteras hacia los trece países limítrofes con Venezuela.

Examinemos ambas: cuando compramos un “cd”, por Bs.5,00; estamos comprando el equivalente a 40 litros de gasolina ó 15 kilos de gas licuado. Sin duda y objetivamente que la actividad ilegal de venta de cds ilegales en Venezuela multiplica varias veces el valor de la gasolina y gas que sale “ilegalmente” por nuestras fronteras.

La venta de cds, grabados con contenidos ilegales provenientes de Estados Unidos, se encuentra instalada en todas las ciudades y pueblos del país; de hecho, millones de familias venezolanas, adquieren a diario los enlatados etnocidas de nuestra cultura venezolana y latinoamericana; la mente de millones de niños, niñas y adolescentes es condicionada y distorcionada por un modo vida extraño, donde predomina la trampa, el asesinato, la explotación, la pornografía y la instalación de un sistema opulento y derrochador que está acabando con el planeta y la especie humana, ajeno por completo a nuestra idiosincrasia latinoamericana y caribeña. ¿Se persigue en todo el país la polución de ventas de cds con contenidos manifiestamente prohibidos?

En tanto que en la frontera venezolana la gasolina y el gas doméstico son considerados por el gobierno como especies potenciales a ser exportadas por nuestros pobladores y someterlos a un trato inconstitucional, a una verdadera “racia”, ahora adornada con “chips”, para obtener una cuota vital de energía, en el caso de los estados fronterizos Zulia y Táchira, pero más duro aún en las zonas mas pobres e indígenas de Apure y Amazonas, en donde al no poderse instalar “chips” en una curiara con motor fuera de borda, se imponen los denominados “cupos”, cuotas arbitrarias de combustible y gas, atentatorios incluso para la vida humana.

Esa energía en combustible y gas que en muy pequeña escala es sacada de Venezuela por un pueblo pobre, indígena o nó, además de beneficiar a los pueblos vecinos igualmente pobres, contrarresta al agresivo mercado fronterizo controlado por mafias de narcotraficantes y bandas protegidas por el gobierno colombiano. Vendamos a través de nuestras fronteras nuestro principal producto de exportación, ayudando a nuestros pueblos fronterizos, sin que PDVSA pierda, nuestros funcionarios públicos se corrompan y nuestros consejos comunales dispongan de ingresos para su propio desarrollo y bienestar. Quitémosle a las mafias fronterizas la jugosa tajada que deja el negocio del contrabando. Proponemos por tanto 

Reimpulsar la empobrecida economía fronteriza, poniendo en manos de los consejos comunales fronterizos, indígenas y no indígenas la comercialización de gasolina, gas y derivados hacia Colombia, Brasil, Guyana y el arco de países caribeños; ampliar la exportación de gasolina y gas doméstico a través de nuestras fronteras, aprobando desde el Ministerio de Energía y Petróleo un nuevo esquema de comercialización fronteriza, pero que sean directamente nuestros pobladores fronterizos los operadores de este mercado y sus ganancias sean directamente invertidos por los miles de consejos comunales en sus programas de autoconstrucción. 

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